El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna en el país, donde se realizan 500.000 abortos por año y 100 terminan con la mujer muerta. La cifra es vieja y conocida, porque no ha variado en los últimos 30 años. De allí que en los congresos internacionales sobre el tema Argentina es siempre un ejemplo de país estancado. Hoy se cumple un año de aquel fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible, que instaba a hacer ejercer el derecho de toda mujer a interrumpir un embarazo en caso de violación. Sin embargo, las resistencias persisten.

Al menos diez provincias aún no acataron el fallo, otras aplican protocolos restrictivos y las cinco que sí lo acataron tienen grupos opositores que han recurrido a la Justicia para entorpecer su aplicación.

El fallo de la Corte dejó en claro que la Constitución y los tratados de derechos humanos impiden castigar la práctica del aborto a toda víctima de violación. Precisó el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal (algunas instancias judiciales sólo lo aplicaban a víctimas con discapacidad mental). Estableció que los médicos no deben pedir autorización judicial sino que alcanza con la declaración jurada de la víctima; y que los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a las intervenciones. Además exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios y hacerlos operativos.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentará hoy el informe “Aborto no punible. Primer aniversario del fallo. ¿Qué obtuvimos y qué nos queda por obtener?”. “Hace un año que la Corte dictó uno de sus fallos más importantes en materia de derechos humanos, uno que reivindica la igualdad, dignidad e integridad de millones de niñas y mujeres de nuestro país. No se puede menos que reconocer el liderazgo y responsabilidad con que nuestro máximo tribunal abordó este tema, que hasta entonces había sido larga y descaradamente ignorado por los tres poderes del Estado”, dice a Clarín Alvaro Herrero, director ejecutivo de ADC.

El informe sostiene que los protocolos que más se ajustan a lo dispuesto por la Corte son los de Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tierra del Fuego. “Adhieren de modo expreso o en su sustancia a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, en su versión actualizada de 2010, redactada por el Ministerio de Salud de la Nación”, dice el informe.

Las jurisdicciones que obedecen en forma parcial la exhortación de la Corte son La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Salta y Entre Ríos regulan únicamente el procedimiento en casos de violación, excluyendo las causas de salud y riesgo de vida de la mujer. La Ciudad de Buenos Aires merece un apartado por lo complejo de su situación (ver página 29). Las provincias que no han hecho nada son: Mendoza, San Luis, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan.

El informe sostiene que el Estado Nacional tampoco cumple con el pedido de la Corte. “En julio de 2010, el Estado anunció que la Guía había sido elevada al rango de resolución ministerial. Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Salud emitió un comunicado negando que su titular hubiera firmado la resolución. La falta de resolución ministerial es uno de los factores que han posibilitado la inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles en forma segura”.

Dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer: “Es lamentable que a un año del fallo de la Corte aún el Ministerio de Salud de la Nación no planteó el tema en una reunión de Cofesa (Consejo Federal de Salud) para adoptar una política nacional y promover en todo el país que se atiendan estos casos con el protocolo que desde el 2010 está elaborado, pero que el ministro no lo aprobó aún por resolución, permitiendo que cada jurisdicción defina el protocolo de atención en forma diferente.

Los derechos a la salud no pueden ser entendidos en cada provincia en forma diferente ”.

“Los gobiernos de los que era lógico esperar un acatamiento inmediato de la sentencia de la Corte han sido los más reacios a hacerlo –asegura Herrero–. La actitud del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires viola groseramente los derechos humanos y roza el escándalo jurídico. El respeto por los derechos humanos no puede ser ambiguo ni parcial. Paradójicamente, y aunque seguramente no les guste, Cristina Kirchner y Mauricio Macri han quedado por una vez en la misma vereda”.