La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante votó ayer una moción para pedir al fuero contencioso administrativo una acción declarativa de certeza, con la que intentará saber cómo proceder ante la inclusión, por parte del bloque radical, de un concejal al que no le tocaba asumir según el listado de suplentes.

La propuesta, impulsada por la bancada del Frente para la Victoria, fue aprobada por unanimidad. Esto quiere decir que, además de Acción Marplatense, el kirchnerismo y el Frente Renovador (el representante de la Agrupación Atlántica se retiró antes de que concluyera el encuentro), también tuvo el respaldo del radicalismo. De los dos concejales de ese bloque en la comisión, Mario Rodríguez votó a favor y Cristina Coria, a la que apuntaron las críticas del oficialismo por su condición de presidenta de bancada, se abstuvo.

"Con esto buscamos tener un panorama más preciso para determinar qué medidas tomar", dijo a LA CAPITAL el presidente de la comisión, Cristian Azcona (Frente Renovador).

La polémica se desató en abril, tras la presentación de una nota de Roxana Morrone en la que decía que nunca se la había citado para ocupar una banca en el Concejo. A Morrone, que no es radical, le correspondía reemplazar a cualquier edil de ese partido en virtud de la alianza electoral que la UCR hizo con el espacio de Francisco De Narváez en 2011. Sin embargo, cuando en diciembre de 2014 y marzo de este año concejales radicales pidieron licencia fueron reemplazados por Gonzalo Quevedo, que también aperecía en aquella lista de 2011 pero detrás de Morrone.

La intervención que pidió el Concejo de la Justicia marca que no le alcanzó con el dictamen solicitado a la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para determinar los pasos a seguir. En su informe, el organismo estableció que la situación, ?amén de significar una evidente violación a la voluntad del voto popular plasmada en la elección general referida?, podría llegar a generar también ?algún grado de responsabilidad en los términos de los artículos 241 y 242? de la Ley Orgánica de las Municipalidades ?respecto de los funcionarios municipales involucrados o que tuvieron intervención decisoria en el ?irregular? reemplazo de concejales?. Pero no sugirió que se tome ninguna medida.

En la reunión de ayer, Acción Marplatense propuso que se dejaran sin efecto los artículos de la presidencia del Concejo que "incorporaron irregularmente" a Quevedo, se intimara al bloque de la UCR a garantizar los mecanismos para que lo cobrado por ese concejal "sea restituido a las arcas municipales", se amonestara a la titular del bloque y se citara a la comisión para dar su descargo a Nicolás Maiorano, que era el presidente del Concejo cuando se produjeron los hechos. Buena parte del debate giró en torno a estas mociones, pero finalmente la única aprobada fue la de consultar a la Justicia.

El encuentro fue por momentos un festival de críticas cruzadas y chicanas. "Parece que el Concejo se viene abajo, pero acá lo que se viene abajo son las finanzas del municipio", disparó Coria. "Están intentando instalar un caos legal y administrativo con la clara intención de hacer un daño político. Y tengo que escuchar que una integrante del bloque oficialista que no presenta un proyecto ni disfrazada de orangután me llama mentirosa", agregó.

La alusión fue para la presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, que un día antes había dicho que Coria "le ha mentido a todo el cuerpo deliberativo para alterar el orden natural de quien debía ser el reemplazante".

"Buscan generar un problema donde no lo hay", respondió Coria, y aseguró que con el tratamiento de este tema ella y sus pares están "defraudando" a la sociedad porque deberían "trabajar sobre lo que le preocupa a la gente".

Pablo Retamoza, el kirchnerista que presentó la moción para pedir una declaración de certeza en el fuero contencioso administrativo, argumentó: "Está claro que los candidatos que no resultan electos son los suplentes. Si uno no respeta esto está violentando la voluntad popular". Y recordó que el presidente del Concejo "debe velar por las normas". "Para nosotros -interpretó- hay un acto de ilegalidad".

"Lamento que la UCR no reconozca un error", cuestionó José Cano (Agrupación Atlántica), y se retiró antes de que terminara la reunión.

"Esto se llama profecía autocumplida. Dijeron que el tema iba a empeorar y lo están haciendo", defendió Mario Rodríguez la postura radical. "Pero están instentando instalar que tiene riesgo constitucional algo que no lo tiene", indicó. Y pidió que "algunos modifiquen esta actitud de llevar todo hasta octubre", con lo que dejó entrever que no es casual que el oficialismo plantee el tema en la antesala de las elecciones.