El otrora poderoso titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, solía llevar a su perro al trabajo. El animal se llamaba "Hugo Boss". En cierta ocasión, luego de una tensa reunión entre el funcionario K y el ex titular del sindicato de trabajadores de la AFIP, Jorge Burgos, la mascota se fue tras los pasos del gremialista, abandonando a su dueño."Hasta tu perro sabe dónde están los malos y dónde los buenos", bromeó el sindicalista. 

La anécdota muestra el grado de tensión que existió en los últimos años entre Echegaray, uno de los funcionarios kirchneristas que acumuló mayor poder, y la conducción de la AEFIP (Asociación Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), que representa a los más de 16.000 empleados que tiene el organismo. Detalles insólitos de esa relación comienzan a conocerse recién ahora, cuando un Echegaray degradado debe recurrir a la justicia para retener su cargo en la AGN.

Un dato ilustra de por si solo el mal trato que existió entre el ex recaudador -un empleado de la Aduana desde 1996- y el gremio de los impositivos. Para doblegar a sus dirigentes, que habían realizado cerca de 10 paros por reclamos salariales y en contra de la imposición de un nuevo esquema de horarios, Echegaray envió un total de 7 inspecciones al hotel de la calle Tucumán que la AEFIP había adquirido para sus afiliados en 2011. Los números estaban en orden y ninguna de ellas arrojó resultados favorables. "Tenían orden de apretarnos y por eso buscaron deudas por todos lados. Encontraron una de 2001, de diez años antes de que nosotros compráramos el establecimiento", recuerda Guillermo Imbrogno, el titular de la AEFIP desde fines de 2015. 

Aunque conviven bajo el mismo techo burocrático, los empleados de la Aduana y la vieja Dirección General Impositiva (DGI) no suelen simpatizar entre ellos sino todo lo contrario. Según los gremialistas del rubro impositivo, Echegaray terció siempre a favor del poderoso SUPARA, que representa a unos 5.000 aduaneros, a punto tal de querer prorratear con ellos el "fondo de jerarquización" que se genera con un porcentaje de la recaudación y que convierte a los empleados de la AFIP en los mejores pagos de la administración pública. La pelea fue intensa e incluyó hasta la realización de una movilización sobre la cual se escribió otro triste jalón de la relación entre Echegaray y sus subordinados. 

En setiembre de 2014, los afiliados de la AFIP realizaron una marcha a la sede central del organismo en reclamo contra esa medida y porque el Estado les había otorgado un aumento salarial del 0%. Desde el primer piso del organismo les arrojaron Gamexane y otros productos tóxicos, mientras que abajo un grupo de barras del club Quilmes la emprendían a trompadas contra algunos manifestantes. La represión, según quedó claro en la investigación policial, había sido comandada por Julio Cesar Nieto, un asesor director de Echegaray que ingresó al organismo en 2010 y sigue cobrando salario como director, aunque ahora la gestión de Alberto Abad le ha quitado las funciones. 

Nieto, que intentó sin éxito competir por la intendencia de Quilmes, también estuvo al mando de una patota que amedrentó a los delegados sindicales de la Regional de la AFIP de Bahía Blanca. Esa sede luego fue disuelta por Echegaray, en un caso que ahora es investigado por la justicia. Sucede que allí se originó una investigación por el uso de facturas truchas, que presuntamente fueron utilizadas para blanquear operaciones del grupo Austral, la nave insignia de Lázaro Báez. 

Otra ofensiva del ex recaudador de los Kirchner contra el gremio de la AFIP fue avalar e impulsar la creación de un nuevo sindicato. Se trata de la Unión Personal Superior de la AFIP (UPS-AFIP), que logró su inscripción a fines del año pasado y es presidida por Julio Enrique Estevez, un dirigente cercano al ex vicejefe de Gabinete, el radical Gustavo López. Mediante el sistema de correos internos, Echegaray instaba al personal del organismo a desafiliarse de la AEFIP y adherir al nuevo encuadramiento sindical.

Otro asesor dilecto de poderoso ex funcionario, que a la vez es una pieza clave en la investigación judicial sobre el escándalo Ciccone, el abogado Rafael Resnick Brenner, ocupa desde noviembre de 2015 una de las vocalías de ese gremio de muy escasos afiliados. Esa "tutela gremial" le permitió obtener el 27 de junio pasado un recurso de amparo a su favor firmado por el juez subrogante Elio Gustavo Plaisant, que le ordenó a la nueva conducción de la AFIP reponerlo en la jefatura de la regional Salta del organismo.