Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se refirió públicamente por primera vez a su proceder en el proceso penal que involucra a tres camaristas en lo contencioso administrativo: su hijo Sergio Gandur, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. El titular del alto tribunal desmintió la versión de “injerencia indebida” del fiscal Washington Navarro Dávila y de su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez, acusación que consta en la resolución que este último firmó el lunes. “Niego enfáticamente que haya existido una intromisión de mi parte en la causa (iniciada por la denuncia del empresario Jorge Mihelj)”, expresó Gandur ayer en un comunicado de 23 renglones.

“Mi actuación personal fue legal y legítima, como surge de las propias constancias del expediente. Por lo demás, sólo resta recordar la célebre frase que trascendió en 1921, en el periódico británico The Guardian: ‘el comentario es libre, pero los hechos son sagrados’”, consignó.

Gandur indicó que se presentó en la causa que maneja Navarro Dávila porque había sido “injustamente aludido” (por Mihelj) y porque la Fiscalía había ordenado medidas investigativas que afectaban a su persona (según se pudo averiguar, Navarro Dávila habría solicitado el legajo laboral e información patrimonial del presidente de la Corte). “No sólo aparezco mencionado (en la denuncia), sino que además soy afectado directo de medidas que se ordenaron (en consecuencia), lo que autoriza mi presentación a la luz del artículo 80 del Código Procesal Penal de Tucumán”, afirmó. Esa disposición establece que toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra.

Gandur sostuvo que, a los efectos de ejercer su derecho a defenderse, usó las vías previstas en la ley. Y manifestó que era Navarro Dávila, y no él quien actuaba en forma incorrecta o sobrepasando los límites. “Realicé infructuosos planteos ante el fiscal N°5 con la convicción de que interviene indebidamente en esas actuaciones: incluso lo recusé”, añadió. Como esos planteos no funcionaron, Gandur dijo que solicitó formalmente a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción N°3 de esta capital, que asumiera su competencia en la causa iniciada a mediados de febrero. “Hice esa petición dado que es el único órgano jurisdiccional competente según los artículos 14, 348 y subsiguientes del Código Procesal”, mencionó. Dichas cláusulas regulan el régimen especial previsto para los funcionarios públicos con fueros -como es el caso de Gandur-, que está a cargo de un juez de Instrucción (investigación jurisdiccional). El Código circunscribe la actuación del fiscal al análisis de si corresponde o no pedir la apertura de la pesquisa. Si escoge la primera alternativa, ha de indicar las condiciones personales del imputado; la relación circunstanciada del hecho y las diligencias útiles para la averiguación de la verdad.

Fiscal denunciado

Gandur rompió el silencio dos días después de que Jiménez divulgara la resolución que lo acusa de usar su investidura para intentar entorpecer el proceso que implica a su hijo, a quien Mihelj le atribuye un supuesto tráfico de influencias en favor de Inverbus, la empresa de transporte público capitalino que explota la Línea 11. El 31 de diciembre, esta firma obtuvo una medida cautelar de parte de Ruiz y de Castellanos: la sentencia frenó provisoriamente el traspaso de la concesión a Leagas, de Mihelj y Jorge Berretta, que había dispuesto el intendente Germán Alfaro.

El ministro público dijo que el presidente de la Corte no era parte en el caso penal y que había incurrido en “una clara extralimitación”. Del trámite de la denuncia de Mihelj se sabe que Navarro Dávila decretó el secreto de sumario, y que citó a declarar como testigos a un amigo de Gandur, el abogado octogenario Carlos Bravo; a Oscar Héctor Alonso y a Oscar Alonso (h), dueños de Inverbus SA, y a Sofía Gandur, una hija del camarista y nieta del jefe de la Corte ligada profesionalmente a la firma que retuvo la Línea 11. A su vez y en conexión con lo ocurrido en esta causa, los abogados Arnaldo Ahumada y Martín Gandur (también nieto del titular de la Corte) denunciaron penalmente a Navarro Dávila el 27 de abril por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.

EL ANTECEDENTE “HERRERA”.-La Asociación de Magistrados de Tucumán decidió mantenerse al margen de la acusación de intromisión indebida que el ministro público Edmundo Jiménez dirigió contra el presidente de la Corte, Antonio Gandur. Algunos jueces precisaron que la postura no implicaba desinterés ni ausencia de simpatías ni de intereses en el conflicto, sino la intención de evitar la reapertura de la grieta que generó la decisión de denunciar a los auditores del ex fiscal Guillermo Herrera, a quienes Jiménez había advertido que podría tener problemas si analizaban la serie de casos objetados (entre ellos, la causa “Teves”). Esa denuncia de la gestión del defensor oficial Roberto Paz produjo una sangría significativa de asociados, quienes habían comenzado a regresar a la entidad a partir de la llegada de la presidenta Marcela Ruiz.

Incomodidad burocrática.-Roxana Teves, la imputada que dice ser víctima de un grupo de jueces y abogados encabezados por el ministro público Edmundo Jiménez, entre ellos sus hijos Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, fue ayer a la Casa de Gobierno a pedir una audiencia con el gobernador Juan Manzur. La presencia de Teves no pasó inadvertida: algunos dicen que causó incomodidad y que varias oficinas dijeron que no podían recibir la nota que llevaba hasta que, por fin, la Secretaría Privada de Manzur puso el sello de ingreso al papel. El 17 de mayo, Antonio Gandur, presidente de la Corte, encomendó a la fiscala Adriana Giannoni que el caso “Teves” tramitara en un plazo razonable. Giannoni requirió la elevación a juicio del expediente en septiembre de 2015, pero el Juzgado de Instrucción N°2 (está acéfalo) aún no se expidió.