El Gobierno ultima los detalles del decreto para convocar las sesiones del Congreso. Quedarán habilitadas a partir del 20 de enero y, entre sus prioridades, no figura el tan anunciado proyecto que Alberto Fernández se había comprometido a enviar el 6 de diciembre
El Gobierno ultima los detalles del decreto para convocar a sesiones extraordinarias. Según trascendió anoche, quedarán habilitadas a partir del 20 de enero y, entre sus prioridades, no figura el tan anunciado Plan Plurianual, que Alberto Fernández se había comprometido a enviar el 6 de diciembre.
Más bien, el Poder Ejecutivo pondrá el foco en un paquete de iniciativas que buscan reactivar la economía, generar empleo y atraer divisas, además de la reforma del Consejo de la Magistratura.
En las últimas horas, desde Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Alberto Fernández ultima los detalles del decreto para convoca a sesiones extraordinarias. Las mismas, quedarían habilitadas a partir del 20, más precisamente, desde el 24, que es lunes.
LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI
Ahora bien, el temario sigue sin confirmarse pero los trascendidos son varios. Por un lado, el Gobierno, al menos en las últimas horas, descartó incluir en el temario al Plan Plurianual que el propio Fernández anunció -a través de un mensaje grabado- el día de la derrota electoral de noviembre.
"No es relevante si entra en el decreto de extraordinarias ahora", dijeron desde Casa Rosada, al tiempo que dejaron en claro que "se puede agregar en cualquier momento con otro decreto de ampliación".
De hecho, en los últimos días fue el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien le bajó el precio al asunto cuando, en una entrevista con Télam señaló, al ser consultado sobre su redacción que "es el acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo".
"Cuando lleguemos a ese momento en el que podamos firmar un acuerdo entre ambas partes, en ese momento se enviará al Congreso el programa plurianual que será básicamente ese acuerdo", dijo Guzmán.
Así las cosas, habrá que esperar a que avancen las negociaciones con el FMI para conocer la letra chica del proyecto.
REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Entre las iniciativas que el Gobierno intentará colar antes del primero de marzo sí se encuentra, en cambio, la reforma del Consejo de la Magistratura. El tema pasó a ser una de las prioridades luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la reforma impulsada 15 años atrás, nada menos que por Cristina Kirchner, cuando era senadora.
Días antes de conocerse el pronunciamiento del Máximo Tribunal, el Ejecutivo envió un proyecto de ley, que propone elevar de 13 a 17 los miembros del organismo para "mejorar y agilizar" los procedimientos de selección de magistrados.
LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
En tanto, el Ejecutivo también apunta a tratar antes del 1 de marzo una iniciativa que, hasta ahora, no fue presentada en mesa de entradas de ninguna de las dos cámaras. Se trata de la movilidad sustentable, que busca trazar una hoja de ruta para la eliminación de los motores a combustión en el parque automotor. Asimismo, la iniciativa fija como fecha límite el 2041 para la transición a autos eléctricos.
PROMOCIÓN DE HIDROCARBUROS
Paradójicamente, el nuevo régimen de promoción hidrocarburos, que quedó entrampado en el Senado por no contentar a los propios, a las provincias petroleras ni al sector empresario sería otra de las iniciativas que el albertismo buscará reflotar en la Cámara alta.
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
La ley de fomento al desarrollo agroindustrial, que presentó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández tras la carta bomba que redactó la expresidenta tras la derrota del 12 de septiembre también sería incluido en el temario.
En pocas palabras, el proyecto busca llevar a las exportaciones de u$s 65.000 millones hasta los u$s 100.000 millones al año. En ese sentido, incluye una serie de beneficios fiscales e impositivos para los productores.
LEY DE COMPRE ARGENTINO
Otro proyecto que probablemente forme parte del temario es la ley de compre argentino. Se trata de la iniciativa que modifica la normativa sancionada en 2018, establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.
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