No es la primera vez en el año que el cuerpo deliberativo trata el uso del cannabis en la ciudad. Recientemente un proyecto de concejales de Unidad Ciudadana dispuso la creación de un registro de usuarios que implicará una gradual salida de la clandestinidad a cientos de cultivadores de la ciudad.

La provincia de Buenos Aires es una de las que primero adhirió a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Esta ley nacional fue nuevamente reglamentada semanas atrás permitiendo el cultivo personal, solidario y colectivo. Y ahora, el gobierno bonaerense busca crear la Agencia Provincial de Cannabis.

El proyecto, que se trataría en estos días, lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, y se presenta en un contexto donde el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando para resolver un tema prioritario: un registro de alcance nacional que protegerá a los usuarios de allanamientos y detenciones, algo que sigue pasando y pone al mismo nivel a cultivadores caseros con bandas de narcotraficantes.

El objetivo del gobierno bonaerense es tomar la iniciativa, creando la Agencia Provincial de Cannabis (APC), un órgano autárquico que administre todas los aspectos vinculados al cannabis.

Según el proyecto, la APC será un ente autárquico que dependerá directamente del Ministerio de Gobierno de la provincia. El fin es que actué como el órgano rector de la ley 14924, la que sancionó el parlamento provincial para adherir a la ley nacional de cannabis medicinal.

En ese sentido, la APC se encargaría de gestionar «todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios para realizar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la promoción, cultivo, investigación, producción, industrialización, importación y exportación de la planta de cannabis y sus derivados».

La APC sería la autoridad competente para el desarrollo de los procesos productivos de cannabis medicinal de calidad verificada, pudiendo efectuar convenios tanto en el ámbito público como privado. La agencia estaría involucrada en todos los convenios que se generen entre diferentes entidades dentro de la provincia.

La idea de que la agencia esté al frente del desarrollo es firme, un ejemplo claro es que el proyecto propone la creación de un banco de semillas provincial.

Registro provincial

En el ámbito de la APC se creará el Registro Provincial de Cannabis de la Provincia de Buenos Aires. En él podrán inscribirse todas las personas que convivan con una patología o afección para las que un profesional de la salud haya indicado el uso de cannabis.

Quienes cultiven para si mismos, los cultivadores solidario y los cultivos colectivos, deberán inscribirse en el Registro. También deberán hacerlo los profesionales de la salud que prescriban cannabis.

Quienes no cultiven, podrán hacerlo voluntariamente y a partir de ahí poder acceder al cannabis que necesitan. Además, el proyecto incorpora "la modalidad terapéutica con Aceite de cannabis o sus derivados" al Sistema de Salud Pública provincial y a todos los que brinden servicios y cobertura de salud en territorio bonaerense.

Todas las personas y organizaciones que se inscriban en ese Registro quedarían exceptuadas de las penalidades previstas por la ley de drogas (23.737).

El Registro, aclara el proyecto, deberá garantizar la confidencialidad de datos personales y establecerá también guías de asistencia y tratamiento, además de ocuparse activamente de que las personas inscriptas puedan acceder a su cannabis.

Si una persona humana o jurídica participa de alguna de las etapas vinculadas a la producción de cannabis medicinal (cultivo, producción, comercialización, distribución o prescripción médica) deberá incribirse en el registro.

Producción

La APC se encargaría de desarrollar todo un sistema de licencias para todas y cada una de las acciones de la cadena de producción ligada al cannabis: desde la siembra hasta la importación. Por eso, el plan supone que en el Registro también deberán inscribirse laboratorios, droguerías y farmacias.

Según el proyecto, esto buscará garantizar la calidad de los productos de cannabis que eventualmente se comercialicen o formen parte del sistema de salud público, independientemente de los cultivos personales.

La ley tendría también una marca intención de favorecer la economía provincial. La APC deberá "velar en todo momento por los intereses de la Provincia, dándole exclusiva preferencia de autorización, certificación, habilitación y/o contratación a los oferentes radicados en la Provincia de Buenos Aires, limitando la participación de aquellas entidades públicas y/o privadas mixtas extranjeras, las que individual o colectivamente deberán estar establecidas y radicadas en la Provincia".

Al mismo tiempo, el proyecto contempla modos de producción a menor escala. Para eso la APC deberá "diseñar y promover la implementación de un sistema provincial de pequeños y medianos cultivadores y productores de cannabis".

Y subraya la atención puesta en generar toda una industria. Para ello la APC se ocupará de "promover la industrialización de a planta de cannabis, sus preliminares, simientes, derivados y accesorios con fines medicinales y/o terapéuticos".

Sociedad civil

El proyecto propone crear una herramienta novedosa: el Programa de Cultivo Solidario. Según el texto "será desarrollado con la participación de las organizaciones civiles con objeto en la materia […] a fines de otorgar a debida capacitación y colaboración a los pacientes que obtengan la autorización para el cultivo".

Desde ese programa "se deberá promover la implementación de políticas públicas que tiendan a generar vínculos de acciones concretas que permitan fomentar el diálogo permanente y una relación amable entre los funcionarios y la comunidad cannábica".

Además, en el artículo que propone la creación de un Consejo Asesor de la APC, se aclara que los funcionarios de las distintas carteras ministeriales podrán consultar en temas específicos a asociaciones civiles que trabajan en torno al cannabis, además de universidades, investigadores y municipios.

Además de que la inscripción en el Registro Provincial exceptuaría a las personas de ser imputadas por delitos vinculados a la ley penal, el proyecto da un paso más allá en separar la nueva legislación de la vieja ley de drogas que aún sigue vigente.

En su artículo 14 el proyecto establece sanciones administrativas y económicas, ya no penales. Toda transgresión a los establecido en la ley y su reglamentación, será sancionado con: apercibimientos, multas, clausuras y decomisos.

En este último caso, el cannabis y sus derivados "deberán ser entregados a un establecimiento hospitalario oficial para su farmacia en forma gratuita, previa verificación de su calidad".