Por Gimena Fuertes.

El gobierno nacional se desdobla en una estrategia de focalización para atravesar el pico de circulación del virus en la zona del AMBA mientras muestra una agenda de reactivación económica en el resto del país. En una apuesta hacia una etapa post pandemia, el presidente marcará esta semana una agenda plena de actividades vinculadas con el mundo de la producción. La reforma impositiva se plantea como una herramienta de financiamiento genuino para cuando baje la virulencia del virus y se empiecen a sentir las consecuencias de un escenario económico arrasado.

Con la intención de marcar el eje productivo, el presidente visitó cuatro provincias en dos semanas, a la vez que se mostró con el gobernador Axel Kicillof en dos automotrices de la Provincia que comenzaron a trabajar bajo protocolo Covid-19. En cada lugar que visitó, los gobernadores le hicieron llegar de manera pública o privada su necesidad de financiamiento para cumplir con la tan mentada frase de campaña de encender la economía, postergada por la irrupción de la pandemia. En respuesta, desde Formosa, Alberto Fernández recordó que el Estado ha dado una ayuda de "casi 2,5 puntos del PBI" con la mirada puesta en que "cuando todo esto termine, los puestos de trabajo estén en pie y se arranque rápidamente".

Desde el Ejecutivo nacional, dos ministros fueron los encargados de bajar recursos a las provincias. El titular de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, entregó 30 mil millones de pesos a través de los ATN, que implican la mitad de los 60 mil millones prometidos. La otra cartera que salió a auxiliar a las provincias fue la de Martín Guzmán a través de los Fondos Fiduciarios para el Desarrollo Provincial. Los primeros beneficiados fueron Mariano Arcioni, de Chubut, y Juan Manzur, de Tucumán, con 6000 millones de pesos. Fuentes del ministerio de Guzmán aseguraron a Tiempo Argentino que estos recursos están disponibles para todas las provincias que presenten y firmen el convenio lanzado hace dos semanas. La intención política es reactivar la economía “con las mejores herramientas posibles –aseguran al recordar las palabras del propio presidente y del ministro–. Ya se verá qué normativas habrá”.

Esas leyes son las que empiezan a discutirse ahora. La reforma tributaria, la ley de coparticipación y la ley de leyes –el Presupuesto nacional– son las tres batallas por los recursos que dará el gobierno en territorio legislativo. El objetivo es que el Estado se haga de recursos genuinos para financiar una etapa de post pandemia, luego de haber destinado recursos al IFE, los ATP y a la inversión en obra pública, enfocada en la construcción de hospitales y la extensión de la red de agua potable. Toda esta batería de medidas, financiada por las arcas estatales, dieron como resultado fiscal de abril –que se conoció este martes– un creciente déficit con un alza del gasto de un 97% y una suba de los ingresos de apenas el 14 por ciento.

La reforma tributaria, de espíritu progresivo según adelantó Alberto Fernández, tenía fecha de presentación en sociedad para este 25 de mayo, pero fue aplazada debido al avance de la pandemia en el país. El impuesto por única vez a las grandes fortunas fue el comienzo de la instalación de la discusión de una reforma tributaria más integral –que incluirá el destierro del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia– y que pretende encarar el Ejecutivo a través de sus legisladores. De hecho, el diputado José Luis Gioja ya presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral de redacción de la Reforma Tributaria integrada por senadores y diputados “con criterio de justicia social, progresividad y desarrollo federal”.

En las provincias se repite el esquema de asfixia de recursos debido a la caída abrupta en la recaudación. La eterna discusión por la coparticipación volvió a la mesa. "Tenemos que discutir un nuevo modelo de coparticipación porque no está funcionando”, dijo el presidente en Formosa. Es que, en particular, las provincias del norte se vieron muy perjudicadas con la baja de la actividad económica. Según destaca un informe de la consultora Politikon Chaco, esa provincia perdió en términos reales más de 3000 millones de pesos en mayo, mientras que Misiones perdió más de 2000 millones y Formosa, un estimado de 2160 millones de pesos.

La revisión de la coparticipación es un objetivo histórico, enarbolado por sucesivos gobernadores bonaerenses de distinto pelaje político y fue el propio presidente quien esta semana desde la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sentado al lado de Axel Kicillof, recordó al primer gobernador de la democracia Alejandro Armendáriz, quien implementó esta ley que perjudicó las arcas provinciales. Desde La Plata aspiran a acceder al 30% de los ingresos, un porcentaje más representativo de la extensión y densidad poblacional de la provincia más grande del país.

Otra de las leyes centrales a la hora de designar recursos es la de Presupuesto, que elabora el Ejecutivo y envía al Legislativo. Todavía el gobierno sigue manejándose con el Presupuesto de 2019, que tuvo que ser extendido debido a la negociación de la deuda y luego por la irrupción de la pandemia. Por lo pronto, el ministerio de Guzmán ya comenzó a delinear los principales ejes del Presupuesto 2021 con miras a una etapa post pandemia.