La AFIP entregó al juez Sebastián Casanello un duro informe sobre cómo se protegió con una serie de maniobras a Austral Construcciones de Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas de Bahía Blanca, lo que complica la situación del ex titular de ese organismo fiscal y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, en la causa de la ruta del dinero K. Echegaray debe declarar como imputado en la causa el 3 de mayo próximo. Casanello considera la multimillonaria evasión impositiva de las empresas de Báez como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero.

La principal acusación contra el ex titular de la AFIP consiste en haber disuelto la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar una investigación sobre la entrega de facturas apócrifas por lo menos por 16 millones de pesos del 2012. Las facturas truchas son generalmente usadas para tapar agujeros contables producto del pago de sobornos provenientes de contratos de obra pública, entre otras maniobras.

La disolución de la delegación Bahía Blanca, entre otras maniobras evitó que entonces el juez en lo penal económico Javier López Biscayart procesara a Báez en una denuncia de la diputada de la CC-ARI Elisa Carrió. López Biscayart solo pudo hacerle pagar multas menores a Austral. La AFIP bajo el control de Echegaray omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión.

El informe, según revelaron fuentes judiciales, puntualiza que Constructora Patagónica Argentina le entregó facturas por casi 16 millones de pesos a Austral y que está era casi su única clienta. Más adelante afirma que tras el desplazamiento de 36 inspectores de la delegación Bahía Blanca se entregó “información sesgada, parcializada y subjetiva” a la Justicia. Por ejemplo, también puntualiza que el Grupo Penta –uno de los emisores de esas facturas- le entregó facturas por otros 13 millones a Austral. El informe complica a Echegaray y también al ex jefe de la DGI Angel Toninelli, quien viajó en aviones de Top Air con su hijo y con Martín Báez, uno de los procesados en la causa de la ruta del dinero K.

“Se está también ante un entramado para general costos falsos a Austral”, dice el informe de la AFIP que analiza Casanello para indagar a Echegaray cuya renuncia a la AGN es pedida por el Gobierno y Cambiemos por esta y otras causas judiciales. Con facturas falsas de Constructora Patagónica, Austral pudo inflar sus costos en no menos de 7 millones de pesos.

Otras de las acciones por acción u omisión que deberá explicar Echegaray es por qué la dirección Microcentro de la DGI validó en el 2008 “una indemnización” de 56 millones de dólares que le pagó una empresa fantasma de Curazao a Austral por un hotel que no se construyó en una isla del Caribe frente a Belice. Se trata del proyecto del hotel de Cayo Chapel donde Austral afirmó que invirtió 100 millones de dólares. Llamativamente, Máximo Kirchner presidió una consultora que se llama Chapel y que terminó dando de baja.

El informe también advierte que nunca se había fiscalizado a Terrafari SA y a Austral Agro, entre otras irregularidades y apunta al escribano de la familia Kirchner, Ricardo Albornoz. En sus conclusiones, asegura que el Grupo Pena “fue constituido al solo efecto de generar facturación falsa”, al igual que el Grupo Suris. Este está investigado en Bahía Blanca por lavado, fue amigo de Fariña y novio de la vedette Mónica Farro.