La presentación de la contraoferta por parte de los bonistas en inminente. Pero también el blanqueo de su propia interna. Los principales fondos de inversión y tenedores de deuda argentina emitida bajo jurisdicción de Nueva York están separados según los bonos que posean. Por un lado, los acreedores con papeles emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri están cerca de consensuar una propuesta que incluye el menú ya conocido: mejoras en los tiempos e intereses y en la quita de capital, más algún “endulzante”. Por el otro, los acreedores con bonos emitidos durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2005 para salir del default del 2001 siguen enojados y reclamando un tratamiento diferenciado (léase, que se pague todo en tiempo y forma).

Además, mientras los primeros están más dispuestos a negociar y discutir contrapropuestas, los segundos son los que más consultan a los abogados que en algún momento defendieron la posición de los holdouts en los tribunales de los Estados Unidos en contra del país en el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, donde la Argentina, hay que recordar, perdió.

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Las diferencias de dinero que representan unos y otros son importantes. Así como el porcentaje de aceptación que se necesita para llegar a un acuerdo. En el grupo de tenedores de deuda emitida bajo el gobierno de Macri, que detentan unos u$s60.000 millones a renegociar, la aceptación para ser válida ronda entre el 66% y el 75%, dependiendo del combo de bonos que se tome. En el caso de la deuda emitida en la gestión Kirchner, la deuda suma unos u$s 8.000 millones (sólo 5.000 acumula el Discount), y para llegar a un acuerdo el nivel de aval debe llegar al 85%. Se supone que las exigencias de este grupo para alcanzar un convenio final serán mucho más exigentes e irreductibles que los primeros, con lo que no se debería eventualmente descartar un acuerdo definitivo en dos tiempos.

Dentro del Ministerio de Economía de Martín Guzmán se analiza esta alternativa con cierta simpatía. Como también la posibilidad de cerrar un acuerdo general con los que acepten alguna oferta final, y dejar abierto el plan de canje en el tiempo para los que se quieran sumar. Desde Nueva York, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), afirma que esta alternativa es arriesgada y que habilitaría eventuales presentaciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York donde antes reinaba Thomas Griesa y ahora maneja Loreta Preska.

En el primer grupo de bonistas, que poseen deuda emitida durante el gobierno de Macri, milita gran parte de los fondos de inversión más grandes del mundo que poseen deuda emitida por el país. Son el BlackRock, Ashmore, Pimco, Fidelity HBK Investments, Monarch, Pharo, Redwood Capital y VR Capital Group, todos distribuidos en tres agrupaciones y asegurando que detentan casi el 40% de la deuda total. En general proponen que el Gobierno deje de lado la propuesta de reducción del 5,4% del capital inicial, bajo un argumento sólido. Fueron los propios fondos los que le recomendaron a sus clientes que se inviertan durante 2016 y 2017 en papeles de deuda de la Argentina con intereses más que interesantes, y que ahora deben convencerlos de que “ganaran menos”, según la determinación del mensaje de Alberto Fernández.

Los fondos afirman que no es lo mismo comentarle a sus inversores que el capital se sostendrá (100 dólares seguirán siendo 100 dólares), que mostrarle un papel donde el capital original será menor, aunque sea un porcentaje mínimo. También proponen que el Gobierno reconozca algún tipo de pago extra atado a la suerte de la economía argentina de los próximos años, comprometiendo al país que si hay crecimiento futuro, también haya pagos extras a los tenedores de deuda que entren en el canje. Es el esquema que habilitó en 2005 el tándem Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, y que en los años posteriores a la salida del último default resultó un buen negocio para los privados (quizá no tanto para el Estado argentino). Como el Gobierno confía en que la reconstrucción de la economía argentina será positiva y que los que vienen serán años de crecimiento importante para el país, los bonistas quieren su parte en el esfuerzo.

También proponen una reducción en los tiempos de inicio de los pagos, abandonando el cronograma del último trimestre de 2023, para enero de ese año o en algún momento de 2022. O que al menos se consideren pagos parciales hasta que el cronograma de liquidaciones comience. Para Guzmán es una alternativa innegociable, ya que fue lo primero en lo que cedió el Gobierno para que la oferta original (y fallida) tenga condimentos agradables para los acreedores. Siempre se menciona en el oficialismo que no era un secreto que el plan primario era que los pagos comenzaran en 2024, cuando otro gobierno (o este mismo reelegido) estuviera en la Casa Rosada. Finalmente se habla de una mejora en el mix de intereses que propone el Gobierno, cambiando el esquema ascendente a una oferta más plana o menos agresiva. Y, si se puede, mejorar el promedio del 2,33% de la oferta original con vencimiento del 8-5 y que terminó sin mayores adhesiones.

Los tenedores de deuda emitida en 2005 para salir del default de 2001 son más agresivos y directamente reclaman que sean retirados del proceso de canje y que se les pague en tiempo y forma. O que el tratamiento sea especial y más beneficioso que sus primos tenedores de deuda emitida por Macri. Afirman tener mayores y mejores derechos que estos últimos ya que se trata de deuda “reperfilada que se quiere reperfilar”, y afirman tener documentos (videos) de la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, donde en 2010 (cuando se reabrió el canje del kirchnerismo con Amado Boudou como ministro de Economía), se aseguró que estos vencimientos serían siempre respetados, reconocidos y, fundamentalmente, liquidados en tiempo y forma. Afirman que estas grabaciones, ante un eventual juicio en el tribunal de Preska, es oro en polvo jurisprudencial.

En el medio comienza a circular una tercera alternativa, el “standstill”. Esto es, no cerrar ahora una acuerdo, patear la resolución para tiempos financieros, económicos y sanitarios más tranquilos (por ejemplo, último trimestre del año), elaborar una ingeniería financiera que le permita al país no caer en default; y comprometer a todos los actores involucrados (Gobierno, bonistas, abogados, bancos asesores y bancos colocadores) a volver a verse hacia septiembre. Por ahora, no es lo que quiere el Gobierno. Pero todo está sobre la mesa.