El proyecto, que había sido presentado por la diputada Analía Monaldi (PJ), tuvo que reformularse por un error de técnica legislativa y luego de un cuarto intermedio se convino en que la adhesión debía ser al Capítulo II del Título III de la ley nacional.

La diputada radical Cristina Romano resaltó que la norma tiene disposiciones de orden público, da lineamientos generales que involucran a los tres poderes del Estado y es de aplicación en todo el territorio provincial. Asimismo, agregó, las mujeres están protegidas “no solo de la violencia física sino psicológica, simbólica, económica, laboral y mediática”.

Indicó que se prevén partidas para aplicar la ley y que el Consejo Provincial de la Mujer, que debe ser jerarquizado, es el órgano de aplicación de la ley. Además destacó que el acceso a la justicia es gratuito, independientemente de la posición económica de las mujeres, en tanto que para evitar que las denuncias de las mujeres víctimas de la violencia sean “cajoneadas” por la Policía, se establece que los expedientes deben ser remitidos al juzgado penal en un plazo de 24 horas.

Romano advirtió que decisiones políticas deben acompañar a la ley y remarcó que la cuestión de la violencia de género debe ser tema de campañas por los medios. “No es una solución milagrosa pero sí una herramienta para generar un conjunto de medidas”, sostuvo para recordar que desde el año 2009 se presentaron proyectos para lograr la adhesión a la norma nacional.

Pablo Baca (UCR) subrayó que organizaciones de mujeres de Jujuy bregan desde hace varios años por legislación de esta naturaleza y recordó que el año pasado solicitaron con cinco mil firmas se declare la emergencia en la provincia por la cantidad de casos de violencia de género.

La justicialista María Elia Dominguez, en tanto, sostuvo que la iniciativa “muestra a las claras las políticas marcadas a nivel nacional” y puso de relieve que con que la aplicación de la educación sexual desde el Nivel Inicial se irá avanzando en lo que significa “hacerse respetar”.