El fiscal Juan Carlos Carola había denunciado al exgobernador Jorge y sus ministros Violo y Varela se encuadren en el abuso de autoridad, incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, administración fraudulenta y falsedad ideológica en relación a la actuación en la obra del Acueducto Norte. Fue porque no llamaron a otra licitación cuando se cayó la preadjudicación  y porque la adjudicación fue con otras condiciones en relación al pliego.   

El fiscal Máximo Paulucci archivó la causa contra el exgobernador Oscar Jorge y los ministros Sergio Violo y Jorge Varela por las irregularidades en la obra del Acueducto del Río Colorado Norte.

La decisión del fiscal se produjo el pasado 18 de septiembre. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola se opuso, con un extenso y duro escrito, al archivo.

El fiscal Máximo Paulucci sostuvo que las irregularidades en el expediente “fueron manifiestas” (“teniendo la publicidad que s le ha dado al trámite de adjudicaicón”, dice el fiscal) pero que no deben ser alcanzadas por el Derecho Penal.

Paulucci dice que tampoco se puede acusar a Jorge de incumplimiento de los deberes de funcionario púbico. La acusación -de Gigena y del fiscla Carola- era porque Jorge no reinició todo el acto administrativo una vez que se cayó. Además que Jorge, Varela y Violo no podían desconocer que la preadjudicación que firmaban no era la que conformó el Tribunal de Cuentas y que se apartaban del pliego.

Por eso el fiscal Paulucci sostiene que la resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (133/10) del 19 de mayo de 2010 que “de no formalizarse la operación de crédito, la preadjudicaicón en este acto instrumentada quedará sin efecto, no dando lugar al derecho, acción, reclamo ni indemnización alguna”.

Por esa cláusula la preadjudicación deviene nula y el Decreto 34/13 deviene nulo. Y que el gobernador Carlos Verna revocó el decreto 34/13 por razones de “ilegitimidad”.

Esta FIA realizó una crítica concreta y razonada a los argumentos vertidos por el Fiscal General (MPF) en momento de “archivar” la denuncia formulada respecto de los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y solicitó se revoque ese archivo y se continúe con la investigación.

La FIA sostuvo que con su actuación el exgobernador Jorge (en relación a la figura de abuso de autoridad) sustrajo el expediente de la obra del recorrido natural para beneficiar a la empresa preadjudicataria en desmedro de las otras oferentes. Y destacó que Jorge tenia mucho conocimiento administrativo: al igual que Varela y Violo, la FIA considera que sabían que no podían firmar el decreto de adjudicación.

Dice que hubo un “ardid” y un perjuicio, el monto del 10% de adelanto financiero que aun reclama Supercemento.

La FIA asegura que se violaron las leyes de obras Públicas Nº 38, la de Contabilidad Nº 3, la del Tribunal de Cuentas Nº 513/69 y la ley Orgánica de la Asesoría Letrada de Gobierno.

Remarca Carola -con dureza- que “el razonamiento del señor Fiscal no se condice con lso hechos acreditados en el expediente administrativo Nº 1970/ 08 y en laresolución Nº 814/16 de la FIA”.

“No hay dudas respecto a la intencionalidad de actuar de forma ilegítima y a sabiendas que se estaban violando las leyes, y que se estaba beneficiando a una de las empresas en detrimento del resto de las empresas oferentes”, afirmó.

En relación al incumplimiento de los deberes de funcionario público, para el fiscal Carola resulta incomprensible que Jorge no haya rehecho el trámite. Y que lo desmuestra el hehco que no dio vista previa a la Tribunal de Cuentas para la firma del Decreto 34/13.

Otra de las figuras que pidió Carola se aplique al exgobernador Oscar Jorge y a sus dos ministros, es la deadministración infiel (artículo 173), una figura particular de la defraudación.Carola sostuvo que “del extenso análisis efectuado por Asesoría letrada de Gobierno y del TdC reflejado en el acta Nº 6863 surge con claridad que el funcionario firmante del Decreto 34/13 y los funcionarios refrendantes omitieron cumplir los deberes del cargo”.

Entre ellos dar vista al TdC pra el control previo con un nuevo proyecto de decreto y de contrato, diferente al oportunamente conformada por lacontrolaría fiscal y al del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Ademá “otro grave incumplimiento delos deberes a su cargo fue dejar constancia enel decreto que había sido ‘conformado’ por el TdC y que no había merecido observacones por parte de Asesoría Letrada Delegada”, señala la FIA.

El “engaño” dice Carola fue remitir a Asesoría Letrada Delegada y al TdC un proyecto de decreto de adjudicación y modelo de contrato  conforme al PBC logrando “dictámenes aprobatorios”.

“Una vez lograda la conformidad tres años después de dicta el Decreto 34/13, claramente diferente a lo oportunamente conformado. Pero se genera el engaño al insertar enel texto del decreto que se había obtenido previamente el ‘no observado’ de la Asesoría Letrada Delegada y el ‘conformado de la Controlaría Fiscal del TdC”, dice Carola.   

La FIA además le solicitó al fiscal Paulucci “el análisis e investigación por los presuntos delitos de «administración fraudulenta» y «falsedad ideológica», los que no fueron tratados en la resolución del Ministerio Público”.

La obra y la denuncia

La FIA denunció el 3 de octubre de 2016 la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, administración Fraudulenta y falsedad Ideológica. Lo hizo a partir de una nota presentada por un funcionario del gobernador Carlos Verna, el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Gigena.

La obra del Acueducto se firmó en el año 1996 entre el expresidente Carlos Menem y el exgobernador Rubén Marin. Inicialmente con un presupuesto 180 millones de dólares, iba desde Pichi Mahuida a Pico. Se adjudicó a un empresario, Victor Gualtieri de un crecimiento reciente y vertiginoso durante el menemismo. Pero fue un fiasco, con enormes problemas financieros y de construcción apenas pudo llegara Santa Rosa. Se inauguró en el año 2004.

En 2008, el gobernador Oscar Jorge firma un convenio con la secretaría de Obras Públicas par obtener financiamiento para la concreción del Acueducto Norte.

El 14 de abril de 2009 suscribió el decreto Nº 589/09 por el que llama a licitación nacional e internacional para la ejecución de esa obra. Después firma un convenio particular con el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento) para el cual el organismo se compromete a brindar el financiamiento necesario, con carácter de “no reintegrable”. Un parte del financiamiento sería con recursos del ENOHSA y otra la debía proponer el oferente con la aprobación de un crédito público.

A través de un resolución en el año 2010, la obra se adjudicó a la UTE Supercemento y la brasileña OAS. El Consejo de Obras Públicas y la asesoría delegada mediante Nº 274/10 recomendaron adjudicar la obra, sin hacer observaciones legales.

El contrato inicial fue observado por el Tribunal de Cuentas que le dio la conformidad a partir de la corrección.

El 13 de febrero de 2013, el exgobernador Jorge adjudica la obra del acueducto norte a Supercemento S.A. por el monto de la oferta, se aprueba el modelo de contrato y se requiere al adjudicatario que tramite el otorgamiento a favor del Estado argentino del financiamiento ofrecido. Esa parte la aportaba OAS, a través del banco brasileño BNDES, el Banco de Desarrollo.

El 28 de octubre de 2013, el ENOHSA informa que ministro Varela informa que el trámite de calificación del crédito para la obra estaba vencido desde junio de 2010.

Jorge elevó una nota al ministro Kiciloff por el estado de negociación entre el estado nacional y el BNDES y le responden que las negociaciones estaban en proceso y por la complejidad no sería viable el crédito en corto plazo. El gobernador pampeano plantea que se desista de ese financiamiento y que el Tesoro nacional solvente la obra.

En abril de 2015 el ENOHSA informó que era viable financiar toda la obra. Y que se haría con caños nacionales. El monto de la obra asciende a $ 1.365.532.702.

El 2 de julio de 2015 se inició la obra (con la orden de servicio Nº 1) y el 3 de julio la empresa pidió la redeterminación de precios de la obra y el anticipo financiero del 10%. El 17 de julio de 2015, la empresa pidió una ampliación para cumplir la orden Nº 1. A partir de allí empezaron las sanciones y la obra se paralizó. El 31 de agosto la empresa pide la paralización o ajuste del plazo por el cambio de la provisión de cañerías (argentinas por brasileñas).

El 22 de septiembre de 2015 la pidió que se paralicen los plazos contractuales de la obra. Jorge firma ‘ad referendum’ un acta de paralización de obra, dejando claro que el contratista renunció a todo reclamo. La Cámara de Diputados, dominada por el vernismo rechazó ese acuerdo.

La asesoría letrada de Obras Públicas, emitió el dictamen 18/16 donde dijo que desde el llamado a licitación hasta la preadjudicación no se advirtieron “trámites o vicios” que lo invaliden. Y que a partir del acto de adjudicación por Decreto 34/13 advierte una “absoluta, sistemática y encadenada violación a los antecedentes de hecho y derecho que debían justificar el actuar administrativo”.

Agrega que la adjudicación violó los antecedentes del Pliego de Bases y Condiciones.

Con este dictamen, el Fiscal de Investigaciones Juan Carlos Carola inició una investigación. Pudo determinar la violación del pliego, además que las irregularidades señaladas las auditoría interna y externa no fueron salvadas. Tampoco las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas. Los incumplimientos motivaron la declaración de nulidad absoluta y la revocación de los actos nulos. Con estos elementos, el fiscal Carola realizó la denuncia penal.