La de las fotomultas es una polémica encendida en la política marplatense. Al eterno debate en torno a su priorización como herramienta recaudatoria por sobre un fin vinculado a seguridad vial, en la experiencia local se suma el agravante de la utilización de una universidad pública para el ingreso de un operador privado esquivando los procesos licitatorios.

Así fue el caso de la experiencia con la UTN-La Plata, que llegó con CECAITRA de la mano luego que la cámara fuera desechada en una licitación iniciada hacia el final del gobierno de Pulti que luego Arroyo no continuó. Y ese parece ser el rumbo de la nueva experiencia que se avecina con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la firma Secutrans como virtual operadora del sistema de fotomultas, que prevé la instalación de más de 200 dispositivos en el distrito.

Y lo que también vuelve a emerger es el rol de Acción Marplatense como árbitro de las grandes decisiones legislativas, con sus dos votos que inclinan la balanza hacia uno u otro lado de la grieta. Su voto encabezado por su presidente de bloque Horacio Taccone fue clave la semana pasada para que el expediente no atravesara la Comisión de Educación, luego de la polémica en torno al retiro del pase por dicha instancia donde la “oposición dura” tiene mayoría.

Ahora la expectativa se posa sobre el posicionamiento en el debate de fondo. "Este expediente no nos gusta, no nos entusiasma ni un poquito y hasta ahora solo tenemos objeciones para hacerlo. Claramente no lo vamos a acompañar", adelantó Taccone, en una posición que así planteada parece más cerca de la abstención que del voto negativo. Con el primer escenario, el oficialismo de Juntos lograría la aprobación del expediente tras un empate en once desequilibrado por el voto doble de la presidente del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

De ser ese el rumbo, la posición distaría de la asumida por el bloque en 2017, cuando votó en contra el anterior acuerdo con la UTN-La Plata. Claudia Rodríguez, quien hoy se desempeña como asesora de Paula Mantero, fue la principal crítica del anterior proceso, cuando ejercía como líder del bloque pultista.

“Estaríamos encubriendo atrás de una entidad pública un negocio de un privado”, sostuvo en la sesión donde se convalidó el acuerdo, en diciembre de 2017. Rodríguez precisó que con la data obrante en el expediente “no tenemos ninguna posibilidad de conocer cómo funciona el sistema, a qué nos estamos refiriendo, en qué lugares de la ciudad va a ser instalado, con qué objetivos, con qué metas, qué planificación”. Más de cuatro después, las mismas críticas se plantearon desde el Frente de Todos y Crear.

“El Contador Municipal hace una objeción al convenio porque dice que si bien el convenio es entre el Estado Municipal y la UTN –que es una entidad de bien público- claramente dice que para poder desarrollar parte de su tarea va a asociarse con una cámara empresaria llamada CECAITRA y la misma es la que va a proveer el equipamiento y lo hace a través de un privado. Es el Contador Municipal quien advierte que podríamos estar vulnerando una ley si así ocurriera porque estaríamos encubriendo atrás de una entidad pública un negocio de un privado”, concluyó la edil. Ahora, ¿AM sostendrá la misma posición?