A pesar del hermetismo de las autoridades de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de la negativa sistemática de brindar información sobre el dictamen que fue aprobado por el concejo deliberante en una sesión “casi secreta”, surtidores.com.ar, pudo acceder al texto completo que detalla la decisión de aumentar las naftas y el GNC en el distrito.

Tal cual lo dice la norma que comenzará a regir ni bien el Intendente Martín Insaurralde la reglamente, la Estaciones de Servicio del municipio comenzarán a cobrar el litro de combustibles líquidos, tanto nafta como gasoil en sus diferentes grados, 40 centavos más por litro y en el caso del GNC, 15 centavos extra por m3.

“La cercanía directa que las expendedoras lomenses tienen con sus pares de Lanús donde no hay Tasa Vial, llevará al posible quebranto de nuestros estacioneros pymes, ya que con la caída del poder adquisitivo de las familias, una diferencia de 40 centavos en el litro de combustible es muy significativa al momento de decidir carga en nuestro municipio”, aseveró uno de los pocos ediles que votó en contra de la medida, el massista Ramiro Trezza a surtidores.com.ar.

Afirmó que para un presupuesto total de Lomas de Zamora que suma 9 mil millones de pesos para el año que viene, el aporte de la tasa vial, solamente logrará cubrir 68 millones, es decir, menos del 1 por ciento del total.

“De esta manera, fundimos a los dueños de las expendedoras de nuestra zona y no recaudamos una suma significativa, que ni siquiera servirá para construir caminos como se supone que debería ser”, aseguró Trezza.

Alertó que desde el principio esta reglamentación, no tiene base jurídica, porque había surgido como proyecto cuando la Gobernadora María Eugenia Vidal, intentó una medida que luego no llevó adelante.

Afirmó además que es “innecesario” pedir un nuevo sacrificio a los contribuyentes, cuando Lomas es uno de los distritos más beneficiados en obras para el próximo año, de acuerdo a las previsiones de la Provincia.

Vale recordar que un juzgado contencioso administrativo, declaró en 2015 la inconstitucionalidad del tributo, que había aplicado entonces San Miguel, luego de que la Cámara observara la supuesta ausencia de contraprestación.