Por Gabriel Morini

El oficialismo busca que el mes de agosto sea el que defina la suerte de los dos candidatos que propuso para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. A todo vapor, se trabaja para que las audiencias públicas para ambos postulantes –previa a que los pliegos sean llevados al recinto- se lleven a cabo con fechas del 12 y el 16 de ese mes.

Pero, a su vez, trabaja en un plan alternativo si, en la discusión, hubiese que forzar una negociación política con sectores de la oposición. En ese diagrama, se plantea poner sobre la mesa los cargos de Procurador General de la Nación, Defensor General y hasta una eventual ampliación del máximo tribunal hasta alcanzar el número de siete.

La hoja de ruta tiene un diseño adicional: el primero en cumplir con el ritual previsto en el Decreto 222 será Lijo, con la intención, desde la Comisión, que el pliego tenga tratamiento express y que, incluso, logre ser girado a la Cámara antes de que García Mansilla tenga su cita.

Tribunales.

Y es que pese al mantra que se repite desde el Gobierno –“los dos o ninguno”-, lo cierto es que en el propio Poder Ejecutivo visualizan un escenario en el que el académico podría quedar en el camino por no concitar la cantidad de apoyos suficientes para que prospere su nominación.

Corte Suprema: mes clave para las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Lijo siempre corrió con ventaja en ese campo por su propio esquema de fidelización de voluntades políticas que no precisó de que el Gobierno lo apuntalara en el Senado, más allá de los cuestionamientos sobre su figura.

Desde hace casi dos meses que el juez federal afirma, en su entorno, que cuenta con el número adecuado que, incluso, podría llegar a ampliarse cuando se plasme la postura del bloque de Unión por la Patria. Hasta la buena fortuna de que el mensaje con su nominación haya ingresado al Senado antes le permite el hándicap de ser el primero, cronológicamente, en tener su audiencia.

Más allá del esfuerzo del oficialismo por instalar que ambos pliegos debieran superar el test con éxito “juntos”, lo cierto es que empieza a primar el pragmatismo en los despachos oficiales y podrían llegar a echar mano de esa contingencia como parte de una estratagema mayor.

Los candidatos a la Corte nominados por el Poder Ejecutivo.

Nada novedoso, pero siempre tentador para habilitar la negociación: una ampliación del número de integrantes de la Corte que pueda llevarla a siete sillas. Según cómo sea conducido, eso podría ser un camino exitoso o embrollar toda la discusión. Solo que Lijo la miraría desde adentro.

Desde hace siete años que la Procuración General está en un interinato con Eduardo Casal que ya superó en permanencia a varios procuradores con acuerdo del Senado. Ese cargo puesto sobre la mesa resulta central. Por la influencia que tiene sobre la bancada de Unión por la Patria –con poder de bloqueo- ya se extendieron dos consultas con nombres potenciales hacia Cristina de Kirchner para explorar el terreno. Los interlocutores no se llevaron la misma respuesta sobre ambos consultados, lo que abre un haz de luz a la factibilidad de su inclusión en el paquete a negociar.

La ecuación en el oficialismo siempre tiene a Lijo adentro del máximo Tribunal y con una eventual chance de negociar tres sillones adicionales a corto plazo, si se juega la ampliación. En los boxes del juez federal de Comodoro Py se focalizan en lo que importa, los votos, más que en las críticas que se vierten sobre su calidad como magistrado.

Descuentan que está preparado para lucirse en la audiencia pública, más allá de quienes pretendan ponerlo contra las cuerdas. Es, a todas luces, el momento de la verdad. El costo político es íntegro para Javier Milei que arrastrará la marca más con los propios que con los ajenos.

Ocurre algo más interesante aún: la mayoría de la Corte Suprema –con el periscopio bajo- ha trabajado, desde el instante en el que se conoció su nominación, con el norte en resistir su incorporación, pero utilizando como combustible la certeza de que su ingreso puede ser un hecho.

No pasa desapercibido que ninguno de los cuatro jueces concurrió a Tucumán para la rúbrica del Acta de Mayo. Su sola presencia le hubiese dado al evento un carácter institucional que finalmente no tuvo. Hubo motivos más intangibles pero que giran sobre las implicancias de la Constitución Nacional, que no se suele llevar bien con ímpetus refundacionales ni con algunos preceptos de la Escuela Austríaca.

Hubo un nombre que también comenzó a rodar si el cargo de la Defensoría General de la Nación fuese puesto como prenda de negociación: el de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Nuevamente, es imposible predecir cómo funcionaría el sistema de vetos cruzados hasta ver el rodaje de los pliegos. Por eso, después de la finalización de la feria de invierno, agosto se convertirá en un mes de alto voltaje para el mundo judicial.