Entre los productos incautados por la Aduana se encuentran LCD, notebooks, pantallas, discos rígidos, memorias, microprocesadores, motherboards, placas de video, placas de sonido, teclados, mouse, gabinetes, consolas de videojuegos, pen drives, periféricos, entre otros.

Los procedimientos se realizaron luego de una minuciosa y meticulosa investigación llevada a cabo por parte de la AFIP, y tras recibir las autorizaciones del juez federal de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, y del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros.

Gracias a la investigación se realizaron nueve allanamientos donde participaron un centenar de funcionarios de AFIP y agentes de Gendarmería Nacional. En estos operativos no sólo se secuestraron productos electrónicos, sino también valiosa documentación que probaría las maniobras ilegales.

Las firmas allanadas pertenecen a poderosos empresarios de ambas ciudades, y que uno de ellos, ya tiene una causa judicial por contrabando. Asimismo, se detectaron empresas en el exterior (de Estados Unidos, principalmente) vinculadas a otro de los empresarios involucrados.

Las maniobras

En tareas de inteligencia, los inspectores fiscales descubrieron que coexistían de manera coordinada dos células, una radicada en Río Cuarto y la otra en Rosario. Ambas, dedicadas al ingreso al país de mercaderías de origen extranjero en contravención al Código Aduanero.

Entre los domicilios allanados figuran varios locales comerciales, grandes depósitos de mercadería, residencias particulares, una de ellas situada en uno de los countries más prestigioso de la ciudad santafecina.

Durante los nueve allanamientos se pudo constatar la existencia de valores diferentes a los realmente declarados al momento de su importación; mercancía sin documental que acredite su legal tenencia y la posible utilización inadecuada de prestigiosas marcas del rubro informático.

Entre la documentación secuestrada por la Aduana se observa la presencia de empresas “fantasmas o de cartón”, a cargo de personas de muy bajos recursos (prestanombres) que servían para comercializar estos productos extranjeros ilegales en el país. Se estima que estas firmas facturaron más de 31 millones de pesos.

También, se investigan posible evasión fiscal en ambas firmas allanadas, ya que habrían “declarado” ante el fisco ventas anuales promedio de 120 millones de pesos en el último año.