Un informe técnico que pone el foco en temas sensibles en torno a la licitación del Minella

Con especial atención leyeron los concejales de la oposición el informe de legalidad de 9 carillas que presentó días atrás el contador general Guillermo Costanzo, con un análisis sobre aspectos técnicos del proyecto de Pliego de Bases y Condiciones con el cual se licitará la administración del Estadio Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Campo de Deportes. Allí, se hicieron observaciones y pedidos en torno a temas sensibles sobre los cuales la oposición viene haciendo críticas, algunas de los cuales fueron descartadas en otro informe, en este caso de la Dirección de Contrataciones.

Un alerta fue sobre el Artículo 54° donde Costanzo planteó aspectos a mejorar en la redacción para que no haya posibles interpretaciones sobre que una vez concluida la concesión, las mejoras y obras nuevas pasarán a patrimonio municipal, sin posibilidad de reclamo compensatorio de parte del concesionario. En ese marco pidió dar intervención a la Dirección de Dictámenes de la Comuna “para que se expida sobre la aplicabilidad del Instituto Jurídico del Derecho Real de Superficie, tipificado en los artículos 2114 y subsiguientes del CCCyC”. Sobre esto, la oposición había advertido que esto podría ser utilizado por el concesionario para reclamar un compensación en el futuro. El director de Contrataciones, Diego Villar, lo descartó: “las mejoras que el concesionario realice son efectivamente una donación al Municipio y la previsión normativa apunta al hipotético caso que se conceda un derecho real de superficie”. Desde Legal y Técnica agregaron una lectura similar: “si bien el superficiario (en este caso el Concesionario) tiene la facultad de requerir una indemnización una vez extinguido el Derecho de Superficie, las partes tienen la libertad de pactar lo contrario en el momento de constituir el derecho (art 2126 CCYC), estableciendo que el Concesionario desiste de todo tipo de pretensión indemnizatoria en los términos previstos por normativa", consideró la directora Matilde Casado en otro informe.

La Comisión de Obras dio su ok y ahora resta el paso por Legislación y Hacienda. Foto: Prensa HCD.

El Artículo 100° fija la jurisdicción del Ciadi (con sede en Washington) para entender en eventuales judicializaciones si el concesionario es una empresa internacional y solo para el caso de la extinción de contrato. Al respecto, pidió un informe a Legales, “a efectos de referirse sobre la viabilidad y legalidad de que la Municipalidad se someta a dicho organismo internacional para la resolución de controversias en las cuales pueda encontrarse involucrado”. Ese informe llegó con la firma de Casado: “el beneficio es que al ser una institución de prestigio internacional y amplia experiencia, garantiza la imparcialidad y la seguridad jurídica a los inversores de otros países”. Para la oposición implica renunciar a la soberanía y a la jurisdicción de los tribunales marplatenses. Precisamente, días atrás el intendente Montenegro cuestionó a Kicillof por querer llevar a tribunales de La Plata la causa por la municipalización de Punta Mogotes.

El contador general también se enfocó en el Art.10 que habilita que el concesionario modifique los usos de los espacios concesionados, previa autorización municipal. “Se recomienda establecer con precisión los factores y cuantía de modificación a los fines de dar previsibilidad y mantener la igualdad entre oferentes”, propuso.

Ese artículo también establece que el Emder se encargará de controlar el cumplimiento del contrato, aunque Costanzo pidió especificar los controles que debe realizar la autoridad de aplicación, que será la Dirección de Infraestructura del Emder. Entre los aspectos a considerar están “la inspección y aprobación de las obras, supervisión, fiscalización, auditorías, solicitud de informes y todo otro procedimiento que juzgue adecuado para la verificación del cumplimiento de tales obligaciones”.

La concesión de los escenario será por un plazo total de 40 años.

Sobre la competencia entre ofertas, alertó que debe haber mayor transparencia en lo que respecta a las causales de rechazo contempladas en el Art. 33, “ajustándose de la manera más acabada a los principios de taxatividad y tipicidad”.

Además del de Costanzo, los concejales también recibieron informes que habían solicitado al Emder, Contrataciones y Legal y Técnica. En este último, Casado defendió el plazo de concesión por 40 años (30 originales y 10 de prórroga), pese a reconocer que la Ley 27.328 establece que solo puede ser de 35 años en total. La funcionaria expuso que la Municipalidad no adhirió a la ley de Participación Pública- Privada impulsada durante el gobierno de Macri, por lo que rigen los límites de la Ley Orgánica Municipales, que contempla los 40 años como plazo máximo.

Respecto al avance el pliego, la intención del oficialismo es este jueves aprobar la ordenanza en Sesión Ordinaria. El lunes lo tratará la Comisión de Legislación y solo le quedará la de Hacienda. Para cumplir el plazo de 48 horas que debe haber entre comisión y sesión para que un expediente con dictamen entre al temario, está la idea de adelantar la Comisión de Hacienda que según calendario debe realizarse el miércoles.

El Polideportivo entra en el combo junto al Minella.

Pugilismo en el Gaucho

La escena ocurrió el martes en el Distrito Descentralizado El Gaucho y llamó la atención de quienes fueron testigos: dos personas se tomaron a golpes de puño en un caso que requirió una intervención policial para que todo no pase a mayores.

¿Eran dos vecinos enojados porque uno de ellos se coló para hacer el trámite de la renovación de la Licencia de Conducir? No. ¿Dos empleados que buscaron zanjar a golpe limpio diferencias que pueden surgir en cualquier ámbito laboral? Menos aún. Lo escandaloso del suceso es que los protagonistas fueron dos funcionarios políticos que integran el equipo del intendente Guillermo Montenegro.

Se trata del titular de la Delegación Norte, Amilcar Merlo, y el subsecretario de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Sosa, en un episodio que puso de relieve diferencias que se arrastran entre ambos contendientes en el último tiempo sobre temas de gestión, deslizaron fuentes consultadas. Según supo 0223, no se prevén sanciones para los involucrados, al menos por el momento, en un caso que expone a los funcionarios luego que recientemente el propio intendente anunciara su intención de despedir a un empleado municipal que se resistió a la autoridad policial durante un operativo de tránsito. Comentario al margen: contradictorias son las versiones, humoradas mediantes, sobre quién resultó ganador.

No se trata del primer episodio de violencia que involucra a integrantes del gobierno municipal: en mayo de 2023 Daniel Teruel, Lucas Amodey y Santiago Reyes (todos del área de Desarrollo Social) recibieron una denuncia penal por amenazas de parte de los concejales radicales Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero. Sobre ellos llegó a pesar una orden de restricción por la que no podían acercarse a los ediles, lo que implicaba que no podían acceder al Palacio Municipal, ya que allí se ubican las oficinas del Concejo Deliberante. Los tres fueron borrados del gabinete al asumir Montenegro su segundo mandato.

Distrito El Gaucho. Es una dependencia municipal pero dos funcionarios la tomaron como un ring.

Otro marplatense se suma a las fuerzas del cielo

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense sigue sumando musculatura y ahora se conoció la incorporación del legislador Guillermo Castello, electo en 2021 por la lista de José Luis Espert y que hasta ahora permanecía en soledad en el unibloque Libre.

“Con más fuerza, voy a seguir defendiendo las ideas de la Libertad y la brillante gestión de Milei, el primer presidente liberal en más de un siglo”, informó Castello, quien al no tener lugar en las listas de la Quinta Sección, hace tres años se candidateó por la Sexta Sección. El diputado es autor de la demanda a través de la cual la justicia marplatense declaró la inconstitucionalidad de la Tasa Vial implementada por Guillermo Montenegro, si bien el fallo solo lo exime a él de abonarla, aunque inspiró otras causas idénticas.

En el bloque presidido por Agustín Romo coincidirá con otros dos marplatenses: el libertario Gastón Abonjo y Sofía Pomponio. Esta última pertenece al sector bullrichista del Pro, quien tras ser electa por Juntos por el Cambio pegó el salto a La Libertad Avanza. El bloque también lo integraba Alejandro Carrancio, pero recientemente licenció el cargo para asumir un lugar en el gabinete nacional.

De esta forma, el bloque alcanza al Pro como la principal fuerza opositora, ambos con 13 diputados. Unión, Renovación y Fe, que nuclea a gente que entró con Milei pero luego se fue, le sigue con 9, mientras que los dos bloques integrados por radicales y aliados tienen 8 cada uno, la Coalición Cívica tiene tres y la izquierda, dividida en dos unibloques, cierra con dos. El oficialista Unión por la Patria es la primera mayoría, con 37.

La ve. Castello se sumó al bloque de La Libertad Avanza en Diputados.