Tras la última reunión plenaria con los secretarios de Hacienda y Gobierno, Diego Touriñan y Claudio Jurdana, respectivamente, los concejales concluyeron ayer la redacción de la ordenanza marco con la que acompañarán la aprobación del convenio rubricado entre la Municipalidad y la operadora YPF por el canje de la deuda por Vdepim.

La misma será tratada en sesión extraordinaria convocada para esta mañana desde las 11 e incluye tres artículos mediante los que se estipulan los plazos estrictos y montos ya referidos en el convenio de los que la empresa dispone para efectivizar sus compromisos.

En tal sentido, el artículo 2 dispone concretamente que se exime a YPF, a partir del 1 de enero de 2014, del pago del canon al uso u ocupación de bienes de dominio municipal por ocupación de tierras fiscales para perforación de pozos hidrocarburíferos, “condicionándolo” al cumplimiento de lo normado en el convenio, referido al pago del equivalente del 1% de las inversiones de desarrollo que realice anualmente dentro de las concesiones de explotación de Campamento Central, Cañadón Perdido y Restinga Alí.

Se plantea además en el plazo estipulado de 90 días que las partes deberán elaborar los proyectos ejecutivos y memorias descriptivas que contendrán los plazos de ejecución y finalización de las obras comprometidas como resarcimiento para la ciudad, y que abarcan un gimnasio en la zona norte y una piscina.

El artículo de mayor relevancia para los ediles, según lo consignó el presidente del bloque de la UCR, José Gaspar, es la estipulación que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de YPF o Enap, el Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de accionar.

De tal modo quedó ayer planteado el texto final de la ordenanza y del análisis previo para su redacción, Gaspar subrayó que en los últimos años varios juicios vinculados al cobro del Vedepin se han perdido por prescripción y el resto de ellos permanecen ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que origina que la comuna no perciba en tiempo y forma los cánones pretendidos.

En este caso, la ciudad dispondrá en vez de una nueva judicialización el pago de 3.000.000 de dólares y la construcción de las dos infraestructuras mencionadas, además del 1% de las inversiones, equivalente aproximado a 155.000 dólares mensuales.

La ordenanza referida recibió algunos cuestionamientos en cuanto al peso específico que podría tener en el campo de obligatoriedades impuestas a la operadora, que rubricó un convenio que el cuerpo puede aprobar o no pero permanece ajena a la redacción de la norma y las condiciones que esta fija.

Sobre este punto, el concejal radical subrayó que los párrafos base de la ordenanza están ya establecidos en el convenio, como el plazo de 90 días o el 1% de las inversiones pero consideró que el texto a sancionar hoy resulta una instancia superior.

HONORARIOS NO

El único eje que no se planteará hoy es el referido al pago de honorarios a los diferentes asesores letrados de la Municipalidad (fondos regulados judicialmente) y que los ediles pretenden el desestimiento de los mismos por tratarse de funcionarios municipales.

Gaspar indicó que el tema quedó pendiente de análisis y que aún no han recibido el listado -oportunamente solicitado de quiénes fueron los diferentes letrados intervinientes. “Sería interesante tener los nombres para hacerles esta solicitud con nombre y apellido” dijo, y aunque supuso que la respuesta sería que es un trabajo y nadie lo hace gratis, “este es un trabajo que hicieron dentro del municipio, cobrando un sueldo oficial”.