Es porque el artículo 20 permite a la Comisión de Valores intervenir empresas sin paso previo por la Justicia.
En un comunicado que se publica hoy en forma de solicitada en los principales diarios nacionales (ver página 21), la entidad que agrupa a las mayores empresas de la Argentina planteó su preocupación por “el decreto 1023/13 y la Ley 26.831 que éste reglamenta, recientemente puestos en vigencia, permiten a la Comisión Nacional de Valores i ntervenir de manera discrecional, y sin intervención judicial previa, a las empresas que participan en el Mercado de Capitales, remover su conducción y nombrar nuevos administradores, tomando así pleno control de las mismas ”.
El pronunciamiento de AEA apunta en especial a un apartado del artículo 20 de la ley. Se trata del inciso que autoriza a la Comisión Nacional de Valores (CNV) -que preside Alejandro Vanoli- a designar veedores en empresas atendiendo pedidos de los accionistas con no más del 2% del control de la compañía.
El Estado es actualmente accionista en esas condiciones en una cantidad de empresas privadas de capital abierto, dado que se quedó con las acciones que habían comprado oportunamente las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) tras la estatización del sistema jubilatorio.
La ley de Mercado de Capitales se aprobó en noviembre de 2012 en las últimas sesiones del Congreso impulsada por el oficialismo y casi sin debate. El artículo -cuestionado desde un primer momento por los empresarios- no figuraba en el proyecto original sino que fue incluido casi subrepticiamente por el diputado Roberto Feletti sobre el cierre de la sesión.
Su aprobación generó preocupación en todas las entidades empresarias. Una de ellas fue la Unión Industrial Argentina. Su anterior presidente, Ignacio de Mendiguren, había recibido el compromiso oficial desde la Casa Rosada de que la reglamentación de la ley solucionaría el problema planteado por la letra del artículo 20. Sin embargo, en la primera tanda de decretos de reglamentación eso no ocurrió.
Por eso, la actual gestión de la UIA, a cargo de Héctor Méndez, resolvió el pasado 6 de agosto pedir una audiencia con la presidenta Cristina Kirchner para plantearle expresamente su preocupación por este tema.
Ese encuentro aún no se pudo concretar.
En este contexto, el comunicado de AEA plantea que “para alcanzar el nivel de genuina prosperidad económica y social al que aspiramos los argentinos, se requiere un fuerte impulso de las inversiones por parte de las empresas pequeñas, medianas y grandes, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”. Y añade: “Cada decisión de invertir depende de las condiciones bajo las cuales se espera que la respectiva inversión se desarrolle en el futuro. En este sentido, la vigencia del nuevo régimen de Mercado de Capitales constituye un grave desaliento a las inversiones en Argentina”.
A continuación, AEA señala a través del comunicado que “esta facultad inconstitucional afecta las garantías del Estado de Derecho que son la base del derecho de propiedad, impulsa a que empresas cotizantes se retiren y desalienta que nuevas empresas ingresen al mercado de capitales”.
En ese punto, añade: “Al alentar la salida y desalentar la entrada de más empresas, se promueve la involución del mercado de capitales, impidiendo así que se constituya en un importante factor de financiamiento de las inversiones”.
Por último, el comunicado divulgado hoy por la entidad remarca que “este nuevo régimen tendrá un fuerte impacto negativo, incluso más allá del mercado de capitales, ya que daña severamente la previsibilidad, la seguridad jurídica y la percepción de la vigencia del estado de derecho”. Y concluye que “estas son condiciones absolutamente necesarias para impulsar las inversiones productivas, cruciales para el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país”.
Comentá la nota