Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, cuestionó a la exgobernadora María Eugenia Vidal por afirmar que el Ejecutivo decidió liberar presos durante la pandemia de coronavirus. En contrapartida, la funcionaria señaló que esa decisión fue adoptada por el procurador Julio Conte Grand.

"La impunidad con la que la exgobernadora exorgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico", aseveró Rey a través de las redes sociales y agregó: "Repite 'liberaron miles de presos' cuando fue su ex secretario Legal y Técnico devenido en Procurador, Julio Conte Grand, quien firmó la resolución que lo indicaba".

La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite “liberaron miles de presos” cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba. pic.twitter.com/yCo3HbbJUO

— Jesica Rey (@JesicaRey) November 10, 2021

Cabe reponer que en la noche de ayer, durante una entrevista televisiva y al referirse al crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía durante un robo, la exgobernadora María Eugenia Vidal aseguró que hay una "decisión política de no ocuparse de la seguridad" e indicó que "es imposible que mejore si liberás miles de presos".

En respuesta a esos dichos, la funcionaria del Gobierno de Axel Kicillof adjuntó en tweet imágenes de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte en la que da cuenta de que el 16 de marzo del año pasado, Julio Conte Grand instruyó a los defensores oficiales a que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva para "los privados de la libertad que, de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".

Jesica Rey también publicó el artículo 2 de la misma resolución, en la que se ve que Julio Conte Grand indicaba a los agentes fiscales que, a la hora de expedirse sobre requerimientos de medidas de prisión con detención domiciliaria y de morigeración de la prisión preventiva, "evalúen prioritariamente los casos de quienes requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19".