Por: Gustavo Ybarra

A poco menos de dos semanas de que el proyecto llegue al recinto -la sesión está prevista para el 29 del corriente-, las cuentas en la Cámara alta se encuentran parejas, con un puñado de media docena de legisladores que podrían terminar inclinando la balanza para cualquiera de las dos posturas enfrentadas.

Cuando parecía que la posición a favor de la legalización empezaba a consolidarse, en las últimas horas tomaron cuerpo versiones sobre la posibilidad de que varios senadores de la oposición cambien su voto de apoyo de 2018 por una abstención.

Uno de ellos es el radical catamarqueño Oscar Castillo, quien en algunos medios de su provincia, a mediados de noviembre, criticó el "oportunismo político" del Gobierno para impulsar el debate del aborto en medio de la pandemia de coronavirus.

En una de esas publicaciones se asegura, además, que el legislador ahora se abstendría al momento de la votación. LA NACION intentó sin éxito hablar con Castillo para confirmar este supuesto cambio de postura.

Las versiones apuntan que al menos otros dos legisladores de Juntos por el Cambio estarían analizando abandonar el apoyo de hace dos años en base a las necesidades de posicionarse políticamente en sus respectivos distritos.

De confirmarse estos rumores, el rechazo al aborto volvería a convertirse en mayoría en el Senado.

Mientras tanto, las comisiones Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud escucharon una veintena de especialistas convocados a opinar sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

En medio de un clima cordial y sin estridencias verbales, la intervención más polémica fue el constitucionalista Alberto Bianchi, quien interpeló a los senadores preguntándoles si pensaban "combatir la pobreza matando a los niños pobres por nacer".

Además, cuestionó a quienes defienden el aborto en la inviabilidad del feto hasta las 14 semanas de gestación, límite que impone el proyecto para la realización del aborto sin necesidad de interponer causa alguna.

"¿Una persona que está conectada a un pulmotor es viable?", preguntó Bianchi, antes de agregar: "Cuidado, porque todos podemos dejar de ser viables".

Pero lo que provocó la reacción del sector "verde" fueron sus críticas a que el proyecto proclama la norma como de orden público. "Cada vez que un gobierno autoritario quiere hacer algo declara una política pública y criminalizar a quienes no la cumplen la declara de orden público; eso es lo que está pasando hoy en la Argentina", sentenció.

Molesta, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), le salió al cruce. "Hay muchas normas de orden público y no por eso vamos a decir que un Gobierno es autoritario", replicó.

"Por el contrario, este Gobierno está sometiendo a debate público este proyecto, tal como lo había anticipado en la campaña electoral", completó Sacnun.

A favor de la iniciativa hablaron los constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y la exjueza de la Corte Suprema de Mendoza Aída Kemelmajer, quienes rechazaron la idea de que el embrión pueda ser equiparado con un ser humano, como argumentaron los expositores "celestes".

"El embrión no es una persona ya nacida, el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer", dijo Gil Lavedra.

Por su parte, Kemelmajer negó que con la legalización del aborto se esté dando supremacía al derecho individual de la mujer por sobre el del embrión y que, por lo tanto, la iniciativa no estaría incumpliendo la Convención de los Derechos del Niño.

"Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso no hay derechos absolutos", explicó la exmagistrada, quien aclaró que "cuando la Convención menciona los derechos superiores del niño eso no significa que el niño sea ese feto".

"Cuando se habla que se defiende las dos vidas se olvida que cuando una mujer llega al hospital ya se practicó un aborto clandestino y la que está en peligro es su vida", concluyó.