La prórroga de los decretos para prohibir los despidos y de la doble indemnización para los casos de desvinculaciones forzosas que confirmaron desde el Gobierno nacional cayó como un mazazo para el sector empresarial salteño. Advirtieron que el remedio que se pretende para la crisis laboral que atraviesa el país puede ser peor que la enfermedad.

Hay dos datos que sostienen esa sentencia.

La medida para evitar el desempleo que Nación implementa desde marzo del año pasado (a la par de las restricciones por la pandemia del COVID-19) no sirvió para detener la sangría de puestos de trabajo en el sector formal privado. El último reporte del Ministerio de Trabajo de la Nación da cuenta que en octubre había 9 mil empleos en blanco menos en Salta que en el mismo mes de 2019. Más claro se puede ver al desglosar la información oficial a partir de marzo, cuando había 116.300 trabajadores registrados en la parte privada de la provincia y siete meses después, sin tener en cuenta la estacionalidad, quedaban 109.200 empleados. ¿Por qué hay menos trabajadores si rige la prohibición de despidos? Porque cerraron empresas, sobre todo pymes.

La segunda realidad que ven los empresarios locales es que la provincia tiene uno de los mayores índices de trabajo en negro del país, cercano al 50%. Es decir que no solo para ese universo laboral la cancelación de despidos e indemnizaciones extras no rige sino que también se ve afectado porque las restricciones normativas impiden la generación de nuevos puestos en blanco.

"Se hizo rígido despedir y en igual medida se volvió rígido contratar gente, y esto afecta más que nada a provincias como la nuestra, que tienen una gran incidencia de empleo informal", explicó de mejor manera el economista Lucas Dapena a El Tribuno.

"Está probado que prohibir los despidos no dio resultado en ningún lado del mundo. Esto tiene una fuerte connotación política, porque es un año de elecciones, y también psicológica, porque da cierto concepto de seguridad al empleado en un momento en el cual la situación está complicada. Pero el gran riesgo es que esto complique sobremanera a las pymes, que son las principales generadoras de empleo en el país", agregó Dapena.

Dapena citó el ejemplo de los países nórdicos, donde no existen normativas antidespidos pero sí cuentan con un seguro de desempleo a cargo del Estado. “Si das flexibilidad para despedir, las empresas después tienen flexibilidad para contratar”, sostuvo.

En coincidencia, la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, consideró que "toda medida restrictiva o que impida la libre contratación y desvinculación laboral no es favorable para promover el empleo, sino al contrario. Además, fomenta la informalidad laboral, que viene creciendo".

"Esta prórroga claramente no es una política de promoción del empleo y acelera el deterioro de creación de genuinas fuentes de trabajo", sostuvo Bibini a la consulta de este diario. De igual modo, el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, dijo: "Se achicaron las ventas y muchos empresarios tienen que adecuar la estructura a la nueva realidad, pero no pueden hacerlo y no les queda otra alternativa que cerrar sus negocios. Eso está sucediendo".

Denuncian que existe un “triple cepo” 

La decisión del Gobierno nacional de mantener la prohibición de despidos y suspensiones y prorrogar la doble indemnización levantó rechazos en sectores empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y los vinculados con las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los vicepresidentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja, cuestionó la decisión, al advertir que provoca “incertidumbre y desconfianza”.

“Estamos ante un triple cepo: prohibición de las suspensiones, despidos y la doble indemnización. Acá parece que quieren que no pase nada con las empresas, pero muchas se destruyeron por la recesión y el impacto de la pandemia. Con ello se perdió fundamentalmente empleo privado”, dijo Funes de Rioja.

Advirtió, además, que se produjo un aumento de la informalidad, por lo cual consideró necesario contar con un “sistema laboral que tienda a la productividad, porque tenemos un costo laboral elevado”.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, dijo que habrá “conflictos” en las pymes.

Pablo Ferrer