Parecen haber tomado para sí el memorable consejo del ex ministro kirchnerista Carlos Tomada al entonces jefe de la Unión Ferroviaria José Pedraza en 2011, cuando estaba acorralado por la investigación del asesinato del militante trotskista Mariano Ferreyra: “la mejor defensa es un buen ataque”. Obviamente por otras razones, el director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani también combaten las sospechas con un buen espejo. Ante la denuncia de Clarín sobre la supuesta existencia de al menos una oficina de espionaje ilegal, los espías se presentaron ante la justicia para desmentirlo, y pedir que el autor de aquella y esta nota sea citado a declarar.

El texto que irritó a los funcionarios fue publicado hace una semana, tras la difusión de un audio de Whatsapp en el que el fiscal Guillermo Marijuan le explicaba a una periodista el alcance de su pedido de indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner. Según cuatro fuentes consultadas por este diario, Marijuan habría sido hackeado, y habría más conversaciones listas para su divulgación. Esas y otras intercepciones, coincidían las fuentes, podrían haberse realizado desde una “cueva” ubicada en el primer piso de un edificio ubicado en la porteña esquina de Libertador y Jorge Newbery. Las sospechas crecieron ese mismo sábado, cuando tres camionetas estacionaron frente a ese domicilio aparentemente para llevarse material comprometedor.

“Desde ya afirmamos que ninguno de los hechos mencionados resultan siquiera conocidos por estas autoridades de la AFI, por lo que solicitamos a usted la investigación de tales acontecimientos”, dice la denuncia de Arribas y Majdalani. “Afirmamos categóricamente que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia desconoce absolutamente los extremos que el periodista refiere en la publicación citada, no reconociendo responsabilidad alguna al respecto”, insiste. “Resulta pertinente aclarar que todas las tareas que realiza la Agencia a nuestro cargo son desarrolladas dentro del marco legal vigente y, en casos como el que nos ocupa, amparadas en las órdenes emanadas de autoridades judiciales.” Para esclarecer el entredicho, los espías piden que se allanen las oficinas de Belgrano, que se pidan las filmaciones de las cámaras de seguridad de la esquina de Libertador y Newbery, que se verifique la titularidad del inmueble señalado y que se cite a declarar a este cronista, al administrador y al portero del edificio. “Resulta necesario que VS investigue la real ocurrencia de los hechos relatados, a los fines de deslindar toda responsabilidad de organismo en los mismos y, en segundo lugar, bajo las mismas circunstancias, a fin de identificar a sus autores, partícipes y encubridores”, dice la denuncia que ya analiza el fiscal Carlos Stornelli antes de impulsar la investigación.

La jugada parece definitiva. Pero el destino mezcló las cartas de modo tal que un día después de la denuncia, Clarín publicó con detalles y pruebas el seguimiento de la AFI al suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, cuya legalidad no está del todo clara (ver abajo). El fiscal Marijuan, a su vez, tiene más sospechas de que efectivamente su teléfono fue hackeado. Hay más ruidos. A este periodista le consta personalmente que el 4 de junio, un alto directivo de la AFI tenía inexplicablemente en su poder una conversación entre Lázaro Báez y su ex abogada, Elizabeth Gassaro, que luego fue filtrada a los medios. Y no es todo: la “cueva” de Libertador y Newbery, donde habrían guardado equipos comprados en Israel, habría estado apadrinada por un ministro clave del gobierno. Será justicia.