La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió ocho años de cárcel para el empresario Lázaro Báez por la causa denominada de la Ruta del dinero K. El organismo es querellante en la causa por supuesto lavado de dinero por alrededor de 60 millones de dólares que se inició en 2013. La entidad actualmente comandada por Mercedes Marcó del Pont, finalizó su alegato en el que también pidió penas para el arrepentido Leonardo Fariña (6 años), el abogado Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (ambos por 7 años y 6 meses) y seis años para Federico Elaskar.

Asimismo, los abogados de la AFIP también solicitaron condenas para los cuatro hijos de Lázaro Báez: Martín Báez (7 años y seis meses), Leandro Báez (5 años), Luciana Báez (5 años) y Melina Báez (4 años y 6 meses). Declara Lázaro Báez: "Soy víctima de una campaña atroz" En el caso de Fariña, el organismo querellante entendió que "su aporte (como arrepentido) no fue trascendental para el juicio". En cambio, a Chueco y Gadín los consideraron coautores del delito de lavado de dinero. La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados. "Se ha probado en este juicio que Lázaro Báez", además de sus hijos, los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar y otros acusados, "formaron parte de la banda con roles asignados", que mantenían "fluidos contantes entre ellos", dijo la AFIP durante su alegato. De esa forma, la AFIP se pronunció sobre la presunta maniobra de lavado de dinero que condujo a todos los acusados a juicio oral y el organismo recaudador agregó que "Lázaro Báez siempre desde la sombra dabas las órdenes que los demás debían cumplir".

Báez cuenta actualmente con procesamientos por evasión y por lavado de dinero, al igual que sus cuatro hijos, mientras que Fariña se presentó en el tramo final del proceso como "arrepentido". Durante la audiencia de alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, la AFIP pidió penas para los 24 imputados en la causa. Ruta del dinero K: dictan la falta de mérito de Cristina Kirchner Si bien los abogados no mencionaron en su alegato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que recibió la falta de mérito por parte del juez Sebastián Casanello, si hablaron sobre la función de Néstor Kirchner. "La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner”, dijo uno de los abogados que representa a la AFIP. En el comienzo del alegato, semanas atrás, la querella de la AFIP sostuvo que Báez fue el presunto impulsor de un "enorme derrotero criminal" para "blanquear sumas millonarias de dinero" de "origen delictivo" entre 2010 y 2013. Báez "era un empleado bancario con categoría monotributista y de golpe se convirtió en el más importante empresario de la construcción. La designación del señor Báez no fue azarosa, no fue fruto del espíritu santo ni fruto del esfuerzo", había dicho la AFIP.

"Todos sabemos que la designación del señor Báez cumpliendo ese rol tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera por entonces el presidente, el señor Néstor Kirchner", sostuvo en aquella audiencia el abogado de AFIP, Luis González Avalos. Sobre el vínculo entre Báez y el ex mandatario sostuvo que "por supuesto no existía en lo formal una relación laboral pero claramente existían intereses económicos". Ante los jueces Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez, el letrado de AFIP sostuvo que en esos años "Báez y su grupo ha sido beneficiado a través de procesos licitatorios espurios y discrecionales con más del 80 por ciento de la obra pública que se adjudicó en la provincia de Santa Cruz, haciendo así confluir los fondos del Tesoro Nacional a través de las empresas del señor Báez".

El juicio se inició hace un año y entró hoy en la etapa de alegatos finales previa al veredicto. El juicio continuará el próximo miércoles con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF). Mientras que luego será el turno de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Fiscalía. Por este motivo, no habrá sentencia antes de abril.