“Sufrimos junto a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2,4-D, y me volví a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respiratoria. Somos muchas las docentes rurales que padecemos esta misma realidad, las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud”, escribió la docente Ana Zabaloy para denunciar, hace algunos años, la trama de aplicaciones desmedidas de fitosanitarios.

Zabaloy, falleció en junio de este año como causa de un cáncer con el que luchó durante mucho tiempo. La docente creadora de la Red Federal de Docentes por la Vida se había convertido en una de las caras visibles de la lucha contra la fumigación desmedida. Su caso, en San Antonio de Areco, acabó por impulsar la normativa local para poner un freno a las fumigaciones, que ya lleva cuatro años vigentes.

Como ocurrió con Zabaloy, son varios las situaciones que proliferan a lo largo de la patria agroproductiva, con principal foco en la zona norte de la Provincia. Los denominados pagos “sojeros” de la Segunda y Cuarta Sección, dan cuentan de denuncias de vecinos por el uso de fitosanitarios.

En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de la contaminación en Pergamino, comuna conducida por el macrista Javier Martínez. Solamente en dos manzanas, se detectaron 53 casos de cáncer en Pergamino. En definitiva, se prohibió el uso de glifosato en varias zonas por afectar duramente la vida de los pergaminenses. Desde pérdida de embarazos hasta diagnósticos de cáncer se dieron en la región donde se confirmaron la presencia de diez agrotóxicos diferentes en el agua potable. Claro está, la Justicia determinó que no es apta para el consumo humano. Como respuesta, el jefe comunal Martínez chicaneó: “yo tomo agua de la canilla”.

La situación tomó tal trascendencia mediática que, por ejemplo, el conductor televisivo Marcelo Tinelli, lanzó una postura en redes sociales con fuertes críticas a las fumigaciones. “El glifosato está prohibido en 74 países. Acá en Argentina siguen fumigando a personas, escuelas, y a los alimentos que comemos. ¿No vamos a hacer nada?”, sostuvo en su Twitter.

Claro, el impacto que generaron las denuncias en la patria sojera, y la posterior resolución judicial que avaló las sospechas de los vecinos de Pergamino, derivó en una serie de sospechas en distritos aledaños. Trenque Lauquen, Chivilcoy, Bragado, y Alberti son algunas de las comunas que ponen la mirada sobre la aplicación de fitosanitarios y la potabilidad del agua.

Por ejemplo, el relevamiento realizado por los Vecinos Autoconvocados en los últimos días en el Barrio Centenario en Trenque Lauquen, arrojó números terroríficos: “87 casas, donde viven 4 bebes con malformaciones; 6 madres que perdieron su embarazo, 3 de ellas jovencitas; 14 vecinos que hoy, en unas pocas cuadras a la redonda, tienen cáncer, y otros 14 que han fallecido en los últimos 10 años. Tres personas nos expresaron que un familiar tenía Lupus”. En dicha región, las fumigaciones ocurren hasta a 300 metros de las viviendas.

Al igual que ocurrió en San Antonio de Areco hace varios años ya, y como pasa por estos días en Pergamino, la luz de alerta la pusieron los propios vecinos organizados ante la falta de una respuesta política.

La ¿solución? política

“Si no sos parte de la solución, sos parte del problema”, un viejo proverbio chino que a lo largo de la historia fue adjudicado a una gran cantidad de figuras públicas, como el soviético Lenin, puede marcar con claridad la realidad que atraviesa en la actualidad a la situación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. Es que, con el 2020 a la vuelta de la esquina, el territorio bonaerense no cuenta con una legislación para la aplicación de agrotóxicos en lo que es otra de las deudas de la democracia.

La problemática no es novedosa, al contrario. Desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.

En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conduce Leonardo Sarquis ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial. Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.

La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.

Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que para evitar situaciones donde corra riesgo la vida de los bonaerenses “tiene que existir por lo menos en una primera instancia mecanismos de compensación desde lo administrativo y también el estímulo de llevar adelante otro modo de producción”. De esa manera, remarcó que “es rentable” avanzar en un modo productivo que no abuse de fitosanitarios.

“El agro negocio se encargó de generar esta dependencia (a los fitosanitarios) donde pareciera que no hay lugar para hacerlo de modo más saludable, tanto para el que produce y para el que come los alimentos”, subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección. Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.

Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.

En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.

En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora. De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.

En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos.