"Por estos días circula información extra oficial, respecto a funcionarios de la provincia que han viajado a la sede del BNDES por el renombrado crédito del acueducto, manteniendo los mismos una reunión con la conducción del Banco Nacional de Desarrollo para formalizar el desistimiento del Chaco del crédito de 47 millones de dólares, ante las demoras causadas por la evaluación de la empresa OAS proveedora de caños ante hechos de corrupción de esta empresa encargada del acueducto", reveló el diputado radical.

En ese sentido, Gutiérrez expresó que "sigue siendo esto un material de ocultamiento de parte del gobierno provincial, no se sabe las gestiones que se realizaron en el país vecino", y agregó: "No sabemos qué papeles se firmaron y simplemente existe un rumor periodístico de que fueron a tratar de conseguir la recisión del contrato”.

El legislador de Cambiemos emarcó que esta gestión "nosotros solicitamos que se hiciera antes de sancionar esta nueva ley, la cual se termino sancionando con los votos del oficialismo; por lo tanto de haber ocurrido esto evidentemente teníamos toda la razón del mundo en solicitar la documentación necesaria a los efectos de que la provincia no sea sometida a un juicio en los tribunales de Río de Janeiro”.

"Es lamentable que el gobierno no dé una versión oficial de qué fueron a hacer y la documentación que firmaron; si la provincia quedó desobligada o no", afirmó Gutiérrez, y agregó: "Lo único que saben hacer es criticar a la oposición pero no clarifican una sola acción de gobierno , solo se han dedicado a pedír créditos durante todo el año, no han gestionado bien la cuestión económica de hecho muchas provincias están pagando un bono de fin de año a los empleados públicos y acá se habla de déficit y deuda para cubrir el déficit.".

“Cuando solicitamos el desistimiento del contrato con BNDES, nos dijeron que estábamos equivocados, pero parece que tuvieron que ir a pedirlo; además de asegurarnos que la obra ya empezaba y que por eso existía apremio. Sin embargo, la misma iniciaría recién en febrero, así que no había ninguna urgencia en la aprobación de la nueva ley, luego de 18 meses de inactividad”.