Luego de que DIARIOJUNIO informara que existió un derrame químico en la planta potabilizadora de Obras Sanitarias en San Carlos, el día 29 de febrero pasado, producto de un aparente acto de negligencia de un empleado durante la guardia, que olvidó prendida la bomba dosificadora de policloruro de aluminio (PAC) que se usa para el proceso de decantación de residuos sólidos y que el accidente no fue informado a la comunidad como hubiera correspondido, a riesgo de provocar perjuicios para la salud de las personas y animales domésticos, esta mañana se llevó una conferencia de prensa en el municipio donde además de justificar el ocultamiento doloso que mantuvieron, se buscaron chivos expiatorios apuntando al conflicto gremial con los trabajadores de Obras Sanitarias, y a una “prensa irresponsable” que informó lo que ellos callaron y ahora minimizan comparando los niveles de pH en el agua contaminada con el de bebidas energizantes o gaseosas. Lo cierto es que existe una instrucción sumaria que omitieron mencionar -otra vez-, con número de expediente 21P/2024 contra el empleado que fue despedido. La misma señala:“...Esa desatención considero que debe recibir una sanción disciplinaria ejemplar, ya que no solo produjo un perjuicio económico debido al derrame de PAC, sino que también produjo un desmejoramiento en la calidad del agua potable por el desborde de PAC en la cámara de carga”. Es un hecho inobjetable que en el transcurso de tiempo en que se advirtió el incidente, se tomaron y analizaron las muestras, y se realizaron controles posteriores para finalmente descartar una contaminación peligrosa en el agua, y ante la denuncia de consumidores, SE ELIGIÓ OCULTAR LA INFORMACIÓN, omitiendo deberes de funcionarios públicos.

Este viernes, el intendente Francisco Azcué convocó a una conferencia de prensa junto al interventor de EDOS, Javier Del Cerro, y William Sosa, director del área de Operaciones del ente, para “brindar información certera a toda la comunidad y transmitir tranquilidad”.

Del Cerro confirmó la información divulgada por  “este medio irresponsable” -a su decir y al decir del intendente Azcué- al precisar que “efectivamente, existió un derrame el día 29 de febrero, entre las 21:00 y las 22:00” 

“Se puede decir que ocurrió y se controló rápidamente, ya que solo una parte alcanzó el agua en proceso de potabilización y la gran mayoría del derrame fue vertido al desagüe”, dijo el ingeniero Del Cerro para luego admitir que existieron, por lo menos, cuatro reclamos de usuarios por el estado del agua que salía de sus canillas. 

“Solamente tuvimos 4 reclamos de una población de entre 150.000 y 160.000 personas; dos fueron el viernes 1° y dos fueron el 4 de marzo”. Es decir, que a pesar de tener conocimientos de estos inconvenientes y acudir “rápidamente a los domicilios para hacer un análisis del agua” y evaluar que, a pesar de esto, el agua estaba “perfectamente apta para el consumo humano”, a pesar de que “había una cuestión del sabor, que cambió por una modificación del pH”, eligieron seguir sin informar a la ciudad.

Sin embargo, remarcó que “no pasó absolutamente nada grave que ponga en peligro la vida de alguna persona y, de hecho, no hubo ningún enfermo”, por lo que “nos molesta que algunos medios salgan con publicaciones que no responden a la verdad”.

¿Cómo determina el EDOS los motivos de los cólicos, vómitos, náuseas, síntomas de intoxicación, repentina caída del cabello, que puede haber padecido cualquier vecino o vecina de la ciudad, haya recurrido o no a una atención médica?

Mencionaron estudios negativos, pero no mostraron ninguno: ¿Se animarían a mostrar los del 29 de febrero? 

Por otro lado, en la conferencia de prensa evitaron dar números precisos de lo que ese supuesto 3 por ciento de derrame del producto significó en pérdidas económicas, porque según la documentación a la que tuvo acceso este medio, el empleado responsable del accidente fue despedido también por el perjuicio económico que causó, que se estima varias veces millonario. ¿Eso tampoco le incumbe a la sociedad? 

Por su parte, el ingeniero Ricardo Rosales, dijo que “la mayoría del pack -de policloruro de aluminio- que se derramó, estamos hablando de alrededor de 9 toneladas, fue derecho al drenaje”, por lo que “fue poca la cantidad que entró al agua”.

En ese sentido explicó que lo que se derramó equivale a un 3% de una compra que se hizo hace poco del material y debido a esto el pH del agua bajó de 7 a 4 puntos, motivo por el que se notó la astringencia (el sabor amargo del agua). 

El pH aceptable para agua potable varía entre 6.5 a 8.5 como valor guía. Por debajo de esos valores puede producir fatiga crónica, dolor y espasmos musculares,caída del cabello, deterioro de las uñas y piel irritada. 

Rosales comparó la reducción en el pH en el agua por el derrame de PAC a los equivalentes de pH en bebidas energizantes como el Speed el Red Bull o la Coca Cola.

Es decir, minimizaron las posibles consecuencias de agua con bajo pH.