Se comienza a transitar una semana clave en relación con el futuro de la exploración offshore a 320 kilómetros de la costa marplatense. Tras conocerse la decisión de la empresa Equinor de dar de baja el contrato que tenía con el buque BMP Prospector para realizar las tareas de prospección sísmica, y ante la demora en la resolución judicial tras casi un año de la vigencia de una cautelar y la presión de distintas entidades, gremios y organizaciones de la ciudad, se adelantaría el esperado fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de haber recibido la causa del juez federal Santiago Martín.

Según pudo saber LA CAPITAL, se estimaba que se daría a conocer el fallo de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, los dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, entre el 12 y el 16 de diciembre. Pese a la ausencia de personal en dicha Cámara -el 40 por ciento de los cargos estarían sin cubrir-, y a la luz de los recientes hechos, se decidió adelantar la medida. Así, no se descarta que este mismo fin de semana se reúnan ambos camaristas en busca de un acuerdo, para finalmente, el martes próximo, dar a conocer el fallo definitivo que habilitaría o no las tareas de prospección sísmica, luego de que el juez federal Santiago Martín, criticado por su fallo por la CGT Regional Mar del Plata, devolviera la causa a la Cámara reclamando nuevos estudios y presentaciones y, en definitiva, manteniendo la cautelar.

Concretamente, el citado magistrado, en una resolución emitida en octubre pasado, consideró que el Gobierno nacional y la empresa Equinor no habían cumplido con algunos de los requisitos ambientales que había impuesto la Cámara en su anterior resolución de junio en la que dispuso el dictado de una nueva declaración de Impacto Ambiental. El fiscal federal había avalado tales presentaciones al igual que el intendente municipal Guillermo Montenegro, quien expresaba su conformidad con los nuevos estudios tras haberse planteado en un primer momento como querellante.

La decisión de Equinor de dar de baja el contrato con el buque encargado de la prospección sísmica -hay muy pocos en el mundo- encendió todas las luces de alerta también en el Gobierno nacional. “Si Equinor abandona el proyecto, generará un antecedente tremendo contra la Argentina en materia de inversión y concretamente de exploración petrolera”, reconocieron desde el Gobierno nacional. Y de hecho, en las últimas horas, varios medios hicieron referencia a las negociaciones “urgentes” que el Gobierno nacional, a través de la secretaria de Energía, Flavia Royón, abrió para que la petrolera noruega Equinor no abandone el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino. “La demora de la justicia nos está haciendo perder millones de dólares”, afirmó una fuente de Energía. Desde la justicia federal, en tanto, se reconoce que se trata de una situación anómala. “No se puede mantener una cautelar por casi un año”, afirman.

En el sector petrolero, incluso en el gremial que nuclea a los trabajadores del área, se mantienen expectantes ante lo que pueda llegar a suceder el martes. No solo esperan un fallo que avale los trabajos de prospección sísmica, que deberían iniciarse rápidamente para no perder la “ventana biológica” establecida en el estudio de Impacto Ambiental, sino que también aguardan que el fallo sea concreto y claro para no permitir nuevas dilaciones y más impugnaciones y medidas que volverían a demorar este proyecto. “Nosotros somos respetuosos de la ley y de las decisiones del Poder Judicial. Pero no entendemos cómo la opinión de un solo funcionario del Poder Judicial puede paralizar y destruir la esperanza de trabajo, de crecimiento económico y social de miles de marplatenses y de 46 millones de argentinos”, refería un documento de la CGT Regional Mar del Plata. Allí también se puntualizaba que el juez Martín “está planteando un completo absurdo, de exigirle a una actividad estudios de base, que en años no han realizado otras actividades productivas como la pesca, ni las instituciones científicas abocadas a esta investigaciones”.

No será un acto más el que se realizará esta tarde en Mar del Plata cuando a las 20 se inauguren las obras de remodelación del hotel 13 de diciembre de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, la entidad que más fuerte jugó a favor de la exploración petrolera. Sus máximas autoridades -no se descarta la presencia de representantes de las petroleras involucradas en la exploración del área CAN 100- estarán presentes en esta ceremonia donde volverán a insistir, como lo expresaron en un documento difundido en las últimas horas, en que es fundamental “una rápida resolución por parte de la Cámara con respecto a la cautelar para poder avanzar con las decisiones estratégicas y las diferentes contrataciones que requerirá la perforación del pozo Argerich I”. Y advirtieron que en la medida en que se mantenga la incertidumbre “se pone en riesgo la creación de miles de puestos de trabajo para Mar del Plata en un contexto económico y social difícil que atraviesa el país”.

La Federación también reconoció que se han perdido más de cinco millones de dólares a la espera de una definición, sostuvo que una pronta decisión favorable de la Cámara con respecto a la sísmica “creará un precedente para que eventuales amparos contra el pozo sean resueltos con mayor celeridad” y consignó que la previsibilidad es una condición central en la industria del petróleo y del gas. Especialmente, destacó a la actividad costa afuera (offshore), ya que “permite la planificación estratégica adecuada para realizar operaciones seguras”.

Ante el silencio y la pasividad de las fuerzas políticas locales que en torno a esta cuestión fundamental para el futuro de la ciudad ni siquiera se pronunciaron -ni a favor ni en contra, salvo contadas excepciones-, el puerto de Mar del Plata, a través de diferentes actores de la actividad como sectores gremiales, empresarios e industriales mostraron su preocupación en las últimas horas por la demora que tiene en la justicia el proyecto de exploración de hidrocarburos frente a costas de la provincia de Buenos Aires. “Con esta dilación en la resolución de medidas cautelares, tramitadas en tribunales federales, Mar del Plata y la región se pueden perder ‘una oportunidad histórica’ en términos de posibilidades desarrollo y crecimiento que llegarían con el impacto económico derivado de esta millonaria inversión en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN 100), a unos 300 kilómetros al este de estas playas”, señala el comunicado.

Vale recordar que el proyecto, impulsado desde el Gobierno nacional y asignado para su ejecución a una sociedad compuesta por YPF y empresas privadas, genera según el puerto “enormes expectativas en la ciudad y zona no solo por los recursos derivados de manera directa por el posible hallazgo de petróleo y/o gas en este sector de la plataforma submarina del Mar Argentino, sino por la demanda de mano de obra y servicios que tendrá para Mar del Plata, que sería principal base logística del operativo”. El puerto de Mar del Plata tiene especiales “expectativas sobre esta exploración de gas y petróleo costa afuera a partir de los muy buenos antecedentes en otros puntos del continente y países del mundo, donde estos despliegues generaron una transformación radical de la dinámica productiva, con multiplicación de empleo en las más variadas áreas y rubros en función de su impacto en distintos sectores de prestaciones de servicios y provisión de insumos”.

Además, se asegura que tiene un potencial adicional puesto que “aquí se concentran industrias que quedarían involucradas de manera directa en este proyecto como los astilleros y talleres navales, fundamentales para la atención y mantenimiento de embarcaciones afectadas al operativo de exploración en alta mar, y la de equipamiento para la búsqueda y extracción de hidrocarburos. Las empresas son protagonistas en el mercado internacional y tienen asiento en el Parque Industrial General Savio de nuestra ciudad”. Durante la audiencia pública desarrollada hace seis meses, convocada por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, se escucharon opiniones de casi 700 representantes de organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, instituciones académicas y expertos en energía, con mayoría de voces favorables para este proyecto en función de mínimos riesgos y gran potencial de beneficios.

La ex concejal radical Cristina Coria se convertirá en la vicepresidenta de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, según pudo saber este medio. Días atrás, el Ejecutivo local envió en un sobre cerrado al Concejo Deliberante, con su candidato para ocupar la vicepresidente de ese organismo. El cargo se encontraba vacante desde el momento en que dejó el mismo Fernando Navarra, en mayo del año pasado como consecuencia de la ruptura entre el intendente Guillermo Montenegro y el ex senador bonaerense Lucas Fiorini y el concejal Alejandro Carrancio. Coria, concejal radical durante tres períodos, aprobada su designación por el Concejo Deliberante, acompañará en OSSE a Carlos Katz (presidente), Daniel Díaz (director titular) y Mario Ricciuto (síndico titular).

Pese a la oposición de los concejales de Acción Marplatense y la abstención de los ediles del Frente de Todos, el oficialismo de Juntos por el Cambio, más el aporte de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, logró aprobar la polémica regulación de los decks. Los mismos deberán adaptarse antes del 30 de abril, mientras mayoritariamente, los marplatenses, al menos en las redes sociales y en los comentarios de los portales informativos, parecen rechazar la “habilitación de sucursales de los bares y restaurantes en las mismas veredas”. Contrariamente a lo sucedido en La Plata, donde el intendente Julio Garro convencido de que los decks fueron utiles en la pandemia ya habiendo cumplido su ciclo, y ante los accidentes que allí se registraron, decidió que en marzo próximo sean levantados definitivamente, en Mar del Plata no sólo continuarán sino que hasta podrán techarse, incluso, claro está, aquellos que se instalaron incluso terminada la pandemia.

El miembro informante del oficialismo, Fernando Muro (Vamos Juntos), reconoció que “se han cometido excesos”. “Eso lo hemos visto todos, y este proyecto viene a ordenar esta situación. Queremos seguir defendiendo el trabajo, pero hay que hacerlo en forma ordenada, así que se han incorporado muchísimas cuestiones en el proyecto que tienen que ver con el diseño, la disminución de la polución visual, la seguridad, la incorporación de verde, la seguridad vial, los tamaños y dónde pueden estar ubicados y no”, enumeró. “Es un proyecto con mucha perspectiva que ya ha sido apropiado por los marplatenses y por quienes nos visitan”, resumió. Horacio Taccone (Acción Marplatense) se mostró en desacuerdo. La calificó como “una decisión equivocada” porque “no es sostenible en el tiempo” y “no es para toda la ciudad”. “El programa Comemos Afuera fue para la pandemia y nosotros lo apoyamos vehementemente. Nos sirvió a todos”, dijo, pero enseguida apuntó: “No se trata de oficializar la emergencia para siempre arrebatando espacios públicos de todos para algunos. Se trata de que Mar del Plata crezca mejor para que la gastronomía, la industria textil y las mil y una actividades que se desarrollan en la ciudad crezcan, pero todas”.

En tanto, Marina Santoro (Frente de Todos), también remarcó que la oposición impulsó los decks y los corredores gastronómicos (uno de ellos fue su ex compañero de bloque Marcos Gutiérrez) en la pandemia. Dijo que en ese momento eran “una solución” y que las estructuras generan empleo, pero aclaró que luego el Ejecutivo incurrió en “graves problemas de implementación”. “Esto evidencia cómo algo que puede estar bien pensado y surge con todo el espíritu de que sea una solución para los marplatenses y los batanenses termina siendo un problema para la comunidad”, indicó. Mencionó estructuras montadas que no cumplían con lo establecido, inconvenientes en el tránsito, reducción de lugares de estacionamiento y falta de higiene urbana.

Pese a haber votado en la misma sintonía, hubo chispazos entre el concejal Agustín Neme (presidente del bloque) y su par Alejandro Carrancio, (ex presidente del bloque) hoy libertario. Carrancio realizó una cuestión previa denunciando el incremento de la planta municipal durante la gestión del intendente Montenegro. El concejal profundizó la información y sostuvo que en septiembre de este año el personal alcanzó la cifra récord. Contando los funcionarios hay 7.955 empleados municipales, sin ellos 7.865. Así enfatizó que la gestión de Montenegro ingresó 1086 agentes municipales en tres años. Con ahínco remarcó: “Hoy transcurrimos el día 1085 de la gestión Montenegro… tenemos a razón de un ingreso por día…” A la vez denunció que conforme la escala salarial básica del mes de septiembre los ingresos tienen el costo mensual de $100.042.798. Si ese costo mensual lo multiplicamos por 13 meses que se abonan anualmente con el aguinaldo, esto arroja: la suma de $1.300.556.371,92.

En tanto, el concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme, respondió señalando que con los datos a los que todos los ediles tienen acceso, al día de hoy “hay 60 agentes municipales menos trabajando que en diciembre de 2019[, precisando que esto “tiene que ver con la austeridad que el intendente Guillermo Montenegro marca como política local”. Añadió que no hay ningún incremento de la planta municipal y filoso disparó que “acá no crecieron un 140% los cargos políticos como sucede en la provincia de Buenos Aires, acá no se incorporaron 45 mil empleados públicos ni se crearon 20 organismos como en la Provincia. Algunos intentan hablar en nombre de otros que no pueden hablar”, concluyó Neme, Unidos por los decks, separados por los números.

La seguidilla de salideras ocurrida en la ciudad, con epicentro en el banco Provincia de Peatonal y Córdoba, causa doble preocupación en las autoridades, primero porque esos hechos ocurrieron y, segundo, porque tomaron estado público. Muy probablemente el último de los asaltos -si es que no ocurrieron otros- pudo haberse evitado. Nos referimos al del médico Enrique José Naudeau, quien resultó gravemente herido en un ojo al convertirse en víctima de la cuarta salidera. Pero como los anteriores hechos fueron ocultados por las autoridades, se privó a la comunidad de contar con información que le permitiera prevenirse. Curioso manejo informativo que deberá ser tenido en cuenta cuando se difundan esas auspiciosas estadísticas donde el delito se encuentra en eterno descenso…

¿Ultima posibilidad de los ahorristas para recuperar sus inversiones en Andorra por la causa Jonestur?. La cuestión ventilada tiempo atrás en torno a la situación de ahorristas que poseían sus fondos en cuentas internas de la firma Jonestur en Mar del Plata y que imprevistamente y sin consulta previa fueron giradas a la Banca Privada de Andorra (BPA) de ese país; se encuentra en una crucial etapa. En abril del corriente año los directivos de Jonestur Sres. Oscar Rígano, Marisa Ramaglio, Fernanda García Navarro y demás imputados en la causa penal que tramita ante el Juzgado Penal nro. 2 de Andorra por lavado de dinero y defraudación; prestaron declaración ratificando que el dinero existente detectados en cuentas bancarias a nombre de sociedades extranjeras abiertas por la firma Jonestur, es de propiedad de aproximadamente 2.000 ahorristas y no de la firma Jonestur cambiando así el alegato que desde el 2015 expusieran a las autoridades bancarias y judiciales de Andorra. Ese reconocimiento tuvo un vuelco importante en el pensamiento de la jueza y fiscal actuante en cuanto a que sería quizás procedente devolver el dinero retenido en esas cuentas sólo y exclusivamente a los titulares que se presenten a alegar y acreditar que le pertenece.

El abogado local Julián Vespa es quien en forma conjunta con colegas que actúan profesionalmente en el Principado de Andorra, Gema Martinez y Anna Sole, han llevado adelante las presentaciones de los damnificados. En consulta recientemente efectuada al citado profesional el mismo ha confirmado que efectivamente hay una esperanza que el dinero pueda ser devuelto a los damnificados. Pero sólo a quienes hasta la fecha se hayan presentado con un letrado a justificar su tenencia dentro de la causa penal que tramita en Andorra. Porque es allí en donde están los fondos embargados. A consulta efectuada de cual sería el riesgo para aquellos damnificados por Jonestur que no se presenten a efectuar su reclamo, el profesional fue contundente al afirmar que “el Estado de Andorra ha comunicado que a fines de 2022 se opera el cierre-liquidación del BPA. Las colegas con las que trabajo este tema en Andorra me han informado que quienes no se presenten personalmente en la causa a hacer valer sus derechos sobre el dinero que les corresponde, no podrán a futuro hacerlo por el estado de liquidación en el que entrara la entidad bancaria. O les será casi imposible…”.

También y ante trascendidos que sería nuevamente Jonestur quien recuperaría todos esos fondos en nombre de los ahorristas fue contundente al considerar que “los únicos legitimados a recuperar el dinero son los titulares del dinero. Y ello por cuanto son quienes se presentan en la causa penal en Andorra a reclamar por sus fondos y complementado esto por que los propios imputados Rígano, Ramaglio y García Navarro han ratificado en declaración realizada en la causa penal que el dinero no les pertenece. Que es de los ahorristas. La ley y la lógica se impone en cuanto a que el dinero debe volver sólo a quien es su dueño y no a terceros. Y el plazo para ejercer esta devolución estaría venciendo a fines de 2022”, concluyó.