La gestión de la seguridad ha sido uno de los ejes primordiales del gobierno, no solo por la demanda de los vecinos, sino también porque el propio intendente Guillermo Montenegro asumió como alguien con pergaminos en la materia, tras su paso como ministro en CABA. Pero la presentación de diversas iniciativas para prevenir el delito volvió a tensionar la búsqueda de consensos con la oposición.

El uso de la tecnología para abordar la problemática fue el disparador de una de las últimas herramientas. La misma consiste en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para detectar prófugos de la Justicia. La propuesta apunta a rastrear “distintos objetos y/o comportamientos dinámicos, utilizando sistemas analíticos y algoritmos, los cuales tomen como fuente de información el sistema de cámaras de videovigilancia urbana para espacios públicos del Partido de General Pueyrredon -a través del COM (Centro de Operaciones y Monitoreo)- o bien segmentos de video captados por cámaras privadas”, según lo expuesto en el proyecto de ordenanza.

Desde el Frente de Todos salieron a cuestionar quiénes recibirían esa información y cómo se manejará. Esgrimieron que podría haber un uso ilegal de los datos de las personas y “espionaje” a partir de la implementación del software. Si bien el proyecto pasó el primer filtro de la comisión de Seguridad, la bancada opositora pidió informes a las áreas de Legal y Técnica y Hacienda.

Ahora, bien, la respuesta de Montenegro no tardó en llegar. “Aunque encontremos trabas en la oposición vamos a insistir, porque este dispositivo, que ya se usa con éxito en todo el mundo, permite identificar y detener personas que tengan una orden de captura por parte de la Justicia y encontrar niños o adultos perdidos. Además puede usarse en casos de violación de una restricción judicial”, esgrimió. De cara al próximo debate en la comisión de Legislación, la postura del pultismo será -nuevamente- clave para que el proyecto pueda avanzar.

El otro punto que hoy divide aguas es la regulación de la Zona Roja. Sin horizontes de acuerdo en el HCD, el debate lleva más de un año. El primer proyecto del Ejecutivo apuntaba a trasladar la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública a las inmedaciones del Estadio José María Minella. Pero la iniciativa fue rechazada por sectores de la sociedad civil y el propio Concejo.

Se trata de un asunto en el que hay distintos intereses en juego. Por un lado, los planteos de vecinos por la “inseguridad y el narcomenudeo”; por el otro, los reclamos por mejores condiciones laborales y derechos de parte de las trabajadoras sexuales.

En enero, el gobierno volvió a la carga con una nueva propuesta, que establece que la actividad “podrá llevarse a cabo en lugares y horarios específicamente habilitados” por el Municipio, con la prohibición de hacerlo en sitios “donde hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”. De lo contrario se prevén multas y/o arrestos de 5 a 30 días a quienes lo incumplan.

Por su parte, el FdT presentó la semana pasada una propuesta alternativa, en la que, si bien acuerda con fijar lugares, días y horarios para la Zona Roja, descarta de plano la posibilidad de avanzar con penalidades. La advertencia del oficialismo llegó de inmediato: “Es necesario que la política dé una respuesta única, que le dé herramientas al Ejecutivo para accionar”, expuso durante el debate legislativo la edil Marianela Romero (UCR), quien agregó que analizarán el expediente opositor.

En las entrañas del Ejecutivo municipal la sensación que dejó la alternativa del FdT, al igual que con el reconocimiento facial, es de querer poner “palos en la rueda”. La postura del intendente es que si no se aplican sanciones se incentiva que la actividad se realice cerca de vecinos frentistas, por lo que hoy un proyecto unificado luce imposible.

A siete meses de la sanción de la Emergencia en Seguridad -impulsada por el kirchnerismo en plena campaña electoral-, el gobierno municipal busca surfear los dardos de una oposición que, según Montenegro, “se opone a todo”

Horacio García deja Seguridad

Por problemas de salud, Horacio García, el secretario de Seguridad del Municipio, renunció a su cargo. La novedad fue informada por el intendente en la última reunión de gabinete. Con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, donde fue compañero de Montenegro, García llegó al Ejecutivo municipal en noviembre de 2020, tras la salida de Darío Oroquieta.

La decisión del jefe comunal es que se mantenga el mismo equipo de trabajo y que “Totó” pueda solucionar las cuestiones de salud en los próximos meses para luego reincorporarse al gobierno, aunque no hay plazos establecidos para ello. El secretario será reemplazado a partir de junio por Martín Ferlauto, actual subsecretario de Planificación y Control.

El funcionario, proveniente de San Isidro, es abogado en el ámbito privado y cercano a García: se desempeñó bajo sus órdenes como asesor legal en la Dirección Nacional de Migraciones.

El desembolso en cámaras

La apuesta por la vía tecnológica tuvo un fuerte espaldarazo a fines de 2021, cuando el gobierno adjudicó la contratación del servicio de instalación y compra de 374 cámaras de seguridad, más el mantenimiento de toda la infraestructura actual, con una inversión de 579 millones de pesos. Con dicho desembolso se avanzará en la compra de 45 cámaras LPR, para la identificación de patentes; 159 domos y 170 cámaras fijas; como así también todo el equipamiento y software necesarios para su funcionamiento. “Es una inversión. Acá pensamos en el cuidado de la ciudad. Esto te genera empleo si se vive más seguro”, aseveró Montenegro a La Tecla, defendiendo la erogación.

La crítica de Acción Marplatense por la cesión de terrenos

Un convenio con el Ministerio de Seguridad propició el desembarco de una sede de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas). Pero la iniciativa generó el repudio de Acción Marplatense: el gobierno otorgó tierras que estaban previstas para la radicación de una Escuela de Oficios Digitales, que se gestionó durante el mandato de Gustavo Pulti. “Es un atropello desvirtuar una inversión municipal”, cuestionó el edil Horacio Taccone. En este marco, Montenegro aguarda un guiño del FdT en el Concejo al tratarse de un convenio rubricado con Provincia

Qué plantea la Emergencia en Seguridad

Desde octubre del año pasado y por doce meses, en la ciudad rige la Emergencia en Seguridad, un proyecto que impulsó el Frente de Todos y por el cual Montenegro afirmó que se trataba de una mera “campaña política” de cara a las elecciones legislativas. Entre sus principales ejes, la ordenanza, que podría prorrogarse por seis meses, permite acelerar la adquisición de bienes y servicios para prevenir el delito, sin necesidad de llamar a licitación. Asimismo se encomienda al gobierno a continuar con las “gestiones necesarias” ante Nación para el regreso de las fuerzas federales luego de que en 2020 partieran unos 500 efectivos. Hasta ahora solamente arribaron, en noviembre, unos 100 agentes de Prefectura Naval.