Tras el último escándalo judicial que protagonizó el Consejo de la Magistratura al ternar a Ramiro Michel Cullén, cuñado del secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, para fiscal de cámara, el Colegio de Abogados de Salta decidió crear una comisión para controlar los concursos judiciales.

Es que no es el primer caso de este tipo que salpica al gobierno de Juan Manuel Urtubey y que pone en evidencia los avances del Ejecutivo sobre la Justicia.

El intento por colocar a Cullén como fiscal de la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Distrito Centro, terminó por confirmar los privilegios que El Tribuno denunció en más de un proceso selectivo.

Cullén no solo incumpliría los requisitos exigidos para acceder al cargo, sino que además no tiene experiencia en la Justicia y su postulación plantea contradicciones respecto de la ley 7.328 orgánica del Ministerio Público. Incluso la Resolución 899 del Consejo de la Magistratura, mediante la cual se lo ternó el pasado 13 de junio, expone vicios (se puede ver el documento en eltribuno.com.ar) que vulneran la igualdad de oportunidades de los postulantes.

Eduardo Romani, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, anunció ayer a El Tribuno que “a mediados de agosto se creará una comisión de seguimiento de todos los concursos judiciales que se den en Salta para que no haya sospechas, como está ocurriendo ahora”. Dentro de los cambios que se proponen desde la entidad, la reforma del sistema de elección del Consejo de la Magistratura es un objetivo central para evitar sospechas en las designaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Provincia.

“El sector político que está representado en el Consejo de la Magistratura debería reducirse y darle lugar a los académicos”, consideró Romani, quien hace días fue releecto presidente de ese colegio profesional. El letrado apuntó incluso contra la mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, elemento que genera las mayores críticas sobre ese órgano electivo de jueces y fiscales que, por mandato constitucional, debe ser autónomo e independiente.

Repercusiones

El informe que publicó ayer este diario, volvió a poner en evidencia los entramados familiares y políticos que se imponen en los concursos judiciales.

En las redes sociales los lectores opinaron sobre la desvirtuación en la elección de fiscales y jueces y manifestaron mayoritariamente su rechazo al manejo discrecional de la Justicia. Consultados sobre si creen que las selecciones son transparentes, el 81% respondió que no.

“Justicia adicta”

Desde la oposición también se hicieron sentir los ásperos reproches contra el Ejecutivo por la injerencia sobre la Justicia. Una de las voces más duras fue la de la senadora provincial del Partido Obrero, Gabriela Cerrano. La legisladora consideró que los que eligen a los jueces y fiscales, sin respetar las normas de transparencia en los concursos, “buscan una justicia adicta”. Cerrano fue más allá al declarar que los candidatos que califican para los cargos vacantes en la Justicia, “son los que coinciden con la visión conservadora de Urtubey”. Denunció que “la Justicia siempre está atada al poder político, y una muestra de ello es que las causas que rozan al Gobierno siempre quedan en manos de Maximiliano Troyano”, finalizó Cerrano en referencia al fiscal penal 4 de Salta.

La transparencia que no llega, POR HUGO KRASNOBRODA

Urtubey nombró como fiscales a Troyano y Buabse luego de que estos funcionarios responsabilicen a dos víctimas de abuso por la tragedia.

El amiguismo y el acomodo, que son exactamente lo contrario de la igualdad y la transparencia, se transformaron en una práctica cada vez más frecuente en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Esto no ocurre sólo con la entrega de viviendas para funcionarios ni con el uso de los bienes estatales para fines personales, sino también con la designación de jueces y fiscales. En ese ámbito, hace rato que no hay terna que no esté bajo sospecha.

Al gobernador no le tembló el pulso en su momento para nombrar como fiscales a Maximiliano Troyano y a Gabriela Buabse luego de que esos funcionarios responsabilicen a dos víctimas de abuso por la tragedia que sufrieron.

Tras esa situación, que rozó el bochorno y la desidia, quedó claro que Urtubey priorizó tener fiscales adictos a su Gobierno que idóneos ante los ojos de la opinión pública.

Esa modalidad parece haberse eternizado últimamente, pese al enorme costo político que le genera a la ya desgastada imagen del jefe provincial.

La transparencia de la que habló el mandatario la semana pasada en el lanzamiento de una oficina de control ciudadano para sincerar el mecanismo de entrega de casas del viciado Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), es la que no existe para elegir a quienes imparten justicia en Salta.

¿Habrá cambios en el sistema de elección como reclaman casi todos los sectores de la Provincia o se profundizará el escándalo con nombramientos que desprestigian al Poder Judicial de Salta?

Hasta ahora, para hablar en vocabulario futbolero, la segunda opción viene ganando por goleada.