El proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para regular y despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo llegará al Congreso más tarde de lo previsto. Al cierre de esta nota los principales referentes parlamentarios del oficialismo no podían dar certeza sobre la nueva fecha de envió. Lo cierto es que cuando el proyecto llegue al Palacio Legislativo enfrentará un escenario de paridad en el cual la Cámara alta volverá a mostrarse como el obstáculo más complejo de superar.Sin embargo, la decisión política del presidente Alberto Fernández de impulsar la norma, el bajo perfil público que adoptarán los gobernadores y que la definición, en caso de empate, quedé en manos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mejora el panorama para los “verdes”.

La expansión del coronavirus y la decisión de declarar la emergencia sanitaria hicieron volar por los aires el cronograma parlamentario que el presidente Alberto Fernández había dejado establecido en su último discurso ante la Asamblea Legislativa. Así las cosas, la llegada del proyecto de legalización del aborto deberá esperar. “En principio iba a ser esta semana que comienza pero en esta situación no lo veo, por lo menos los primeros días", explicó a página/12 una de las mujeres que será clave para llevar adelante el debate en comisión. 

La única certeza que se mantiene en píe respecto de lo planificado por el oficialismo es que la iniciativa ingresará por la Cámara baja, donde el apoyo es mayoritario. Con respecto a los tiempos y las posibilidades del tratamiento legislativo la diputada y referente del massismo en este tema, Cecilia Moreau, le confirmó a este diario que “Todo depende de cómo evolucione la situación”, y detalló: “Si se logra evitar con todas las medidas de contención la propagación del virus, veremos. Hoy el ritmo lo marcan las medidas que hay que tomar por el coronavirus. Hoy no están dadas las condiciones para realizar un plenario de 200 legisladores. Además, en la Cámara hay mucha gente que está dentro de los grupos de riesgo”.

Los rumores sobre la postergación del tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo comenzaron a circular con fuerza en el Congreso el último jueves. Esa mañana, José Mayans, titular de la bancada del Frente de Todos en el Senado y uno de los abanderados en contra del proyecto, reclamó la suspensión de todas las actividades de la Cámara. Desde las huestes verdes advirtieron que la preocupación de Mayans no tenía que ver con la salud de los senadores, sino con la postergación del debate por la legalización del aborto.

A priori, la situación que comienza a dibujarse para el inicio del trámite parlamentario aparece como idéntica a 2018 cuando el proyecto consiguió la media sanción de la Cámara baja, pero no logró superar al Senado. Las cuentas que llevan los legisladores que siguen el tema de cerca coinciden en que en Diputados el tablero muestra hasta ahora 117 votos a favor de la despenalización, 102 negativos y 38 que no se definieron. En tanto, en el Senado, hay 32 votos afirmativos, 35 en contra y 4 indecisos. En ambas cámaras se necesita la mitad más uno de los presentes a la hora de votar para aprobar la norma.

Ante ese escenario, los verdes, que van por la legalización del aborto; y los celestes, autodefinidos como defensores de las dos vidas; comienzan a poner en marcha sus estrategias para, en principio, consolidar los votos que ya tienen y después imponer su posición.

El trabajo que llevan a cabo los legisladores que buscan la sanción del proyecto del Ejecutivo recorre fundamentalmente dos caminos: lograr que algún voto celeste se transforme en abstención, y lograr que los gobernadores, en caso de ser necesario, retiren a un senador “celeste” a la hora de la votación. Para ambas acciones cuentan con el apoyo de algunos de los dirigentes radicales que pisan fuerte en el Congreso. 

En el despacho de una las legisladoras oficialistas que trabaja a destajo por la legalización del aborto recordaron que “en 2018 el rol del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, fue determinante para dar vuelta la votación en Diputados”. Los verdes aspiran a que en esta ocasión los gobernadores terminen por definir la suerte favorable del proyecto en el Senado y aseguran, bien lejos de los micrófonos, que por lo menos dos gobernadores estarían dispuestos a "colaborar". Además, tanto verdes como celestes coinciden en que el Gobierno no dejará el tema librado al azar y que trabajará para garantizar la victoria parlamentaria.

Más allá del trabajo y las especulaciones el Senado por ahora se mantiene en calma. “No estamos abordando el tema abiertamente en las reuniones de bloque”, le confesó una senadora a Página / 12 y agregó: “En la última reunión no se tocó tema. Ni se mencionó”. La intención del oficialismo en el Senado es no generar tensión dentro del bloque antes de que sea necesario. Desde el Frente de Todos tienen presente la ruptura irreconciliable que se produjo de dentro de Cambiemos durante el debate de 2018 y no quieren repetir la historia.

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El ajustado escenario que se plantea en la Cámara alta, donde el rechazo suma 35 votos, hace que los verdes centren sus esfuerzos, en principio, sobre los cuatro senadores que aún no definieron su postura: Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), el entrerriano Edgardo Kueider (Frente de Todos) y el santafesino Roberto Mirabella (Frente de Todos), y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR. Las legisladoras que llevan la cuenta y especulan sobre diversos escenarios advierten que "es posible que se puedan sumar dos de los que aun están indefinidos, pero también habrá que  modificar algún voto en contra o lograr que alguien se ausente a la hora de votar porque el empate nos favorece".

La referencia a la posibilidad de que al final de la sesión el tablero marque un empate es recurrente en las charlas entre los legisladores. Ese escenario le daría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de votar. Y se sabe, su voto será positivo. 

La ingeniería parlamentaria que se pondrá en marcha por parte del Poder Ejecutivo para conseguir la sanción de la ley amerita la toma de ciertos recaudos. Por eso, son apenas un puñado de legisladores los que están al tanto del trazo fino de la norma y de las modificaciones de último momento que sufrió la estrategia.  Incluso, la gran mayoría de los legisladores que hicieron público su acompañamiento al proyecto desconocen  la redacción final y no tienen injerencia en el trabajo de construcción de la mayoría necesaria para sancionar la norma.