Su compañero de bloque Gustavo Ballent no avaló la propuesta y, al igual que Rogelio Iparraguirre (FPV-PJ), presentó un proyecto para suspender el cobro de la tasa hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que interpuso el abogado Sebastián Romay.

El artículo primero de la ordenanza establece: “Créase la cuenta Tasa Complementaria de Protección Ciudadana Recursos Afectados con los recursos provenientes de dicho tributo, a efectos de dotar de recursos a las políticas, acciones, estrategias, metas y objetivos implementados y a implementarse por la Secretaría de Protección Ciudadana, entre ellos, el Sistema Integrado de Protección Ciudadana, Ordenanza 13843/14, el Programa Operativo de Seguridad, resoluciones y convenios específicos celebrados con la Provincia de Buenos Aires relativos a la protección ciudadana, programas y acciones de prevención situacional ambiental y social comunitaria, asistencia a la víctima, defensa civil y seguridad vial”.

En tanto, en el artículo segundo detalla catorce items puntuales a los cuales se podrán direccionar los recursos del fondo afectado, que comprenden desde la red de viodeovigilancia y la compra de móviles, hasta la capacitación de los recursos humanos de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La “sola” intención

La primera en tomar la palabra fue Beatriz Fernández, a quien acompañaron desde la barra el concejal mandato cumplido Carlos Mansilla y el integrante de la lista Marcelo Valle. Al comienzo, recapituló su reclamo por más recursos municipales para seguridad y su trabajo de más de dos años en ese tema, luego de la capacitación que recibió durante la militancia en el partido de Sergio Massa.

En su argumentación, celebró el cambio que experimentó el Gobierno local, ya que antes el intendente Lunghi decía que “la Provincia se tenía que encargar de todo”. En igual sentido, remarcó que hay cuestiones que son de naturaleza provincial pero otras les corresponden a los municipios. Y consignó que ya en ese momento había ciudades -como Tigre y General Alvarado- que tenían sus planes de prevención, móviles y cámaras, como así también la Tasa de Protección Ciudadana.

En cuanto al tributo, recordó que su bloque acompañó la creación, pero no estuvo de acuerdo con el incremento del 30 por ciento de las tasas en general que distorsionaba la base imponible para la de Protección Ciudadana.

Renegó de las “miradas judicializadas y politizadas” y reclamó que se convierta en una “política de Estado” por un “Tandil seguro”. Además, advirtió que “no quiero que los pesos que entren vayan a pagar las marimonias de la Plaza Independencia, porque para eso está el presupuesto de Parques y Paseos, ni a tapar un bache, porque para eso está el Fondo de Inversión Vial”.

Beatriz Fernández aclaró que en febrero de 2015, cuando presentó el proyecto, lo hizo con la “sola intención” de que el secretario de Seguridad tuviera financiamiento y luego “le podamos exigir” resultados.

Sumado a esto, el presidente del bloque de la UCR argumentó que apoyaban la propuesta de la edil del FR para que “no quede ninguna duda de dónde se van a usar los fondos” y resaltó que la Secretaría de Protección Ciudadana necesita de recursos para sostener las políticas en el tiempo.

También desde el PRO, Claudio Ersinger dio su voto al proyecto y consideró que implica más “transparencia”, mayor “control” sobre los recursos. Al mismo tiempo, se mostró en contra de la extensión que adquirió el debate de ayer.

“Es una manera de legitimar la tasa”

Desde el FPV-PJ y el peronismo rechazaron la propuesta, en principio, porque tampoco habían avalado la Tasa de Seguridad que se creó en diciembre.

Sumado a esto, Rogelio Iparraguirre recordó que en febrero presentaron un proyecto de derogación y ayer sumaron otra iniciativa para suspender el cobro hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que realizó el doctor Sebastián Romay.

El legislador del FPV reseñó que tras la creación del tributo, se conoció que la Provincia iba a enviar 33 millones de pesos del endeudamiento -de los cuales ya se recibieron 11 millones- y “casi cubren los 35 millones que se pretendía recaudar con esta sobretasa”. Sumado a esto, resaltó que “el delito sigue siendo la triste noticia de todos los días”.

Además de la “coherencia” de la postura que ha mantenido su bloque, consideró que la afectación de los recursos es “de mínima, altamente inoportuna, porque estamos legitimando una situación de dudosa legitimidad” a partir de la “presunción” de inconstitucionalidad.

“Crear la cuenta afectada es una manera de legitimar esta tasa”, denunció y sostuvo que “para nosotros es ilegítima, sobre todo en términos sociales, en un momento complicado”. Además, le advirtió al Ejecutivo -el jefe de Gabinete Mario Civalleri y el secretario de Economía Daniel Binando estaban en la barra- que los tandilenses van a reclamar resultados en seguridad.

“Argumento judicial”

Por el Bloque Peronista, Facundo Llano expresó que la actual posición del radicalismo “surge porque discutimos la legitimidad de esta tasa” y aseguró que “la última noticia que tenía es que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con los fondos afectados” según las explicaciones que funcionarios realizaron en una reunión del Ministerio de Economía.

El concejal destacó que “hay una clara contradicción a la posición del Ejecutivo y se basa en la demanda judicial”. Es más, evaluó que si estaban de acuerdo con afectar los fondos de seguridad, lo hubiesen propuesto cuando crearon la tasa.

“El Ejecutivo tiene que sumar argumentos para contestar la demanda judicial. Sé que esta es una posición para hacer frente a la demanda”, expresó y remarcó que con la tasa se recaudaron más de 10 millones de pesos, pero “no se ha hecho nada. La gente de Tandil lleva 5 meses perdidos y ya hay 20 millones. Todavía estamos viendo si vamos a comprar veinte motos o cámaras”.

La discusión siguió con chicanas y cruces entre concejales, y los clásicos pases de factura por el gobierno kirchnerista y el actual de Macri. Finalmente, la UCR y el PRO, más la concejal Beatriz Fernández aprobaron la afectación de los fondos de la tasa, mientras que su compañero de bloque Gustavo Ballent y Rogelio Iparraguirre presentaron sendos proyectos para suspender el cobro, hasta tanto la Justicia se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad.

Las cuentas de 2015 cosecharon variadas críticas de la oposición

En el segundo tramo de la sesión, los concejales dieron tratamiento a la rendición de cuentas del ejercicio 2015 y las compensaciones de los excesos presupuestarios, que fueron aprobados por mayoría con los votos de la UCR y el PRO (menos Pablo Díaz Cisneros que estuvo ausente).

Tal como había anticipado este Diario, desde el Bloque Peronista objetaron la desafectación de 4,7 millones de pesos de los fondos del FAS, Producido Planes de Viviendas, Venta de Inmuebles y Contribución Factura de Gas, “lo que muestra cómo se priorizan las políticas de Gobierno”.

Además, rechazaron la subejecución del Fondo Educativo por más de 21 millones de pesos, del FAS, del Programa Empleo Joven y del Presupuesto Participativo de Gardey, y cuestionaron el crecimiento al doble del presupuesto de Comunicación y Prensa.

En ese sentido, Pablo Bossio lanzó que al ver la rendición de cuentas “dudo muchísimo que no se terminen comprando las plantitas de las que hablaba Beatriz Fernández con los fondos afectados a Protección Ciudadana”.

“Bienvenidos a la crisis”

Así empezó Beatriz Fernández su intervención, dando a entender que por primera vez el intendente Miguel Lunghi deberá enfrentar una administración con recursos limitados. En ese tren, alertó sobre un año difícil frente a los tarifazos, ya que los vecinos resignarán primero el pago de las tasas que “quedarán para un mejor momento”.

Por otra parte, señaló que el déficit de 59 millones fue casi cinco veces más que el de 2014 y rechazó la mala formulación del gasto en personal, teniendo en cuenta que se previó un 15 por ciento para la pauta salarial y se arregló un incremento del 37,5 por ciento. En tanto, para este año se presupuestó un 10 por ciento y se aumentó un 35. “Los excesos los vamos arrastrando”, marcó y dio ejemplos del déficit en distintas áreas con respecto al personal.

Sumado a esto, recordó que “todos los bloques pedimos informes detallados del personal” pero no obtuvieron respuestas, por lo que desconocen la cantidad de horas cátedras, contratados, destajistas, etc.

“Tandil no es una isla”

El radical José Luis Labaroní ensayó una larga descripción de la situación de la Nación y la Provincia durante 2015, lo que impactó en la Tandil como un “encorsetamiento perverso” porque “no es una isla”. Agregó que el 90 por ciento de los municipios cerró con déficit.

Sostuvo que la Provincia no distribuyó 1.250 millones de pesos del juego y a la ciudad le faltaron 11 millones de pesos por ese concepto. Además, se recaudaron 64 millones de pesos menos de las tasas, un 7,3 por ciento por debajo de lo previsto.

Manifestó que la rendición de cuentas es una “radiografía” pero hay que tener en cuenta el plano nacional, provincial y municipal. Por último, resaltó que el Ejecutivo tuvo que optar por “decisiones políticas” que permitan cuidar los números y la prestación de servicios.