La Justicia investiga por qué el banco de Santa Cruz y otros que operaron con las cuentas de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de los Kirchner, nunca emitieron un reporte de operación financiera sospechosa (ROS), pese a la situación irregular en que se encontraba la empresa de la Presidenta. 

Clarín reveló ayer que Máximo Kirchner abrió en noviembre del 2013 una cuenta corriente en el Banco de Santa Cruz para manejar el dinero de Hotesur, lo que demuestra el rol protagónico del hijo presidencial tiene en la administración de esa firma sospechada por lavado de dinero.

Ahora, en fuentes judiciales, este diario supo que el banco de Santa Cruz había tenido tres alertas internas por los manejos financieros de la cuenta de Hotesur, pero se decidió no emitir un ROS a la Unidad de Información Financiera (UIF) que maneja el Gobierno nacional y cuyo titular es José Sbattella.

La “cobertura política” que le dieron a Hotesur –así la definió una fuente judicial– se conoció con el testimonio que dio el jefe de la sucursal Buenos Aires del banco patagónico y oficial de prevención contra el lavado, Enzo Miranda Barria, al juez federal Claudio Bonadio antes de que el Gobierno presionara a la sala II de la Cámara Federal para sacar a ese magistrado de la causa y reemplazarlo por su colega Daniel Rafecas. Barria dijo que hubo “tres alertas internas sobre Hotesur por operar por encima del perfil de cliente que se le había predeterminado”. 

Por la política antilavado llamada “conozca a su cliente”, los bancos trazan un perfil de ingresos y egresos y mientras no se lo supere no se activan las alarmas.

Sin embargo, en septiembre de 2012 –cuando Hotesur aún la administraba una firma del empresario santacruceño Lázaro Báez– saltó una alarma interna. El banco pidió “información adicional” de la operación como declaraciones de IVA y estados contables y luego se “la encuadró dentro de la normalidad”.

En enero de 2013 saltó otra alarma interna por movimientos en la cuenta y sobregiros de Hotesur y nuevamente “se requirió información adicional” y se la encuadró como una “operación normal”. En cambio, otro banco, el Finasur –antes de que lo comprara el zar del juego y empresario K Cristóbal Lopez– había emitido dos ROS sobre operaciones en descubierto de Austral Construcciones y otras empresas de Lázaro Báez.

Pero en marzo de 2014 –cuando Máximo ya tenía el control y la responsabilidad legal de Hotesur–, Miranda Barria dijo que “se recibieron un cúmulo de transferencia y cheques que superaban el perfil de cliente”. Entonces, por tercera vez se le pidió estados contables, estatutos, inscripciones en el IVA y se decidió nuevamente actualizar el perfil del cliente y no enviar un ROS a la UIF. En ese año ya era público que la firma K no cumplía con los reglamentos que regulan a las sociedades anónimas y debe hacer cumplir la Inspección General de Justicia. Bonadio, por ejemplo, había allanado su sede legal en Buenos Aires y estaba vacía.

En fuentes de tribunales se consideró que estas tres excepciones hablan de un “trato privilegiado” del banco hacia Hotesur, porque a otros clientes les hubieran bloqueado la cuenta o enviado un ROS para cubrirse de las penalidades que la ley contra el lavado aplica contra los bancos y financieras que no alertan sobre operaciones irregulares de sus clientes.