Entre el final del 2017 y los primeros días del 2018, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió avanzar en la supresión del Organismo de Control de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (OCABA). En aquellos momentos, el auge político estaba directamente relacionado a dos cuestiones: el fin del nepotismo y la supresión de organismos que cumplían doble función.

En dicho combo, el tantas veces cuestionado OCABA corrió la suerte de dejar de existir para fortalecer el relato de Cambiemos y avanzar en la “transparencia y achique del Estado”. Claro, el ente gubernamental era apuntado como un refugio de repartos de puestos a la militancia política y poca actividad de gestión, por no decir nula. En ese sentido, dejó de existir para acoplarse a la Autoridad del Agua (ADA).

Vale recordar que, en su momento, desde la cartera que conduce Roberto Gigante, el ministerio de Infraestructura, explicaron a LaTecla.info, que la unificación “solo tiene términos políticos”.

La fusión del OCABA y el ADA acabó por otorgar mayores funciones al segundo. Por caso, la responsabilidad de controlar en materia de servicios pasó a ser responsabilidad del ADA, que conduce Pablo Rodrigué desde la asunción de Vidal en la Provincia. Además de ello, la segunda gran arista del ADA es la de controlar la calidad del agua y realizar estudios subterráneos y sobre cuencas junto con la dirección provincial de Hidráulica.

En ese sentido, con poco más de un año con el control y responsabilidad absoluta, el organismo que debe poner el ojo sobre el funcionamiento de Aguas Bonaerense (ABSA), brilla por su ausencia.

Claro está, conforme a lo detallado por los especialistas jurídicos que han presentado varios amparos colectivos para que ABSA brinde servicio de agua potable en la Provincia , entre la empresa estatal proveedora del servicio y el ADA, se incurre en una falencia más que relevante y llamativa. Es que, si se avanza en algún tipo de sanción, se trataría de un curioso caso en que el propio estado se imponga multas a su mismo esquema. La empresa que debe proveer de agua potable a la mayoría de los bonaerenses (también brinda servicio Aysa) pertenece al mismo gobierno que controla el ADA. Por ello, los controles son inexistentes.

A su vez, la presencia del ADA en los dos lados del mostrador, controlador y proveedor, se evidencia en su mismo organigrama de autoridades. Por caso, Fabián Mazzanti, uno de los directores, tercero en línea de mando, llegó a la ADA directamente desde ABSA, donde se desempeñó por casi cuatro años como Gerente de Asuntos Jurídicos.

En ese marco, los usuarios quedan a la deriva por la falta de controles, la empresa no avanza en obras y las denuncias van desde la falta de presión hasta la imposibilidad de consumir el agua.

A su vez, en lo que respecta a la segunda arista de responsabilidades, que comparte con Hidráulica, la desidia vuelve a decir presente y no existe prevención de delitos que puedan afectar las cuencas de la Provincia.

Vale recordar el emblemático caso del Delta de Tigre y San Fernando que se tiñó en su totalidad de rojo. Una vez consumada la contaminación, y denunciada por los vecinos, la ADA realizó los estudios pertinentes y determinó que una empresa lindera al Delta volcó sus desechos allí y el río se volvió rojo.

Así, con un presupuesto que ronda los mil millones de pesos y supera a lo destinado a Ciencia y Tecnología; Asuntos Públicos; Agroindustria; Contaduría; entre otros;

la ADA incurre en la desidia. No hay controles sobre el servicio que presta ABSA y debe regular, así como tampoco se protege a los vecinos de las maniobras irregulares de los privados.

El recorte político fue por lo bajo

La unión de la ADA y el OCABA se dio, según lo explicado por el propio Gobierno, solamente por “términos políticos” en la etapa que María Eugenia Vidal defendía a capa y espada el recorte de cargos. No obstante, no todo lo que brilla es oro. Es que, el recorte del OCABA solamente alcanzó a las líneas menores y las principales autoridades del ente desaparecido encontraron amparo en la órbita pública más rápido de lo pensado.

Incluso, Lucas Malbrán, quien había llegado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conducir el OCABA, se quedó con una de las cuatro sillas de conducción de la Autoridad del Agua.

Quién es quién

La alianza entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica – ARI, significó atender varios acuerdos políticos a la hora de repartir puestos, aunque sean menores. En ese sentido, la presidencia de la Autoridad del Agua, quedó en manos nada más y nada menos que de Mendoza. Si, desde el terruño Alfredo Cornejo, llegó un funcionario para que se ponga al frente del área. Se trata de Pablo Rodrigué, para que quede bien en claro el acuerdo, a los cuatro meses de asumir, el ADA rubricó un convenio de cooperación con el gobierno mendocino.

La segunda línea, el vicepresidente Felipe Llorente, es uno de los peronistas en el gobierno de Vidal. Con buena relación con la Iglesia Jesuita , es uno de los estudiantes de la doctrina del Papa Francisco.

Mientras que, en los puestos de directores vocales aparece Fabián Mazzanti, hombre de San Juan que llegó a la estructura bonaerense en el gobierno de Daniel Scioli. En su momento, estuvo a cargo de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ABSA, pero la buena cintura le permitió dar el salto a la ADA. El último sillón es ocupado por Lucas Malbrán, quien llegó con la unificación de la ADA con el OCABA, organismo el cuál presidía.

El negocio inmobiliario

Entre sus funciones, la Autoridad del Agua es la encargada de dar las habilitaciones a los countries. Claro está, para que puedan emplazarse legalmente, son necesarios los estudios de suelos y, en caso de cumplir con la reglamentación, la ADA aprueba los informes de ordenamiento territorial y de ambiente. Es decir, es la encargada de que los barrios cerrados no saquen provecho de su situación en detrimento de la sociedad. En ese marco, todas las sospechas sobre las habilitaciones que se brindan sin los estudios de suelo apropiados apuntan a los posibles cobros de retornos.

Vale remarcar que, en varias oportunidades, los emprendimientos privados han sido apuntados como responsables de varias inundaciones que afectaron principalmente a zonas del Conurbano norte en ciudades como Luján y Pilar. En ese sentido, las denuncias acusan que los countries escurren sus aguas hacia los sectores vulnerables.