Por Ramiro Melucci

A principios de mes, en declaraciones radiales, el presidente del Parque Industrial, Alberto Chevalier, destacó un dato del impacto que producen los acuerdos políticos en el sector privado: dijo que la aprobación unánime en el Concejo Deliberante de la cesión de tierras para la radicación de la fábrica de papas prefritas congeladas Lamb Weston motivó el interés de otras empresas por Mar del Plata.

Ese acuerdo, sin embargo, no fue ponderado la semana pasada en la firma del acta en que la multinacional selló su ingreso al distrito. El intendente Guillermo Montenegro resaltó, en cambio, el rol de su principal socio político: el radicalismo. Fue cuando mencionó “el acompañamiento de Marina” (por Sánchez Herrero, la presidenta del Concejo) a la ordenanza.

Para la oposición dejó las críticas: pasó factura por la obra no concluida del gasoducto, a cargo del gobierno nacional –articulador de gestiones para la llegada de la propia Lamb Weston–, y marcó la necesidad de ampliar el cupo de la pesca en el marco del Consejo Federal Pesquero. “Esperemos que se haga, porque hasta ahora no he sentido que haya una oposición que construya este tipo de soluciones”, disparó.

La referencia a las demoras en la terminación del gasoducto tuvo todo el aspecto de un contragolpe. Una hora antes, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, había firmado con la CGT local un convenio de capacitación laboral vinculado a la exploración petrolera. No faltó el mensaje para el jefe comunal. El funcionario comentó que en su provincia de origen, Neuquén, los intendentes se pelean para ver quién radica las empresas interesadas en invertir en Vaca Muerta.

Lo cierto es que el acto del Parque Industrial reflejó con nitidez un síntoma de estos tiempos: el de la conveniencia de remarcar las diferencias políticas por encima de los puntos en común. Lo que no quiere decir que los acuerdos no existan: allí está para testimoniarlos la adhesión de la Provincia a la Ley de Economía del Conocimiento, que beneficia a Mar del Plata y fue votada por consenso en la Legislatura bonaerense. “Por suerte la Provincia ya adhirió y aclaró que los distritos también son parte de la ley nacional”, comentó Montenegro al pasar.

Pero, en un momento signado por la incertidumbre económica y plagado de internas con vistas a 2023, los acuerdos políticos pierden protagonismo en el discurso, cada uno busca sacar su tajada y sobresalen los disensos, que los hay en abundancia, dentro y fuera de las principales coaliciones.

El intendente los sufre en el Concejo, donde los proyectos oficiales que más promociona (fotomultas, reconocimiento facial de prófugos, ordenamiento de la Zona Roja) no cosechan el respaldo legislativo que pretende.

Pareció asomar un indicio distinto en los últimos días, cuando la Comisión de Legislación retomó después de más de dos meses el debate de los proyectos vinculados a la Zona Roja. Sol de la Torre, del Frente de Todos, propuso una nueva letra, con elementos de la iniciativa que había redactado en noviembre del año pasado junto a Nicolás Lauría y algunos puntos del proyecto oficial.

Según indica, la Secretaría de Seguridad (que ya no tendrá al frente a Horacio García) debería acordar con quienes ejercen la prostitución en la vía pública “las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad en forma segura” en un lugar sin frentistas. Además, se abriría un plazo de 45 días para la recepción de solicitudes y la realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios en los cuales se podría realizar la actividad.

Pero la expectativa de consenso resultó un espejismo. El nuevo proyecto del Frente de Todos no incluye las multas y arrestos que establecía la iniciativa impulsada por Montenegro, claves para que haya un respaldo del interbloque de Juntos por el Cambio. Si no hay avances en las negociaciones, la definición quedaría, una vez más, a cargo de Acción Marplatense.

 Los acuerdos políticos pierden protagonismo en el discurso, cada uno busca sacar su tajada y sobresalen los disensos, que los hay en abundancia.

El paso del presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, sumó cortocircuitos en la relación del oficialismo con la oposición. El funcionario expuso ante las comisiones de Obras y Derechos Humanos sobre el estado de los cementerios municipales y las medidas de seguridad para evitar robos y saqueos.

Dijo de entrada que el vandalismo en los cementerios es una realidad de hace muchos años y que sucede en todo el país. También que la falta de mantenimiento no es de ahora. Aunque mencionó las obras y los refuerzos de seguridad que se hicieron o se están gestionando, los párrafos iniciales sonaron a excusas a oídos de la oposición.

D’Andrea fue cuestionado además por afirmar que los fondos que se precisan para poner en valor los cementerios, calculados en $ 250 millones, deberían generarse con aportes de la Provincia y la Nación. No lo logra cualquiera: indignó por igual a Acción Marplatense y el Frente de Todos.

El municipio tuvo una mejor noticia en otro conflicto: el de los taxistas. Simpetax, la entidad sindical que había promovido una “consulta popular” para mostrar su disconformidad con la implementación del GPS, dio un giro. Afirmó que acatará la decisión oficial. El gobierno ya tenía el respaldo de la Sociedad de Conductores de Taxis, la Asociación Marplatense de Autos Taxímetros (AMAT) y el Sindicato Unico de Peones (Supetax). Ahora se proyecta ante el municipio un horizonte más diáfano para exigir desde el mes próximo, cuando comiencen a renovarse las licencias, el sistema de posicionamiento global en las unidades.

El cambio de tendencia obedece a una variante que introdujo el gobierno. Les dio a los taxistas más opciones para incorporar el GPS. En un principio ofrecía el equipo de una empresa que cuesta entre $ 6000 y $ 8000, con un abono mensual de $ 400. Ahora, en consonancia con una ordenanza de 2009, abrió la posibilidad de que otras compañías ofrezcan en comodato los equipos con un abono mensual de hasta $ 1950.

El GPS es, para el gobierno local, el paso previo indispensable para solucionar las falencias del servicio. Una vez que todos los taxis lo adopten tendrá un mejor panorama sobre cuántos faltan de noche y los fines de semana. Con los datos en la mano definirá si es necesario habilitar más licencias. Y si le abre o no la puerta a Uber.