La ley de reforma laboral fue rechazada nuevamente por el gremialismo opositor ayer en la movilización convocada por Hugo Moyano, mientras el gobierno espera que sea tratada por el Congreso en los próximos meses. Desde su aparición en escena, el esbozo de la normativa recibió fuertes cuestionamientos de gremios y la oposición por la quita de derechos y garantías que implica para los trabajadores. Entre estos retrocesos, resaltan el aumento del empleo tercerizado y temporario, el hecho de que hace más baratos los despidos para los empleadores y que baja los aportes y contribuciones desfinanciando el sistema de seguridad social.

Como si eso fuera poco, la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) realizó un informe que revela que el proyecto de reforma laboral perjudicará el sistema de salud. El estudio titulado “El impacto en salud de la reforma laboral” explica que la propuesta de ley incluye, en su título VIII, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), un organismo cuya función es implementar la Cobertura Universal de Salud (CUS), una política del macrismo que generó fuertes críticas de sanitaristas y gremios médicos porque pone límites al acceso a la salud pública.

El proyecto de ley define a la AGNET como “un organismo descentralizado con autarquía económica, financiera y personería jurídica propia, en la órbita del Ministerio de Salud”. La FSS advierte que la AGNET limitará el Programa Médico Obligatorio (PMO), achicando el piso de prestaciones obligatorias a cubrir por obras sociales y empresas de medicina prepaga, y reduciendo la injerencia del Estado como garante del derecho a la salud y de su efectivo cumplimiento.

Con la nueva Agencia, esta determinará qué prestaciones médicas serán cubiertas por el sistema de salud en su conjunto (obras sociales, prepagas y sector público) y cuáles no tendrán cobertura, ampliando las dificultades para aquellos sectores que no tengan las posibilidad económica para solventarse.

“Los principales impulsores de esta Agencia están relacionados con financiadores del sistema de salud”, dijo a Contexto Nicolás Kreplak, exviceministro de Salud de la Nación y presidente de la FSS. “Las consecuencias son que gran parte de las prácticas que hoy están incluidas como habituales y cubiertas no estén en el próximo tiempo cubiertas pero sí aprobadas, y por lo tanto quedan a merced sólo de aquellos que lo pueden pagar”, agregó Kreplak.

La FSS sostiene que las principales avanzadas de la AGNET sobre el sistema sanitario son el “límite a la posibilidad del Congreso Nacional de incluir nuevas prestaciones al PMO por Ley; interviene luego de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que podrá autorizar la venta de productos que posteriormente pueden no estar en el PMO y por ende será el paciente quien deba pagarlo de su bolsillo”.

Para la FSS, el nuevo organismo que busca crear el macrismo “promueve la posibilidad del acceso a servicios de salud según la posibilidad y capacidad de pago del usuario, generando grandes inequidades y distorsiones en la salud de la población”. Y agregan que el modelo organizacional que permitiría llevar a cabo estos cambios “se basa en un sistema de atención de la enfermedad basado en el aseguramiento de la población y el financiamiento de la demanda. La propuesta de Cobertura Universal o Seguros de Salud necesita de una institución como la AGNET para cerrar el círculo de oferta-demanda”.

A su vez, el escrito remarca que la AGNET podrá intervenir previo a las coberturas o inclusión de prácticas dentro del PMO, con lo cual limita la posibilidad del Congreso Nacional de añadir por ley nuevas prestaciones al PMO sin su previa aprobación. El informe señala que desde la creación del PMO en 1995 se han incorporado nuevas prestaciones a través de la sanción de leyes, situación que se vería afectada por la AGNET. Y enumera como ejemplos las leyes que dieron lugar a la cobertura del 100% de todos los métodos anticonceptivos, la ligadura de trompas y vasectomía, las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y sífilis, entre otras.

Otro punto abordado por el informe apunta a que la AGNET tendrá en su poder la decisión de recortar la cantidad de demandas que las obras sociales y prepagas deben atender por resoluciones judiciales. “La AGNET podría limitar o poner en riesgo este recurso de la población para acceder a aquellos tratamientos que le sean negados por los prestadores de servicios de salud, anulando un instrumento clave que muchas veces representa la única vía para garantizar el acceso”.

Sobre este punto, Kreplak afirmó que “para el Poder Judicial, esta Agencia es perito vinculante, o sea que lo que diga la Agencia es lo que debe hacer la Justica. Entonces, si por ejemplo una obra social le rechaza una práctica a alguien, uno puede pedir un amparo, pero, según la ley, la Justicia debería consultar a la Agencia si debe o no la obra social cubrir el pedido; es decir que la AGNET se pone de los dos lados del mostrador y hace un torniquete sobre los otros poderes del Estado”

Este “conflicto de intereses” sería posible porque los representantes de obras sociales y de empresas de medicina prepagas formarán parte de la comisión que administra la AGNET, por lo cual “se corre el riesgo de que intereses económicos de financiadores del sistema influyan en las decisiones de la Agencia y no se cumpla con las condiciones necesarias para garantizar la imparcialidad y el carácter técnico”, concluyeron desde la fundación sanitaria.