Esa fue la opinión volcada por Francisco Alonso, técnico de la Subsecreta-ría de Agricultura Familiar y miembros de la Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos, al ser consultado por la Ley, más conocida como de aplicación de agroquímicos, que fue criticada en los últimos días por sectores que son identificados con los grandes productores de granos.

Alonso indicó que junto a otros de sus colegas mantuvieron reuniones en distintos ámbitos e incluso en la Cámara de Diputados cuando tomaron conocimiento del tratamiento del anteproyecto de Ley que había presentado el diputado Mario Angel.

Sostuvo que cuando se hicieron los aportes, incluso se planteó la corrección del artículo 25 de la Ley, que es desde donde se inició la polémica por la promulgación de esta normativa, en el cual se indica que "Los productos fitosanitarios que ingresen a la Provincia deben contar obligatoriamente con la documentación que la Autoridad de Aplicación establezca.

El control documental estará a cargo del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación pueda fiscalizar su cumplimiento en los establecimientos agropecuarios donde se utilicen". El hecho es que el organismo es de Neuquén, de donde se tomó el modelo de la Ley, y no de Salta.

Alonso sostuvo que se le hizo ver el punto en cuestión a los legisladores.

"Tengo entendido que incluso el dictamen de la Comisión de Agricultura salió con la corrección. Por eso nos sorprendimos cuando vimos que había quedado en la Ley promulgada".

Al hablar de la copia del modelo de la ley neuquina, indicó que una vital diferencia con la de Neuquén, es que en Salta el espíritu de la ley apunta a la protección de la salud, lo cual se establece en el primer artículo de la normativa, que sostienen que el "objetivo de la presente Ley es proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos a través de la regulación, la fiscalización, la educación y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura".

Sostuvo que ya se solicitó desde las entidades que representa, ser parte de la reglamentación de la Ley entendiendo que incluso cuando se logre ese paso, queda la decisión política de la aplicación efectiva de esta Ley.