En el día en que comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 2 mujeres en representación de los sectores a favor y en contra hablaron esta mañana en "La mesa de Panorama", por LU2.

   A favor de la legalización y despenalización del acceso seguro y gratuito al aborto estuvo la abogada perteneciente a la Campaña Nacional, Fernanda Petersen.

   En contra, se expresó Liliana Caspe, excandidata a concejala del Frente Nos y referente local del movimiento autodenominado "Provida".

   En primer lugar, Petersen explicó: "Esta militancia, que tiene muchos años, lo que busca es dar un marco legal, donde cada una de las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir y puedan hacerlo en un ámbito seguro, acompañadas de profesionales capacitadas en esta materia y que sea una decisión de la persona la que se tenga en cuenta por encima de cualquier otra opinión".

   Además, recordó que "hoy en Argentina por causales [de violación o donde esté en peligro la salud integral de la mujer] el aborto es legal y que en muchas salas médicas de Bahía Blanca hay una Red de Profesionales que acompaña a personas que deciden abortar".

   "Lo que estamos discutiendo no es si estamos a favor o en contra del aborto, sino si es una práctica médica legal o clandestina", advirtió.

   Sin embargo, la abogada manifestó que en caso de ser aprobada la ley, "deberemos monitorear el cumplimiento efectivo", ya que "no va a ser lo mismo en la provincia de Buenos Aires, que en Formosa o en Córdoba. Y ahí estaremos presentes".

   En ese sentido, agregó: "Quienes militamos en el feminismo sabemos que las leyes son elementos fundamentales para garantizar derechos, pero también sabemos que esos derechos no quedan estáticos en lo que prevé la ley".

   Al respecto, Petersen fue consultada sobre las modificaciones que se hicieron ayer sobre el proyecto para garantizar su tratamiento en el Congreso.

   Sobre la objeción de conciencia de profesionales de la salud que no quieran practicar abortos, y del agregado de la objeción de conciencia de clínicas privadas, Petersen aclaró que deberán "derivar inmediatamente a la paciente a otro profesional o trasladar a la persona y darle toda la información inmediata y clara".

   "La ley plantea claramente que se debe garantizar la práctica. Quien la obstaculice o la impida va a ser condenado".

   También se refirió al tiempo límite en el embarazo que establece el proyecto de ley para practicar un aborto: "Hasta la semana 14 inclusive, sin tener que justificar causal, y luego entra nuevamente el artículo del Código Penal que es vigente desde el año 1921, cuando hay situaciones de violación o hay riesgo grave para la salud de la mujer".

   "Es mentira que hasta los 9 meses se puede abortar. En ese caso, si corre riesgo la salud de la mujer, la práctica es un parto, no es un aborto. El aborto es medicamentoso, ambulatorio y seguro. Debemos tener información real, cierta, científica y que cada persona puede decidir. Exigimos un marco legal para que quien decida abortar lo pueda hacer sin que corra riesgo su vida", agregó.

   Por último, la abogada feminista se refirió al proyecto de los 1.000 Días que se debate junto al del aborto, que establece la atención y cuidado integral de la salud durante los embarazos deseados y la primera infancia: "Todo lo que sea ampliación de derechos es bienvenido. Si una mujer decide continuar un embarazo y hay una vulneración, hay que acompañar y el Estado debe estar presente".

   Luego llegó el turno de Caspe, quien expresó: "Tenemos fe de que no se apruebe. Los diputados han de reflexionar y entender que Argentina quiere la vida".

   Por otro lado, aseguró que "mucha gente está reclamando que se tenga en cuenta la visión de las provincias porque este proyecto que envió [el presidente Alberto] Fernández no respeta la voluntad de las provincias y al ser de orden público vamos a tener que aplicarla".

   Además, advirtió que "estamos atravesando un tiempo tan difícil que me sorprende la declaración del presidente de que vino a unir a la Argentina. Esto, lejos de unir, vuelve a crear una división entre los argentinos, es totalmente inoportuno".

   Si bien Caspe dijo que "hace años se viene dando el debate" del acceso al aborto seguro, al mismo tiempo opinó que "hay una mirada pícara porque se pretende un tratamiento exprés", ya que "no se dejó que todo el mundo pueda expresarse".

   "En un país federal como el nuestro debemos respetar las normas republicanas. No es lo mismo la pobreza en Santiago del Estero o Formosa. Ya lo vimos el otro dia con el caso de Abigaíl [una nena con cáncer a la que no dejaron ingresar en auto a su provincia], se nos destrozó el corazón. ¿Y Natty Petrosino, una conciudadana nuestra? Entonces Los gobernadores y legisladores de cada provincia deben tener la libertad, como lo dice la Constitución, de poder legislar en función de sus necesidades. Y yo pienso, ¿el gobernador [Axel] Kicillof no debería estar encargándose del problema del agua? Esto no viene de ahora".

   La excandidata a concejala también opinó que al adjuntar el proyecto 1.000 Días, el proyecto de IVE "es engañoso, aparte de ser macabro".

   "Me consta el procedimiento de estos planes y no es lo que se necesita para acompañar a la mujer con un embarazo vulnerable. Se permite alimentar a un bebé deseado y condenar a otro a la muerte. ¿Hay vidas más dignas que otras? El bebé deseado tiene derecho como el no deseado a tener vida porque el derecho a la vida es inherente al ser humano y no depende de las condiciones en las que fue engendrado".

   En ese sentido, manifestó que "los pobres no quieren el aborto" y agregó: "Hay que enseñarles, acompañarlos, brindarles apoyo, pero no estoy hablando de asistencialismo porque no hace falta solamente esos pesos que prevé el subsidio".

   Con respecto al límite de tiempo para interrumpir un embarazo, Caspe objetó: "Antes de la semana 14 se hacen los estudios genéticos donde se detectan problemas o situaciones patológicas y se detecta el síndrome de down. En Estados Unidos o Francia han a pasado a tasa 0 los nacimientos de chicos con síndrome de down. ¿Cómo vamos a llegar nosotros, como un país que ama la vida, a elegir quién puede nacer y quién no?".

   Por último, analizó: "Este proyecto deja sin tratar el tema de los violadores. ¿Por qué no salimos a hablar del tema del violador? Si no hay denuncia penal, solamente promueven a través de una declaración jurada, esa niña violada puede ir con su propio violador a abortar y dejamos a esa chica marcada de por vida y a ese hombre liberado que puede seguir violando".