@El juez federal en lo Civil y Comercial Carlos Héctor Alvarez concedió una medida cautelar que le prohíbe al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) realizar cualquier modificación en la zona donde están ubicados los hangares utilizados por empresas privadas. La medida precautoria favorece a las empresas Macair Jet, del grupo Socma (Macri), y Tango Jet, propiedad de Andy Deutsch, ex dueño de LAPA. Si bien los directivos de LAN presentarán la semana próxima su propio amparo contra la resolución de la Orsna, ven como un antecedente positivo para sus intereses el fallo de Alvarez. La medida cautelar a favor de las dos compañías de taxis aéreos fue dictada el primero de agosto. Lo curioso es que haya sido divulgada recién ayer, en consonancia con las quejas públicas de LAN. El estudio que patrocinó la medida cautelar es Cassagne Abogados, integrado por Juan Carlos y Ezequiel Cassagne y Máximo Fonrouge. Este es el mismo estudio que le consiguió una cautelar al diario La Nación en su puja con la AFIP y a la Sociedad Rural, en la causa que puso un freno a la recuperación por parte del Estado del predio ferial de Palermo.

“Hágase saber a la Orsna, ANAC y Aeropuertos Argentina 2000 que deberán abstenerse de ejecutar cualquier medida o acto de aplicación fundado en la resolución 810 y resolución 123 y de realizar cualquier acto que afecte el material y/o infraestructura empleada por Macair Jet S.A, para desarrollar su actividad (incluso el hangar), habida cuenta de la vigencia de la medida cautelar ordenada con fecha 1.08.2013”, puede leerse en la resolución del magistrado Alvarez.

Desde LAN indicaron a Página/12 que entre el lunes o martes de la próxima semana presentarán su propio amparo. Según manifestó el canciller chileno Alfredo Moreno, que ayer tuvo una reunión con el canciller argentino Héctor Timerman, “éste es un problema a resolverse dentro del marco de la legislación argentina y que no se trata de un caso de discriminación”, como sí pretenden argumentar los directivos locales de LAN (ver aparte).

La resolución 123 de la Orsna fue firmada en noviembre de 2012 y establecía un plazo de nueve meses para que Aeropuertos Argentina 2000 comenzara a realizar una readecuación de las instalaciones edilicias anexas a la Plataforma Sur, donde se encuentran ocho hangares. El plazo vencía el primero de agosto. No casualmente la cautelar a favor de Macair Jet y Tango Jet fue firmada el mismo día en que vencía dicho plazo. “Cabe señalar que la medida cautelar dispuesta ha sido notificada al Orsna y consentida por dicho organismo pues sólo la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) interpuso un recurso de apelación”, agregó Alvarez en el texto difundido ayer.

De los ocho hangares ubicados en la zona conflictiva, con cinco ya hubo un acuerdo para su relocalización: Bayres Fly, que tiene dos hangares, Royal Class, Private Aviation Consulting y Servicios Aéreos Sudamericano. Para la empresa LAN, las dos medidas cautelares conocidas ayer fueron vistas como una victoria por adelantado.

La proliferación de las medidas cautelares contra el Estado comenzó en 2009, luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La puja entre el Estado y cierto sector de la Justicia junto a empresas privadas también transparentó la existencia de estudios de abogados especializados en conseguir cautelares en contra del Estado. Este estado de situación fue lo que llevó a plantear la necesidad de una “democratización de la Justicia”.

El choque entre los intereses públicos con la defensa del statu quo de algunos sectores quedó expuesto en las dos cautelares dadas a conocer ayer. El estudio de abogados que patrocinó a las empresas beneficiadas fue Cassagne Abogados. Como causas relevantes, consiguieron una medida cautelar a favor del diario La Nación en detrimento de la AFIP. También consiguieron la cautelar a favor de la Sociedad Rural que frenó la recuperación para el Estado del predio ubicado en Palermo. Juan Cassagne fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria durante la última dictadura militar. En la década de 1990 fue el principal asesor jurídico de Dromi y Barra en el diseño de las privatizaciones. Según publicó Página/12 el 6 de enero de este año, además participó en los directorios de las privatizadas Aguas Argentinas y Metrogas, y fue síndico de Edenor. Ezequiel Cassagne, hijo de Juan Carlos, es uno de los principales abogados de La Nación. Además, patrocina a la Sociedad Rural. Y en 2010 fue abogado de Martín Redrado, cuando el funcionario pretendía quedarse puertas adentro del Banco Central.