“Contamos con valiosos aportes de especialistas en el tema para defender y preservar la ordenanza. Ahora hay que impulsar su reglamentación para que se pueda aplicar, y buscar modificar el decreto del gobernador Claudio Poggi, por el cual se pretendió derogarla”.

El concejal del Frente para la Victoria, se refirió así a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en el año 2012 que regula la aplicación de agroquímicos en cultivos cerca de la zona urbana. El punto más destacado de la normativa es que fija distancias de restricción para fumigaciones aéreas de 1.500m (para productos clase III y IV) y 2.000m (para productos clase I y II) y para fumigaciones terrestres de 1.000m (III y IV) y 1.500m (I Y II).

“Sorpresivamente, poco tiempo después de la aprobación, el diario de la familia Rodríguez Saá cuestionó la ordenanza y el intendente Mario Raúl Merlo no la reglamentó nunca. Fue así que el año pasado, el gobierno de Poggi, a través de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), pidió directamente su derogación. Lo más grave es que esa comisión la integraban, entre otras instituciones, el ministerio de Salud”, señaló.

La Coprosave, que fue creada al amparo del ministerio del Campo, había pedido su derogación porque –según argumentaron- no hay “fundamentos técnicos” que la justifiquen. “Esa comisión se ajustó a lo que decía un decreto de Poggi, por el cual se establecía que la extensión mínima debía ser de 100 metros para toda clase de toxicologías”, advirtió Yáñez.

“Para nosotros era una barbaridad que se fijara una distancia tan mínima, cuando sabemos por estudios realizados a nivel nacional e internacional, como también por casos que incluso han llegado a la Justicia, que los efectos provocados en la salud por los agrotóxicos son muy nocivos. Realmente nos vimos en la necesidad de salir a defender la ordenanza y, en esta lucha, contamos con los valiosos aportes del ingeniero Luis Echevarría y de Fernando Frank, de Campesinos del Valle del Conlara, entre otros, que respaldaron la ordenanza en base a profundos informes sobre la aplicación de agroquímicos y los efectos en la salud de la población”, añadió.

“Felizmente, días atrás logramos que la comisión de Ecología del Concejo emitiera un despacho rechazando los pedidos de derogación y preservando de esta manera la ordenanza. Esto allana el camino para la reglamentación de la normativa porque lleva tres años de aprobada y ya debería estar en plena vigencia para su aplicación. También nos da un impulso valioso para pedir que sea modificado el decreto de Poggi. Tal vez yo no tenga tiempo ni medios para lograr eso en el Concejo, pero si llegó a la Cámara de Diputados de la provincia, va a ser uno de mis principales objetivos”, remarcó.