Pasadas las 20 horas de este miércoles, concluyó el juicio oral y público contra los ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro, quienes se encontraban acusados por el delito de “Peculado” contra la administración pública, denuncia que radicó en su momento el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Tras una jornada de alegatos, los cuales se llevaron adelante en horas de la mañana, ya al caer la noche el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, compuesto por los magistrados Dr. Daniel Borrone, Juan José Varela y Eugenio Sarrabayrouse, resolvieron absolver a Victoriano Alfredo Moya, Osvaldo Roberto Colombera, Luis Alberto Medina, Germán Horacio Cuello Ponce, René Garcé Manduani y Patricio Maximiliano Ryan por los hechos por los cuales fueron llevados a juicio.

Por otro lado, los magistrados resolvieron rechazar la demanda civil que fuera promovida por el Tribunal de Cuentas de la provincia contra los imputados, con costas a cargo del Actor Civil vencido.

Asimismo, declarar temeraria y maliciosa la conducta procesal asumida por el Actor Civil vencido e imponerle como multa el 20% del valor del juicio a favor de los demandados civiles en conjunto, según las pautas fijadas en el considerando pertinente.

 Ibarra: “Es la primera vez que se condena a una institución pública”

Una vez finalizado el juicio, el abogado representante del empresario Patricio Ryan, Dr. Francisco Ibarra se mostró conforme con el veredicto dado a conocer por el Tribunal de Juicio.

“Estamos muy satisfechos con la sentencia, fundamentalmente en la declaración de temeridad de la posición que había adoptado este Tribunal de Cuentas. Esperábamos esta absolución, porque se había acreditado en este proceso que no existía el hecho que se les había imputado, no existía el incumplimiento, no existía que no se hubiesen realizado las obras y este proceso pudo llevar a la luz toda esta situación”, sostuvo el letrado.

Finalmente, agregó que “Es la primera vez que se condena a una institución pública, como es el Tribunal de Cuentas por esta temeridad puesta de manifiesto en el proceso. Ha sido pedido por las partes al momento de alegar, hemos señalado que el Tribunal de Cuentas ha omitido el análisis obligatorio de las normas, ha ocultado la información y en consecuencia lo hacíamos responsable de todo este proceso”, concluyó Francisco Ibarra.

 Quadrini: “Para la fiscalía el sistema de contratación era el que correspondía”

En horas de la mañana, se llevaron adelante las exposiciones de alegatos por parte de la fiscalía y de los abogados defensores, donde en todos los casos, se solicitó la absolución de todos los defendidos.

Una vez finalizados los mismos, el Fiscal Mayor, Dr. Guillermo Quadrini sostuvo que “El pedido de absolución que pidió la Fiscalía en el rol objetivo que tenemos que tener los representantes del Ministerio Público Fiscal, se guiaron a partir de dos esquemas de estructura del alegato, por un lado, un esquema normativo, que fue sobre el cual pesaba la imputación de los acusados, en cuanto en que habían utilizado normas que contravenían un régimen de contratación de obra pública y la supuesta no realización de obras generadas en consecuencia de esas contrataciones”.

Asimismo, agregó que “El trabajo que llevé adelante consistió en desmenuzar fecha por fecha, documento por documento, contrastado no sólo con prueba documental, sino también con las normas que rigieron el sistema de contratación en el marco de la emergencia declarada por el gobernador de aquel entonces y en el ejercicio de las facultades constitucionales que así investigan, en ese esquema, tuve por probado que no hubo confrontación de normas. Acá lo que se ventiló durante todo el juicio, fue si las normas que se utilizaron, que se implementaron en un régimen democrático, republicano de gobierno para el sistema de contratación de normas, colisionaba con alguna norma a nivel nacional. Para la fiscalía se entendió que no y que el sistema de contratación era el que correspondía, estando en conocimiento el Tribunal de Cuentas y en segundo lugar, las declaraciones testimoniales que brindaron los especialistas, tanto arquitectos como contadores, nos permitieron visualizar que el esquema de contratación era el adecuado. En definitiva, la fiscalía trabajando en el esquema de objetividad, que es la obligación legal por la cual estamos embestidos, solicitó la absolución de cada uno de los imputados”.        

 El TCP pidió que los imputados paguen el daño al Estado

Tal como se esperaba, los abogados en representación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quienes actuaron como “Actor Civil”, los Dres. Oscar Suárez y Gustavo Maechese no se hicieron presentes en la última jornada de juicio, por lo que presentaron los alegatos por escrito, por lo que se dio lectura desde el Tribunal de Juicio para el conocimiento de las partes.

A pesar de que desde la fiscalía se solicitó la absolución de los imputados, desde el TCP se continuó intentando condenar a los cinco ex funcionarios y al empresario de la construcción por la causa por la que fueron llevados a juicio.

A través del escrito presentado, intentaron justificar la acusación, indicando que hubo diferencias en los montos que se pagaron por los trabajos sobre las doce escuelas, asegurando que se trataba de los mismos trabajos con diferentes montos.

Por otro lado, hicieron referencia a las indagatorias de los imputados, donde aseguran que en algunos casos no se lograron justificar sobre los trabajos y contrataciones que se abonaron. De esta forma, el TCP sostiene que los pagos realizados sobre las obras que no fueron terminadas, produjeron un daño a las arcas de la administración pública y que los imputados son responsables por realizar las contrataciones y no controlar que las mismas se ejecuten.

Ante ello, solicitaron que se los condene a todos los imputados, al pago solidario de poco más de 32 mil pesos, cifra que correspondería al daño que supuestamente se efectuó contra el Estado Provincial.

Asimismo, sostuvieron que sólo se concretó el 7% de los trabajos, cuando la arquitecta Olmedo, quien fue contratada por el TCP para revisar las obras, donde previo a la contratación, la profesional les habría indicado que sería difícil poder corroborar los trabajos luego de haber transcurrido alrededor de 10 meses de la presunta finalización de los trabajos. Asimismo, fue contratada, logrando controlar pocas escuelas, sin haber tenido en su poder los planos de las escuelas, por lo que desconocía la cantidad de cámaras sépticas que existían en cada establecimiento, ni los metros de caños que debían ser limpiados y en algunos casos, aseguró que fueron algunos del personal pomys los que le comentaron sobre que no se habían concluido los trabajos. Finalmente, la profesional fue contratada, pero se desconoce el monto que abonó el TCP, ya que el organismo de control, no cuenta con una factura que supuestamente le entregó la arquitecta, situación que fue duramente cuestionada por las partes defensoras.    

De esta forma, tanto el fiscal como los representantes del Tribunal de Cuentas Provincial, quienes actúan como “Actor Civil” durante el juicio, a cargo de los Dres. Oscar Suárez y Gustavo Maechese, comenzaron a cuestionar las contrataciones directas y diversos trabajos que fueron abonados sin haberse llevado adelante en su totalidad.

 Críticas al Tribunal de Cuentas

Durante los alegatos de los abogados defensores, hubo numerosas críticas al Tribunal de Cuentas de la Provincia. En primer lugar, por la forma de trabajo que tuvieron a la hora de llevar adelante el juicio, las acusaciones y principalmente por no hacerse presentes al momento de los alegatos y haciendo entrega de los mismos mediante un escrito.

Para un sector, sostienen que todo fue una movida política, ya que las denuncias e investigaciones comenzaron una vez que el ex gobernador Hugo Cóccaro perdió las elecciones, agregando que el Tribunal de Cuentas debería haber investigado y denunciado en el momento, pero llamativamente, nunca realizaron ni una sola objeción.

Luego de solicitar las absoluciones de los imputados, los letrados defensores solicitaron que se inicien acciones de responsabilidad, no sólo contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia, sino también en especial contra Espeche y Rojas, ya que sostienen que se los tiene que investigar por una falsa denuncia, por figurar en el expediente, instrumentos que están falseados, por haber dictaminado contrario a derecho para perjudicar y por sobre todas las cosas, que la causa lleva 8 años. Asimismo, se solicitó que se extraigan los testimonios para investigar al TCP por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público.

Finalmente, pidieron rechazar la demanda solicitada por el TCP con ejemplar imposición de costas y hacerles un severo llamado de atención por las declaraciones, donde incluso se dijo sobre una supuesta “Ruta del Dinero”.