El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, llegó a un acuerdo para que la firma privada Avalian brinde cobertura de salud a sus trabajadores municipales, tras la polémica ruptura con IOMA, votada en el Concejo Deliberante dos meses atrás.

Avalian es el nuevo nombre de la histórica ACA Salud, tras un rebranding. ACA Salud tiene 45 años de trayectoria y ha servido como herramienta de derivación y desregulación en el marco de distintos acuerdos, una maniobra absolutamente legal en la que una obra social terceriza su cobertura en una prepaga.

La versión salió publicada primero en el diario local “El Norte”, en una nota en la que se cita a "fuentes del gobierno local" para sostener que  "la ronda de consulta arrojó que la mayoría de los trabajadores ha manifestado su deseo de salir de IOMA y afiliarse a otra obra social o prepaga”, lo cual contradice abiertamente las declaraciones del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), Rodolfo Cecchi, publicadas por Buenos Aires/12 hace menos de una semana.

Entonces, Cecchi afirmó que la negativa había sido contundente, que para presionar a los trabajadores los habían ido a afiliar a sus casas pero se habían negado. Curiosamente, nadie vio el informe final de la consultora al que alude Passaglia, que no fue publicado en ningún sitio. Ni siquiera trascendió el nombre de la consultora que lo llevó adelante.

Horas más tarde, el propio intendente confirmó la novedad desde su cuenta de Twitter, donde estallaron las quejas. En su hilo, el intendente afirma que quien quiera continuar con IOMA podrá hacerlo, lo que es por lo menos inexacto. El convenio al que desadhirieron era colectivo, de manera que el que quiera continuar con IOMA deberá reafiliarse como individual, con una cuota mensual de al menos 11.600 pesos, bastante onerosa para los magros salarios que paga Passaglia.

Pero el problema mayor es el de los pacientes crónicos, que ahora quedan en situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de aquellos que sufren afecciones cardíacas, oncológicas, diabetes, movilidad reducida u otras que obligan a tratamientos de por vida y de alto costo: la ley de obras sociales no obliga a la nueva cobertura a tomarlos. La medida, presentada como a favor de la “libertad de opción”, favorece el denominado “descreme”, donde los pacientes sanos y rentables optan por una cobertura y los crónicos quedan donde están, pero debiendo abonar una cuota diferencial, generalmente inaccesible.

La resultante a corto plazo es el desfinanciamiento de IOMA o la pérdida de cobertura de quienes más la necesitan. Como también publicó este medio, IOMA invirtió en prestaciones en San Nicolás, durante 2022, 140 millones de pesos por encima de lo que recaudó. Pudo hacerlo porque tiene más de dos millones de socios a nivel provincial, lo que redunda en un determinado equilibrio actuarial y financiero. Ese equilibrio es, justamente, el que está en la mira del PRO, sobre todo de cara a las próximas elecciones.

IOMA cuenta con 2,2 millones de afiliados y es la segunda obra social del país por su volumen, sólo detrás de PAMI. Los trabajadores municipales representan alrededor del 15 por ciento de esa población.

Argumentos jurídicos

Desde el Poder Ejecutivo bonaerense explicaron que "la Ley de creación del IOMA N° 6.982 establece que son afiliados obligatorios los trabajadores de las municipalidades «que adhieran al presente régimen» y detalla que la «masa salarial municipal» para cada distrito es el resultado del producto del total de agentes municipales. De allí que la norma, al admitir la adhesión de las municipalidades a la ley provincial, sólo posibilita la adhesión masiva del personal municipal, no existiendo posibilidad alguna de adhesión parcial y, los aportes y contribuciones son destinados en su totalidad a la obra social provincial".

En paralelo, la Ley 23.660 regula el sistema de obras sociales nacionales, excluyendo a las obras sociales provinciales, y la totalidad de los aportes y contribuciones son destinados a la obra social elegida dentro de ese sistema, una vez deducido el aporte del Fondo de Distribución Solidario que ingresa a la Superintendencia de Servicios de Salud. Por tal motivo, “no pueden desviarse fondos de un sistema a otro sistema, pues en cualquiera de los casos constituiría un hecho ilícito".

En ninguna de las legislaciones se posibilita la libre elección entre los sistemas; la Ley del IOMA (6.982) solo admite la adhesión masiva, se añadió y se remarcó que "el principio de libre elección sólo es permitido en el Sistema de Obras Sociales Nacionales y dentro de las obras sociales que integran ese sistema (no otro, pues lo que prevalece es el sistema de cobertura social al cual se adhiere). Es por ello que el sistema nacional es incompatible con el sistema provincial y sus funcionamientos son regidos por sus propias normativas, no existiendo modo alguno que permita que los trabajadores permanezcan o sean adheridos en forma obligatoria en ambos sistemas en forma simultánea", concluyeron desde el Gobierno.

Veto en Tigre

En paralelo, autoridades de la Municipalidad de Tigre anunciaron que vetarán la ordenanza antiIOMA votada la semana pasada por la oposición. Juntos por el Cambio tiene 11 de los 24 ediles que conforman el cuerpo, además de contar con la presidencia, en cabeza del actor Segundo Cernadas, que definió la votación que aprobó la norma. 

"El Poder Ejecutivo del Municipio de Tigre, en uso de las facultades de las que está investido por la ley, ha resuelto vetar la ordenanza votada por el HCD denominada por sus autores "Libre elección de cobertura médica" en relación a la obligatoriedad de la afiliación a la obra social provincial IOMA", anuncia el comunicado municipal que agrega: "Esta decisión se basa principalmente en que dicha ordenanza no alcanzó los consensos básicos que son necesarios en el sistema democrático, no fue discutido por la ciudadanía y sobre todo por los trabajadores y por lo tanto, se votó en forma dividida que resultó en un empate y que se terminó aprobando por el voto del titular del cuerpo".

"Además, esta propuesta se trató y votó sin haber realizado ningún tipo de consulta con los propios interesados, algo que es fundamental y que debemos tener como prioridad", explica el comunicado. 

"Dispondremos la conformación de una comisión con distintos prestadores públicos y privados, para poner en la agenda ciudadana las dificultades del acceso a la salud de todos los tigrenses, no solamente de los agentes municipales", agregan desde el Ejecutivo tigrense. 

Por último, recuerda que "la ordenanza en cuestión es inconstitucional, ya que entra en conflicto directo con el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto establece que el sistema de seguridad social estará a cargo de entidades administradas por el Estado; además de colisionar con diversas leyes nacionales y provinciales".

Tigre construye actualmente un hospital municipal de alta complejidad, similar al de "El Cruce" de Florencio Varela, un proyecto de dos etapas que incluirá 600 camas en 25 mil metros cuadrados, en terrenos donde, desde hace más de 30 años, funciona un polideportivo municipal.