Mediante videoconferencia, el vicegobernador Mario Abed mantuvo una reunión con el diputado nacional Alfredo Cornejo; el intendente de Junín, Héctor Ruiz;  el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco y el intendente de San Martín Raúl Rufeil. También participaron el asesor del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, Alfredo Aciar; y representantes del sector privado, con quienes compartieron detalles el proyecto de ley presentado en el Congreso sobre la creación del régimen de promoción de las economías regionales.

El proyecto incluye a todos los jugos concentrados. Obliga, en forma progresiva, a la edulcoración y saborización de las bebidas analcohólicas azucaradas con un porcentaje mínimo de productos derivados de la caña de azúcar y jugos concentrados de frutas. Incluye beneficios, tipo bono fiscal, para las empresas que adhieran, de modo de compensar el aumento de costos que provocaría la regulación.

Participan además sectores relegados: los derivados vínicos. Se refiere en esta parte al aceite de uva y el alcohol. Obliga a que las bebidas alcohólicas sean o no productos directos de destilación tengan que incluir un mínimo de 2% de alcohol vínico y también exige que los aceites de semilla sean cortados un 2% como mínimo con aceite de oliva o de uva.

Cornejo habló de la necesidad de una “intervención estatal inteligente con incentivos fiscales bien usados”. Y explicó que una vía alternativa importante es hacerlo a través de la incorporación en algunas bebidas y alimentos de consumo masivo, de una proporción ínfima de productos de las economías regionales.

“Aspiro a que este proyecto sea aprobado porque es bueno para la actividad económica de gran parte de las provincias argentinas y para la ruralidad en su conjunto”, agregó Cornejo.

Por otro lado sostuvo que el proyecto busca dar un incentivo fiscal y no un castigo fiscal alas empresas reguladas por el proyecto de ley como los grandes fabricantes de gaseosas, aguas saborizadas, licoristas y aceiteras.

Y advirtió que hoy a la ruralidad la sostiene el productor agropecuario con su esfuerzo y el Estado con subvenciones: "No sé cuánto tiempo se puede sostener post pandemia por la falta de recursos".

Abed destacó por su lado las coincidencias con el proyecto y el beneficio para los vitivinicultores y los olivicultores de la Zona Este: “Tenemos que ser lo suficientemente capaces de entendernos y hacer las modificaciones que se requieran. Como productor y Presidente de la Bodega Raíces de Junín nos hemos puesto a disposición para trabajar en este proyecto y enriquecerlo con nuestras inquietudes".

En tanto, Aciar dio detalles del impacto de los beneficios del proyecto: “En el caso de la vid, se estima que de aplicarse la regulación implicaría una demanda de 50.000 toneladas más de jugos concentrados de uva, lo que equivale a 10.000 hectáreas de viñedos. En el caso del aceite de oliva, estamos hablando de una mayor demanda de entre 12.000 a 14.000 toneladas de aceite, lo que representa unas 10.000 hectáreas de olivos”.