Convencida que Jujuy tiene gran cantidad de “malos funcionarios”, la abogada del foro local Claudia González abrió su última entrevista en Sobremesa (Canal 2) acusando que lejos de priorizar las necesidades ciudadanas son parte fundamental de los problemas cotidianos.

Tomando por ejemplo los tarifazos en la energía eléctrica ocurridos a nivel provincial en febrero y por la quita de subsidios nacionales desde junio, González señala la responsabilidad de la clase política al permitir que el costo por el servicio dispare a niveles incosteables, separando así el nivel de responsabilidad público/privado.

El abogado de la empresa EJESA en el amparo por el tarifazo me pone en la contestación de demanda, que solo un 4% de los usuarios reclamó está bien, porque el defiende los intereses de una empresa que vino a ganar dinero. Los que no pueden hacer caso omiso de la situación económica son los políticos, no pueden decir necesitamos plata.

En la Asociación nos llevan la factura y el recibo de sueldo, una persona que cobra una jubilación mínima, como va a soportar una diferencia de más de $30.000 o una factura promedio que ronda los $60.000, no se puede pagar… Le aviso que según donde viva va a tener que hacer frente entre $8.000 a $10.000 solo por tasa GIRSU.

Sobre las tasas municipales que ya se aplican en varios municipios del Ramal o se discute en Palpalá, la titular de PROCONSUMER en Jujuy entiende que solo responde a la necesidad de "hacer caja para pagar los préstamos adquiridos".

De continuar como ha sido concebida, la controversial tasa volverá a grabar el barrido y limpieza, una tasa que cada localidad ya cobra. Por ello se ha utilizado a EJESA una vez más como agente recaudador, incorporando a las boletas de luz el nuevo tributo.

Necesitan hacer caja en GIRSU, de hacerlo en la factura los cálculos los hará la empresa, la gente no tendrá alternativa más que pagarla, cuando la gente dice no puede es porque ya está sacrificando otras cosas para poder pagar la factura de luz

El hecho de cobrar dos veces por mero interés recaudatorio sin siquiera ofrecer un servicio acorde a las necesidades va en contra de los objetivos de un Estado presente, aún cuando se adjudica a los actores del ámbito privado, por ejemplo el caso de los colectivos urbanos, donde solo un 40% de las unidades se encuentran realmente aptas para circular, no obstante el gobierno provincial no haría uso de su poder como contralor para intervenir.

El primer obligado es el Estado, cuando decide poner en manos de los privados, sigue estando obligado, el poder de contralor sigue en sus manos. El Estado decide por la razón que sea, por lo general invocando la imposibilidad…

Las normas que rigen ese contrato son normas entre un acuerdo de partes, entre el concedente y un particular concesionario, hay un tercero que normalmente es un convidado de piedra porque nunca le preguntan. El usuario lo sostiene, el que paga y usa el servicio.