En la referida addenda el intendente Montenegro y Aldrey Iglesias, daban por anulado el acuerdo transaccional que el empresario había firmado durante el gobierno del intendente Carlos Arroyo, quien por decreto había establecido la fijación de nuevos cánones actualizados, revisado concesiones y otros beneficios como exenciones y excepciones, que comprometían además a la firma Boldt, adjudicataria del permiso para la explotación de un casino frente al Hotel Hermitage.

El volumen del monto de la disputa es cuantioso, en perjuicio de la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires, y constituye un clásico ejemplo de la prebendas otorgadas por el Estado a favor de Aldrey Iglesias, durante el gobierno de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Gustavo Pulti.

La actualización de valores irrisorios por los permisos de las concesiones, la evasión del pago de tasas, impuestos nacionales y provinciales, resultaron un duro golpe institucional y económico para el propietario del multimedios La Capital.

Aldrey Iglesias ocupó definitivamente su acostumbrado lugar de privilegio, pero en esta ocasión por ser beneficiado con el adelanto de la aplicación de vacunas destinadas a otras personas, que se vieron privadas de acceder a inmunización, constituyéndose en el mayor escándalo ocurrido durante la pandemia.

Funcionarios y legisladores del oficialismo también accedieron a lo que se dio en llamar el vacunatorio vip, recibiendo duras condenas sociales, éticas y morales que llegaron a la tapa de los principales diarios internacionales.

“Hace un mes, el jefe comunal de Mar del Plata, Carlos Fernando Arroyo, firmó el decreto con el cual le quitó la concesión del emblemático lugar al empresario Florencio Aldrey Iglesias. “A partir de hoy no va a haber más poderosos, más empresarios dueños de nada”, dijo en conferencia de prensa. Luego de una larga negociación y el rechazo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se llegó a un acuerdo para continuar con el negocio costero.

El intendente Carlos Fernando Arroyo, brindó una conferencia de prensa para dar detalles de lo que se deberá pagar de ahora en más por el Paseo Las Toscas Hermitage. Estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro”, publicó la agencia INFOCIELO, dando cuenta de una acción de gobierno decidida por el ex intendente Arroyo, a través de un decreto disponiendo la anulación y modificaciones, que dejaban sin efecto privilegios y beneficios que tenían como beneficiario de bienes y recursos que administraban la municipalidad y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Se conocía entonces el acuerdo transaccional entre las partes, no obstante tras la asunción del intendente Guillermo Montenegro, el empresario Florencio Aldrey Iglesias arribó a un acuerdo formulado entre ambos, a través de una adenda firmada el 27 de noviembre de 2020 que volvía todo a fojas cero, es decir Florencio Aldrey Iglesias, lograba dejar sin efecto el acta transaccional firmada el 2 de mayo de 2019.

Sin embargo, las anulaciones y modificaciones acordadas entre Aldrey Iglesias y Guillermo Montenegro, requieren de la aprobación de la actual Comisión de Turismo, que en términos prácticos retrotraerían las actuaciones a la situación previa de la intervención del ex intendente Arroyo, a través del decreto que contiene el acta transaccional.

Ahora bien, este litigio contiene ásperas decisiones y conductas políticas, que no parecen ser resueltas a través de la Comisión de Turismo del HCD que no ha podido avanzar en el criterio que impulsa el intendente Montenegro, ya que el tema no ha podido ser tratado y por lo tanto continua en plena vigencia el decreto de Arroyo, acumulándose más incumplimientos e irregularidades que las detectadas por el gobierno municipal anterior.

Asimismo, trascendió el texto de una presentación que se encuentra a la firma y está  dirigido al Departamento Ejecutivo, al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Provincia y en el mismo se advierte los perjuicios hacia la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires, acentuando la responsabilidad de quienes acompañen resoluciones que dañen el interés general de los contribuyentes en sus distintos ámbitos.