El escrito está en una causa paralela al expediente por tráfico de influencias y lavado de dinero que investiga el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, quien indagó en noviembre a Porcado como sospechoso sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que ayer reveló Clarín.

En la época de Echegaray se llegó a disolver la delegación de la DGI en Bahía Blanca porque había detectado que una empresa de Lázaro Báez había comprado facturas apócrifas a un grupo que se dedicaba a ese negocio ilegal. El mismo modo, se había frenado una inspección sobre el amigo del entonces vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, Nuñez Carmona.

En una escrito, Rodríguez reveló al fiscal Czizik como fue presionado para renunciar a esa jefatura en el 2013 porque se negó a frenar una investigación sobre Sirvente a quien, en el 2012, una inspectora de la DGI le había una deuda “impugnable” porque carecía de fundamentos. Precisó que en octubre del 2013, la inspectora Georgina Barbera recibió en dos oportunidades solicitudes de superiores para descartar la investigación sobre Sirvente, a lo que se negó. En las comunicaciones internas de la DGI quedó registrado un mail en que el jefe de la divisiones Investigaciones, Eduardo Bellini, pregunta si “este caso tiene algo distinto al resto” porque no entendía las presiones. Entonces, el 14 de enero del 2014, el director regional de la DGI, Sebastián Durruty, “aprueba el descarte del caso”. El adjunto de Durruty, Jorge Torterola, se había negado a hacerlo porque “observa irregularidades en la situación planteada, es decir alguien quiso iniciar una investigación y se la estaban parando “desde arriba””.

Cuando Durruty dejó la dirección de Mar del Plata, se hizo la investigación y Rodríguez -el denunciante- fue llamado por el reemplazante del primero, Sergio Mancini, “a una reunión en su despacho donde se me preguntó, con una copia del requerimiento sobre el escritorio sobre su escritorio, sobre esta fiscalización y sobre la posibilidad de que la misma finalizara lo más rápido posible y sin consecuencias o las menores posibles” para Sirvente. Rodríguez resaltó que nunca en 16 años en que fue jefe de división recibió una presión de este tipo “excepto en los casos Di Fonzo y Mapuche”, que son otra historia. Luego Mancini le pidió a Rodríguez que recibiera personalmente a la contadora de Sirvente, Adriana Curti.

Como se negaba a frenar la investigación, Rodríguez comenzó a recibir presiones. Una de ellas consistió en solo darle vacaciones para viajar con sus hijos menores de edad en el período escolar si antes renunciaba a su cargo, lo que finalmente tuvo que aceptar. Rodríguez quedó solo como asesor de la regional Mar del Plata y fue reemplazado por Patricia Milano “con el aval de las autoridades superiores de la época” en alusión a Echegaray. Desde allí pudo controlar la investigación sobre Sirvente que seguía frenada hasta que tras las elecciones presidenciales en que ganó Mauricio Macri, se la empezó a investigar como correspondía.

Ahora con los cambios de la AFIP, el entonces director de regionales y actual jefe de la unidad antilavado Jaime Mecikovsky, abrió un sumario y apoyó la profundización de la investigación de Sirvente y Porcaro por evasión impositiva y lavado. El caso cuenta con todo el apoyo del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Mientras tanto, Rodríguez como director de la regional de la DGI hizo hacer varias fiscalizaciones sobre los Porcaro en Necochea bajo el control del nuevo director del área, Pablo Legardón. De las fiscalizaciones surgieron reportes de operaciones sospechosas sobre lavado de dinero y una serie de informes sobre incongruencias impositivas y patrimoniales.

Luego de leer notas sobre el caso en los diarios Clarín y La Nación, Rodríguez denunció que “Durruty y Mancini habrían intentado, tal vez por órdenes recibidas de sus superiores jerárquicos influenciar respecto del no inicio de una fiscalización” sobre los Porcaro.

En su escrito, Rodríguez pidió las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la DGI nombrados y el secuestro de mails y mensajes de whatsapp para corroborar sus dichos y determinar si los denunciados cometieron el delito de, por lo menos incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa principal contra Porcaro se abrió en 2013 por una denuncia del fiscal Juan José Campagnoli por el pago de un millón de dólares en Bonar II de la financiera Financial Net a Porcaro luego de la adjudicación del llamado "sitio cero" del puerto de Quequén para la construcción de una terminal de granos para la carga de los buques como una derivación de la causa de la ruta del dinero K. En esa época, Porcaro tenía influencia política sobre el representante de la provincia, José Luis De Gregorio, en el consorcio del puerto Quequén. Luego la causa se amplió por una denuncia del concejal radical Alberto Esnaola.