La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) debería pagar una deuda salarial millonaria a más de 1.000 empleados de apoyo universitario, según se interpreta de la resolución que dictó el 4 de agosto último una comisión nacional encargada de resolver un conflicto por sueldos y condiciones laborales. Mientras que fuentes del gremio de la Asociación del Personal de la UNSJ (APUNSJ) y de la propia casa de estudios calculan que son unos 15 millones de pesos, el rector Benjamín Kuchen dijo que sabe que les llegó el documento pero que desconoce qué alcances tiene (ver aparte).

El texto resolutivo fue hecho por la Comisión de Interpretación de Convenios y Solución de Conflictos para el sector no docente, que integran María Laura Estigarribia y Mercedes Molteni, en representación de las universidades nacionales, y Nelson Farina, Walter Merkis y Carlos Bogado, de FATUN. Fue a pedido de la propia universidad, que quería que se determinara la situación del personal no docente.

El texto dice que "considerando que las situaciones que promueven la consulta datan del momento de aplicación efectiva del convenio colectivo de trabajo (junio de 2007), corresponde proceder a la titularización de dichos trabajadores, conforme las categorías que en cada caso se adjudican".

La resolución no dice expresamente que la UNSJ deba pagar diferencias salariales retroactivas, pero en el gremio aseguran que es así y que beneficia a todos los no docentes. Jorge García, secretario adjunto de APUNSJ, dijo que "es un triunfo de los trabajadores".

Consultado un abogado laboralista, que pidió reserva de su nombre, le dio validez a la postura sindical y ratificó que la casa de estudios deberá pagar los retroactivos a cuando quedó firme el convenio.

Calculan que la diferencia salarial es del orden de los 400.000 pesos por mes, que retroactivos a junio de 2007, cuando quedó firme el convenio, y considerando que han pasado 38 meses, llegan a los casi 15 millones de pesos.

Se trata de un conflicto que viene de 2007, cuando quedó firme el nuevo convenio colectivo de trabajo para regular los salarios del personal de apoyo universitario, entre los que están los empleados administrativos y de maestranza. Para aplicar ese convenio, que fue suscripto en 2006, una comisión paritaria nacional le exigió a la UNSJ que lo pusiera en práctica, a través de lo que se denominó el reencasillamiento, que fue asignar categorías de trabajo a cada empleado.

La primera distribución de cargos que envió a la comisión nacional la UNSJ significaba la aplicación de un nuevo escalafón y por ende un incremento salarial a partir de junio de 2007. Incluso el Ministerio de Educación de la Nación empezó a mandar los fondos correspondientes a esa distribución.

Pero como el reparto no había sido aprobado por el Consejo Superior, le pidieron al rector que lo revisara. Fue porque se había incrementado la planta de personal de 962 a 1.165 agentes y entre los nuevos empleados figuraban jubilados y hasta algunos fallecidos, dijeron fuentes de la casa de estudios.

Tras el planteo, el rector Kuchen anuló el proceso de distribución de cargos, y con acuerdo del Consejo Superior se hizo una nueva distribución de lugares en el que se eliminaron los puestos irregulares dentro de los 203 nuevos. Al resto de los agentes, unos 70, la universidad los contrató, hasta ahora.

El problema, según las fuentes, es que la UNSJ no comunicó el nuevo reparto de cargos, pero siguió recibiendo más fondos.

García, desde el gremio, dijo que "acá hubo un mal manejo de los fondos públicos". Y adelantó que van a convocar a una asamblea del personal para decidir cómo encaran la negociación con las autoridades universitarias para aplicar el convenio laboral. Incluso por el tema del dinero hay una denuncia penal por malversación de fondos públicos que se tramita en el Juzgado Federal a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo.