La investigación del asesinato de Silvia Suppo no terminó. El Tribunal Oral de Santa Fe condenó a "prisión perpetua" a los dos imputados por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres. Y ahora la pesquisa seguirá en dos causas: la que apunta a la hipótesis política (a la que el Tribunal remitirá todas las pruebas del juicio) y la que ordenó abrir ante la Fiscalía Federal en turno para que investigue las denuncias de dos testigos que declararon en el debate, pero que según la querella podría develar "la trama del encubrimiento". Los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani, serán querellantes en las dos: ya lo son en la primera y se presentarán también en la segunda, según anticiparon sus abogados, Lucila Puyol y Guillermo Munné. "Queremos que se investigue todo", dijo Marina en un diálogo con Rosario/12. "Acá hubo un armado de la policía. Hay más involucrados en la causa de mi mamá y en algún momento se va a saber la verdad", agregó.

En la sentencia que condenó a Sosa y Cóceres, el Tribunal decidió "poner a disposición" del juez que investiga la pista política todos los testimonios y pruebas del juicio. Y remitir a la Fiscalía Federal (y no a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la provincia, como había propuesto el Ministerio Público) los testimonios de Juan Ramón Vázquez, un albañil de 23 años, que dijo que lo torturaron y le quebraron el tabique para que se hiciera cargo del crimen y de Marcela Cóceres, la ex concubina de Rodolfo Cóceres, que dijo que la amenazaron con quitarle un bebé si no decía dónde estaba su compañero y después la tuvieron casi 20 horas esposada.

Munné dijo que los hijos de Suppo se presentarán como "querellantes en la causa que el Tribunal reconoció que no puede dejar de abrirse en la Fiscalía Federal por los delitos que surgen de las declaraciones de Vázquez y de Marcela Cóceres. Ya esos delitos involucran a un conjunto grande de policías, al juez (de Rafaeña que instruyó la causa, Alejandro) Mognaschi, y a la ex fiscal (Cristina) Fortunato, pero también vamos a pedir que se investiguen otros hechos, como lo venimos planteando desde el 29 de marzo de 2010", cuando asesinaron a Silvia. "Debe haber una investigación mejor que la que realizó la justicia provincial", expresó.

Según Munné, las denuncias en el juicio que el Tribunal ordenó investigar podrían desandar la "trama del encubrimiento" que las querellas denunciaron en sus alegatos.

"Por los hechos que revelaron Vázquez y Cóceres ya hay responsabilidad del juez Mognaschi y de la ex fiscal Fortunato", dijo el abogado. ¿Quiénes convalidaron la detención y luego la puesta en libertad de Vázquez sin ningún fundamento para una cosa o para la otra" ¿Quiénes convalidaron la obtención de pruebas a partir de allanamientos sin fundamentos" ¿Quiénes hicieron oídos sordos a los relatos sobre la destrucción de documentos y coacciones" El juez Mognaschi y la fiscal Fortunato", se contestó.

"Pero además de esos dos hechos, hay otros", dijo Munné. Y mencionó "la puesta en libertad sin fundamentos de Emiliano Rodríguez, la invasión de otros domicilios de manera irregular, la falta de registro de una información que era desconocida hasta este juicio: que la entrega de Sosa y Cóceres en (la comisaría del barrio San Agustín de) Santa Fe se habría hecho bajo amenazas de muerte, conocidas por el funcionario policial responsable (de la detención)".