Una vez más, el Concejo Deliberante de La Plata se hizo eco ayer de las irregularidades en el servicio que presta la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), las cuales, tal como viene informando el diario Hoy, van desde pérdidas y escasa presión del suministro hasta la excesiva salinización en la red de zonas de Gonnet y Villa Castells, lo que hace al líquido no apto para consumo humano. Por esto, el Legislativo local aprobó, por unanimidad, un proyecto para que la compañía exima del pago de facturas (muchas de ellas, por montos que superan los mil pesos) a los usuarios afectados.

“Estamos convencidos de que lo que se vive en Gonnet y Villa Castells no son hechos aislados, ya que en distintos barrios los usuarios denuncian agua con olor nauseabundo o color que no es el habitual”, sentenció el concejal del GEN, Gastón Crespo, poniendo en duda la potabilidad en el resto la ciudad.

Fue en este sentido que el edil pidió que el Ejecutivo municipal intime ABSA para que impulse “estudios en toda la red, ya sea a través de la UNLP u otra institución, para saber si el agua que tomamos los platenses es verdaderamente potable”.

Con esta preocupación latente, el recinto aprobó un proyecto impulsado por el Frente para la Victoria (FpV) para que la Municipalidad, a través del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba), le exija a la firma que exima del pago a los afectados por el agua salinizada que, entre otras problemáticas, aumenta los riesgos de hipertensión.

La medida fue respaldada por todos los bloques políticos, que exigieron que ABSA realice los trabajos necesarios para garantizar las buenas condiciones del suministro.

Además, se requirió que la compañía informe detalladamente la planificación por etapas y los plazos de ejecución de las obras que prevé para atender las demandas vecinales.

Mientras que el presidente del bloque Cambiemos, Juan José Cardozo, agregó que desde el oficialismo apoyan la iniciativa de “no cobrarle a los vecinos hasta que se resuelva la cuestión de fondo”.

Cabe recordar que, según lo publicado desde estas páginas, este reclamo fue iniciado a través de una denuncia colectiva de los damnificados, que, además, juntaron más de mil firmas para exigir que no se les cobre por el recurso hídrico “hasta que no sea potable”. 

A la denuncia hizo lugar el Juzgado de Faltas Nº 2, a cargo del juez Dante Rusconi, quien, en base a análisis químicos que demostraron exceso de sodio en el agua, ordenó a ABSA repartir bidones. Y en esa misma sede judicial, con competencia en Defensa del Consumidor, el Municipio solicitó “una dispensa de la obligación de pago a los usuarios y consumidores” afectados: es decir, a los vecinos de calles 487 a 496, entre 15 y 2, de Gonnet; y de calle 2 a Camino Centenario, entre 505 y 489, de Villa Castells. 

Gonnet y Villa Castells, “puntas de un iceberg” turbio

Los vecinos de Gonnet y Villa Castells hoy aparecen como las víctimas visibles de una problemática palmaria, inocultable en el color y el sabor del agua. Se trata, en realidad, de un capítulo cúlmine en el proceso de vaciamiento que se registró en la empresa durante el gobierno de Daniel Scioli y que derivó, incluso, en que distintos municipios bonaerenses decidieran abandonar la concesión de ABSA para integrarse a otra empresa estatal: AySA. 

Tal como ha informando diario Hoy, las tercerizaciones en la compañía convirtieron a ABSA en una cáscara vacía, ya que dos empresas vinculadas al gremio Sosba se quedaron con el control operativo de la compañía: la firma 5 de Septiembre SA, presidida por Julio Castro (secretario general del Sosba), y Gral Saneamiento SA, cuyo titular es el polémico empresario Marcelo Salinas, exesposo de la vedette María Eugenia Ritó. 

Un dato por demás llamativo es que hasta el año 2000 uno de los integrantes del directorio de Gral Saneamiento era nada menos que el exministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, quien en aquel entonces integraba la Fundación de Estudios Sanitarista del Sosba.

Salinas, a su vez, estaría asociado con Grupo Farallón, cuyo titular, Eduardo Gutiérrez, es el dueño de la casa donde vivía el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, detenido por intentar ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Lo escandaloso, para pesar de los platenses, es que Farallón y Gral Saneamiento compartirían un contrato para la ampliación y reparación de cañerías en toda la zona norte de la ciudad. ¿Quién fue el garante de estos negociados? El titular de ABSA durante los ocho años de la gestión anterior, Guillermo Scarcella, a quien la diputada nacional Elisa Carrió denunció como presunto testaferro de Scioli.

Tarifazo por vasos vacíos

Mientras el agua corre turbia en los distritos de la Provincia (con exceso de sodio en algunos, arsénico en otros y dudosa potabilidad en todos), la empresa aún no cumplió con el fallo de la Justicia platense, que determinó que la prestataria debía devolver a los usuarios el dinero cobrado ilegalmente en 2012, a partir de un aumento tarifario del 180% y por el que la Corte Suprema de la Nación obligó a la Provincia a devolver unos $1.800 millones. 

En cambio, en mayo pasado aplicó un tarifazo de entre el 100% y 500% que, a juzgar por el nivel de inversión, sería con meros fines recaudatorios.

En tanto que en diciembre de 2014, un nuevo revés judicial volvió a condenar a la empresa, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los vecinos de 9 de Julio, afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua potable y expuestos a lesiones cancerígenas.

Como en La Plata, se obligó a ABSA a suministrar bidones hasta tanto realizara las inversiones que no había hecho. Tras la medida judicial, los habitantes de otros distritos afectados por la alta presencia de arsénico en el agua iniciaron amparos colectivos y, así, los reclamos se multiplicaron en Bahía Blanca, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos, entre otras comunas.