Integrantes de la organización ecologista bloquearon dos topadoras contratadas por la familia Canido, que produce la gaseosa Manaos. Las máquinas estaban realizando la deforestación de más de 10.000 hectáreas en el norte de Santiago del Estero.
Las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, Santiago del Estero – © Osvaldo Tesoro / Greenpeace
“Ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta fundamental proteger nuestros últimos bosques nativos. Es inaceptable que se siga avanzando con este gigantesco desmonte. Las topadoras de los dueños de Manaos ya arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Es un ecocidio que no debe continuar”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
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© Juan Pablo Eijo / Greenpeace
Las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, Santiago del Estero. Las máquinas fueron detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero. Los activistas de la organización ecologista se interpusieron entre las topadoras y el bosque; y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
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Desde hace una década la familia Canido viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas. Greenpeace ya los denunció en el año 2016. (1)
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“Hay una clara complicidad del gobierno provincial, ya que los dueños de Manaos tienen permisos para desmontar y producir ganadería en una zona donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite. La deforestación afecta a la rica biodiversidad de la región y el área de uso comunitario del monte de familias campesinas”, afirmó Giardini.
En la página excesodedesmontes.org se puede firmar la petición a la empresa para que frene el desmonte.
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Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos. (2)
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“Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.
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