Una situación sin precedentes se extiende desde hace aproximadamente ocho meses en los puertos de Rosario y San Lorenzo a causa de una reglamentación que emitió el gobierno de Mauricio Macri en relación a los controles de residuos en buques de ultramar.

Es que desde que dejó de estar vigente la Resolución 714/10 – que contaba con convenios de colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación en Sanidad de Fronteras- y comenzó a regir la Resolución conjunta 1/2019 de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y Senasa, quedó una especie de “vacío operativo” por el cual solamente Prefectura se encarga de los controles de residuos en los buques.

Fuentes le contaron a Infocampo que hay preocupación no solamente por parte de las empresas que se encargan del tratamiento de residuos patogénicos, sino de todo el sector en general. Es que desde junio que todos los barcos que ingresan a cualquiera de los puertos de la zona no disponen de sus residuos como lo indica la ley, salvo algunas excepciones porque se lo requieren otras terminales del país o del exterior.

“Los residuos de buques de ultramar que hoy y desde hace ocho meses llegan a los puertos de la zona de Rosario y San Lorenzo no tienen trato diferencial y se descargan informalmente, sin cumplir con la barrera sanitaria. Parte de los mismos se comercializan en mercados informales, o directamente se desechan por caminos informales”, le contó una fuente a Infocampo.

Lo que sucede es que en esa zona existe un tráfico muy significativo de buques de carga: aproximadamente hay más de 200 por mes en temporada alta. En muchos casos, la tripulación es asiática y el destino es principalmente China. Los viajes, en general, son de ida y vuelta.

En ese escenario, desde 2002 que Senasa hacía las auditorías en los buques que llegaban a la región y se encargaba de proteger la frontera al hacer desembarcar los residuos para compatibilizarlos con los residuos domiciliarios a través de un tratamiento por autoclave, es decir, de esterilización. En ese control, también intervenían Prefectura y Aduana.

Ahora, con la nueva reglamentación, los inspectores especializados en sanidad del organismo se retiraron de los puertos y no suben más a los buques. “No hay más control”, aseguró la fuente, al tiempo que resaltó que Prefectura “nunca tomó el caso con la seriedad que merece”.

“Obviamente, de ninguna manera se levantó la barrera sanitaria, por lo cual el espíritu de esta nueva disposición no puede ser que no desembarquen los residuos, pero es lo que está sucediendo”, agregó la fuente. 

Es que Prefectura sube a todos los buques, pero el personal solamente está capacitado para el control de todos los ítems que refieren a la seguridad de la navegación. En cuanto a residuos, contempla el acondicionamiento y la capacidad de almacenaje, lo cual no tiene nada que ver con que el residuo sea potencialmente contaminante.

“No averiguan qué se realiza con dichos residuos. Basta con recordar la aftosa, la fiebre porcina y otras enfermedades en nuestra ganadería ocurrida en años donde no se controlaba el residuo. Desde ahí es que se propuso la ley anterior y se logró aplicar”, le explicó la fuente a Infocampo.

Y agregó que lo más preocupante es que el residuo que no se trata por autoclave “tiene un riesgo serio de tener descarga ilegal o recupero por sectores marginales, que potencian los riesgos médicos sanitarios“.

Entre esos residuos no solo están los restos de comidas o sus envases, sino también los resultantes de intervenciones médicas (gasas, jeringas, vendas). Muchos tienen valor comercial en la reventa (latas, plásticos), pero no deben comercializarse por su potencial infeccioso.

Las empresas del rubro retiraban usualmente esos residuos con una documentación que lo certifica, para trasladarlos hasta las plantas de residuos patológicos para su inertización, algo que no sucede desde que rige la nueva reglamentación.